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Policia Orteguista saquea instalaciones de Confidencia. FOTO: LA PRENSA/ Roberto Fonseca

Portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE.UU. repudia ataque orteguista contra ONG

La Nica Act posibilita más sanciones para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y restringe al régimen el acceso a fondos de la banca multilateral

El Portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Palladino, manifestó que la reciente entrada en vigencia de la Ley Nica Act “complementa una serie de acciones que Estados Unidos ha tomado contra el régimen de Ortega” por reprimir los derechos humanos de los nicaragüenses.

La Nica Act posibilita más sanciones para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y restringe al régimen el acceso a fondos de la banca multilateral.

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Palladino hizo estas declaraciones este viernes a través de un comunicado en el que además explicó que estas acciones tomas por el gobierno estadounidense contra Nicaragua se dan “porque el régimen de Ortega continúa reprimiendo la disidencia; hostiga y reprime a los medios independientes; y arresta, tortura e intimida a civiles simplemente por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

Palladino afirmó que la reciente cancelación de la personería jurídica de nueve organismos de la sociedad civil por parte de la Asamblea Nacional orteguista, “son solo los ejemplos más recientes. de la indiferencia indiscriminada del régimen de Ortega a las libertades fundamentales”.

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Además, los Ministerios de Relaciones Exteriores de 14 países de Europa y América Latina, a través de una declaración, repudiaron este ataque contra los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil en Nicaragua y, al igual que Palladino, lo calificaron como “un ataque directo a las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense”.

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Los países que firmaron esta declaración fueron Australia, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia, el Reino Unido y Estados Unidos, quienes onstaron al régimen de Daniel Ortega a que restablezca “de inmediato la situación legal de estas OSC (organismos de la sociedad civil), a poner fin a todas las amenazas y ataques contra la sociedad civil nicaragüense y a defender las libertades fundamentales de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

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