El 30 de mayo de 2018 quedará marcado en la historia nacional como un día infame en que la Policía Orteguista, con órdenes superiores perpetró la mayor matanza contra civiles que se tenga recuerdo en las últimas décadas: 19 personas asesinadas a balazos y cientos más heridas por balas.
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) investigó el caso y responsabilizó a la Policía de ser la autora de los hechos.
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Según el documento “Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018”, del GIEI, la matanza ocurrió el mismo día que el Gobierno de Nicaragua, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suscribieron el acuerdo que regula la creación y funcionamiento de este GIEI.
Ese día se registra la quinta marcha multitudinaria en Managua, con réplicas en diversos centros urbanos del país —Estelí, Chinandega, Masaya, entre otros—.
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La concentración fue convocada por las madres de los jóvenes asesinados hasta ese momento bajo la bandera principal de justicia por sus asesinatos. La respuesta social fue impactante: cientos de miles de personas se vuelcan a las calles para participar en una de las movilizaciones más grandes de la historia nicaragüense (organizadores estimaron más de 400 mil personas).
Recibió el nombre de la “Marcha de las Madres” y fue atacada después de un discurso realizado por el dictador Daniel Ortega en un evento en la rotonda Hugo Chávez.
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“El ejercicio represivo registrado hasta entonces se recrudece: solo el 30 de mayo y en el contexto de las manifestaciones de protesta al menos 19 personas mueren y cientos de personas resultan heridas”, dice el informe del GIEI. “Se registra participación de la Policía Nacional y fuerzas de choque paraestatales armadas en los eventos.
Los meses subsiguientes los índices de violencia continuarían incrementándose, particularmente en junio y julio de 2018”, dijo el informe, relatando que solo en la marcha de Managua fueron asesinadas ocho personas.
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De acuerdo con el informe, el ataque no fue espontáneo, sino organizado días antes y acompañado de una campaña en redes sociales y medios oficialistas que llamaban a atacar a los autoconvocados.
“Desde las más altas esferas gubernamentales comenzó a propiciarse un clima de tensión alrededor de este evento.
Ese día, fecha en la que el Estado suscribió el acuerdo para la conformación del GIEI, seis manifestantes murieron por disparos de arma de fuego. Tres de ellos fueron asesinados en el marco de un ataque ejecutado en forma directa por efectivos policiales y personas de civil que actuaron junto con ellos. Los restantes murieron producto de acciones que evidenciaron cierto nivel de coordinación entre la fuerza policial y grupos de choque”, dice el GIEI.
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Los expertos señalan al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, de haber llamado ese día a una contramarcha y orientado a los fanáticos del régimen a “tomarse las calles” y “defender la revolución”.
La Policía mintió
El recuento de aquel día dejó seis manifestantes asesinados, incluyendo el niño Orlando Daniel Aguirre Córdoba, de 15 años, junto a otras dos personas, reportadas como militantes del FSLN y paramilitares.
“La difusión de información falsa por parte de la Policía atenta contra el esclarecimiento de estos casos. La jornada dejó un saldo de al menos 85 personas hospitalizadas ese día en Managua”, dice el GIEI.
La Policía, al día siguiente en un comunicado, acusó a las madres y estudiantes de haber provocado el baño de sangre, pero la GIEI en sus investigaciones desmiente la versión oficial. Videos revelan a los policías y paramilitares ingresando y saliendo del Hospital Militar.
El estadio y la loma
La investigación del GIEI determina que en efecto la Policía y paramilitares dispararon y asesinaron desde el Estadio Nacional Dennis Martínez el 30 de mayo. “Los relatos recogidos por el GIEI atribuyen la muerte de las dos víctimas antes mencionadas al accionar de francotiradores apostados en el Estadio Nacional y en la Loma de Tiscapa”. La investigación determina que policías y civiles armados bajo coordinación policial estaban desplegados y en puestos de tiro desde el estadio y otros sitios cercanos a la marcha.