Galería | El régimen de Ortega canceló la personería jurídica de 9 ONG y a otras también las saqueó

Las ONG se habían dedicado a la documentación y denuncia mundial de los crímenes cometidos por parte de la Policía y paramilitares

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Policia Orteguista saquea instalaciones de Confidencia. FOTO: LA PRENSA/ Roberto Fonseca

La cantidad de muertes impunes que ronda entre los 325 y 545, según organismos de derechos humanos, no ha sido suficiente para el régimen de Ortega, que en una semana “decapitó” a nueve ONG y saqueó a varios medios de comunicación independientes, como si se tratara de una venganza.

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Las nueve ONG, ahora sin personería jurídica, se han dedicado a la documentación y denuncia mundial de los crímenes cometidos por parte de la Policía y paramilitares que obedecen las órdenes del dictador Daniel Ortega desde abril pasado, cuando iniciaron las protestas ciudadanas. Al menos seis de las nueve Organizaciones no Gubernamentales nacieron en los años noventa y algunas cuentan con la participación o liderazgo de reconocidas figuras disidentes del FSLN.

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Daños en las instalaciones de la ONG Popol Na. FOTO: Uriel Molina/LA PRENSA

Fundación Popol Na. Creada en 1990. Su presidenta es Mónica Baltodano. El mismo día de operativos de allanamiento casi simultáneos que irrumpieron en las demás ONG llegaron a Popol Na. Baltodano aseguró a LA PRENSA que la PO está “operando como una banda del crimen organizado”. Asimismo, aseguró que Auxilio Judicial allanó el edificio sin orden de un juez. Los policías que llegaron hasta la fundación se robaron cuatro vehículos, dinero de la caja chica, cheques firmados, archivos contables y todas las unidades centrales de proceso (CPU, por sus siglas en inglés) de las computadoras. En las imagen, abajo, Mónica Baltodano muestra lo que ocurrió en las instalaciones

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Mónica Baltodano, presidenta  de Popol Na. FOTO: Uriel Molina/ LA PRENSA

Después de ilegalizar a las ONG, la dictadura arremetió contra los medios de comunicación independientes. El 13 de diciembre, a eso de las 10:30 de la noche fuerzas policiales orteguistas saquearon las instalaciones de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche. Carlos Fernando Chamorro, director de estos medios, calificó el hecho como “un ataque brutal contra la libertad de prensa y la libertad de empresa”. Según Chamorro, la Policía se llevó documentos de trabajo, cámaras, equipos de comunicación y de edición.

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Así quedaron las instalaciones de Confidencial. FOTO: Roberto Fonseca/ LA PRENSA

El 14 de diciembre desde la madrugada fuerzas policiales se tomaron las oficinas de estos medios y a los vigilantes los trasladaron al Chipote. El sábado 15 de diciembre, Carlos Fernando acompañado de su equipo de periodistas llegó hasta el edificio de la Policía en Plaza el Sol para preguntar por las pertenencias sustraídas de las empresas de comunicación. La respuesta fue un contingente de unos cincuenta antimotines que replegaron a la fuerza a los hombres y mujeres de prensa presentes. Uno de los periodistas del medio resultó con golpes. En la foto a la derecha, momento en que la Policía Orteguista ocupó el edificio de Confidencial. Abajo en la foto, la represión que vivieron los periodistas en Plaza El Sol.

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Momento en que Carlos Fernando Chamorro y otros periodistas los retiraron por la fuerza de Plaza El SOl. FOTO: Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco). Fundada en 1990. su directora es Sofía Montenegro. El 13 de diciembre también se les aplicó la ley contra el terrorismo y lavado de dinero, señalándole, sin presentar pruebas, de “promover campañas” y haber financiado a grupos que cometieron “actos para desestabilizar el país”. Después de la cancelación de la personería, se le dio 72 horas para cerrar operaciones, una vez se publicaran en La Gaceta, Diario Oficial, los decretos de cancelación de personerías de las ONG. En octubre del año 2008 la Fiscalía de Nicaragua mandó a allanar las instalaciones de Cinco por supuestas actividades ilícitas con fondos de la cooperación internacional, después de varios meses de investigación no lograron comprobar nada. En la foto abajo, los oficiales de La Policía que cerraron el acceso a las oficinas de ONG en ese año.

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Asedio a Cinco por parte del gobierno de Ortega Murillo. FOTO: Archivo/ Oscar Navarrete./LA PRENSA

Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade). Fundado en 1990. Su director es Mauricio Zúniga. Los diputados sandinistas les arrebataron la personería jurídica el 13 de diciembre y les dieron un plazo de 72 horas para cerrar operaciones. Horas después la PO irrumpió en las oficinas en Managua. Se llevaron el salario y celular de los vigilantes, que también fueron golpeados al igual que conductores. Sustrajeron computadoras, documentos y vehículos sin ninguna orden judicial. En la imagen, abajo, la graduación del diplomado impartido a jóvenes por el Ipade en el año 2014, como parte de los proyectos que desarrollaban en el país.

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Graduación del diplomado sobre «Manejo y resolución de conflictos para la protección territorial» impartido por el Ipade. FOTO: Archivo/ LA PRENSA

Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río). Fundada en 1990. Su presidentes es Amaru Ruiz. Esta fundación fue quien alertó sobre las dimensiones reales del incendio en la Reserva Indio Maíz en abril pasado, el cual calcinó unas 5,945 hectáreas de bosque virgen, hecho que antecedió ala crisis sociopolítica. El 13 de diciembre que se canceló la personería a los miembros de la fundación los señalaron, sin pruebas, de haber pagado dinero a los líderes campesinos para mantener los tranques y hasta los responsabilizaron del asesinato de varios policías en el municipio de Morrito. En horas de la noche un fuerte contingente de policías se tomó las oficinas de la ONG en San Carlos, Río San Juan. En la imagen parte de las zonas quemadas en la reserva Indio Maíz en abril.

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Una parte de las zonas calcinadas en la Reserva Indio Maíz. FOTO/ Archivo/ LA PRENSA

Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp). Fundado en 2003. Su director ejecutivo es Félix Maradiaga, quien enfrenta una acusación por “terrorismo y crimen organizado”; la Fiscalía del régimen lo señala como uno de los promotores de las protestas contra Ortega. El diputado de la bancada del FSLN, Edwin Castro, dijo que “organizaciones como el Ieepp que se prestan para preparar, financiar asesinatos, muertes y torturas como las que tuvimos en el golpe fallido de abril”. Mientras que el Ministerio de Gobernación acusa al instituto de supuestamente “gestionar, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas”. La cancelación de la personería jurídica se realizó como un trámite de urgencia el pasado 11 de diciembre, posteriormente les otorgaron 15 días para desocupar las instalaciones y congelaron sus cuentas bancarias. Sin embargo, la mañana del 15 de diciembre antimotines se tomaron las oficinas del instituto. En la imagen, momento en que funcionarios no podían acceder al Ieepp tomada por la PO.

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De izquierda a derecha, Dayra Valle subdirectora del Ieepp. FOTO: LA PRENSA/ROBERTO FONSECA

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), fundado en 1990. Su presidenta es Vilma Núñez. Fue el 12 de diciembre que los diputados sandinistas le cancelaron la personería jurídica al Cenidh y lo culparon de haber violado sus estatutos. Esta decisión de la Asamblea Nacional fue condenada por Vilma Núñez, y ante LA PRENSA lo tildó como una “perversa ejecución”. El 14 de diciembre, Núñez denunció ante los medios de comunicación que la noche anterior la Policía Orteguista (PO) entró por la fuerza a las oficinas del Cenidh a través del techo y dejó evidencias dentro de la institución. Desde ese día la Policía se tomó completamente las instalaciones del Cenidh y los alrededores, cerrando el acceso a sus funcionarios y a medios de comunicación. En la foto, la Policía Orteguista que acordonó los accesos al Cenidh, impedía que Núñez diera entrevistas a los medios.

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Doña Vilma Nuñez intentando atravesar el cordón policial, cerca de las oficinas del Cenidh . Foto: Uriel Molina/LA PRENSA

El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) fue fundado en 1983. Su directora es Ana Quirós, una de las voces críticas del régimen, activista y defensora de los derechos de la mujer. Lo primero que hizo el régimen orteguista fue expulsar a Quirós (con nacionalidad nicaragüense, hace más de 20 años) a través de la Dirección General de Migración y Extranjería. El lunes 26 de noviembre fue entregada a las autoridades de su país de origen, Costa Rica. Tres días después los diputados orteguistas quitaron la personería jurídica a Cisas. El argumento es el mismo con el que mantienen recluidos a más de 600 presos políticos: haber estado involucrados en el fallido intento de golpe de Estado, como califican a las manifestaciones iniciadas en abril por la ciudadanía y brutalmente reprimidas por Ortega. Además ordenaron la confiscación de los bienes de la ONG. En la imagen aparecen las oficinas donde funcionaba CISAS.

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Fachada del edificio de Cisas, ONG de la que estaba a cargo Ana Quiroz, expulsada del pais por ordenes del gobierno. Foto: Jader Flores/ LA PRENSA

Instituto de Liderazgo de las Segovias. Fundado en el 2010. Su directora es Haydée Castillo Flores. Para quitarle la personería se les aplicó la ley contra el terrorismo y lavado de dinero, y se les señaló, sin presentar pruebas, de “promover campañas” y haber financiado a grupos que cometieron “actos para desestabilizar el país” en la sesión del 13 de diciembre de la Asamblea Nacional. La noche del 14 de diciembre policías orteguistas y paramilitares encapuchados se tomaron las oficinas. Uno de los promotores del Instituto denunció que “se llevaron todo” y dejaron vacío el edificio, sin saber hacia dónde trasladaron el mobiliario y equipo de trabajo con los que se capacitaba el liderazgo de jóvenes en comunidades de varios municipios del departamento de Nueva Segovia, además de velar por los derechos de las mujeres violentadas en sus hogares. En la foto abajo, parte del trabajo que realizan con mujeres.

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FOTO: Facebook/ Fundación Instituto de Liderazgo Las Segovias

A Hagamos Democracia, fundada en 1995, le fue retirada la personería jurídica el 12 de diciembre. Se le acusó de utilizar su esquema para facilitar fondos para que grupos cometieran supuestos actos terroristas. Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, abandonó el país en agosto porque sufrió persecución política por parte del régimen. En la foto abajo, reunión de los miembros.

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FOTO: Archivo/ LA PRENSA

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