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CONTENIDO EXCLUSIVO.La congresista Ileana Ros-Lehtinen, autora de la Ley Nica Act, condenó los ataques de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra los medios independientes en Nicaragua.
La legisladora se refiere al allanamiento del canal 100% Noticias, y al secuestro de su director Miguel Mora, su esposa Verónica Chávez, Lucia Pineda, directora de prensa; y otros dos trabajadores de ese canal, la noche del 21 de diciembre.
Chávez fue liberada horas más tarde, pero su esposo y los otros tres trabajadores, permanecen presos.
Los bienes y equipos del canal fueron confiscados por la dictadura Ortega Murillo semanas después que también asaltaran la sede de los medios de comunicación Confidencial y Esta Semana propiedad del periodista Carlos Fernando Chamorro.
“Condeno los incesantes abusos de Ortega y su Policía Nacional en contra de medios independientes en Nicaragua, que exponen la verdadera cara de represión del régimen”, escribió en su cuenta de Twitter la congresista estadounidense.
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Respaldo a Informe GIEI
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, hizo suyo y respaldó el informe sobre la crisis en Nicaragua presentado por Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El informe fue presentado en Washington debido a que la dictadura expulsó del país al grupo de expertos y a los funcionarios del Mecanismo Especial de Seguridad para Nicaragua (Meseni), alegando supuesta parcialidad de ambos organismos en la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado.
El informe responsabiliza a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de ejecutar “crímenes de lesa humanidad”, mediante una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado.
Pide también una investigación además para la cúpula de la Policía.
“Exigimos justicia y verdad para víctimas y retorno d democracia en Nicaragua”, escribió en su cuenta de Twitter, el secretario general de la OEA de la OEA, Luis Almagro.
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Recomendaciones del informe de GIEI
El GIEI recomendó investigar la responsabilidad de Ortega, junto con la cúpula de la Policía Orteguista (PO). Entre ellos se menciona directamente al actual jefe policial, primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega, pero también a su antecesora, Aminta Granera, y a los subdirectores Ramón Avellán y Adolfo Marenco. Los expertos aseguraron que no encontraron evidencias de que las protestas fueran un golpe de Estado.