Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se siente “satisfecha” por el trabajo que el poder judicial ha realizado a lo largo de 2018, un año en que los procesos irregulares y las violaciones a las garantías constitucionales de los nicaragüenses han sido el pan del día.
“Cerramos el 2018 con la satisfacción del deber cumplido”, afirmó la magistrada orteguista en el acto de graduación de 31 funcionarios de los Juzgados Especializados en Violencia. Sus declaraciones aparecen en una nota publicada por el sitio web del poder judicial el pasado 18 de diciembre.
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Para Ramos, el sistema judicial obtuvo muchos “logros”, a pesar de la crisis sociopolítica que estalló cuando las protestas de abril fueron reprimidas con violencia por la Policía y grupos paramilitares del orteguismo.
“Ha sido un año lleno de desafíos, producto de los sucesos violentos que tuvieron lugar en nuestro país entre abril y julio de este año, que causaron daños en el plano individual, social y económico; provocando muertes, trastocando la vida de todos y todas; socavando la seguridad y la libertad de las personas y destruyendo la propiedad pública y privada”, señaló Ramos.
Condenados antes del juicio
A menos de una semana de brindar estas declaraciones, la magistrada orteguista condenó verbalmente a ciudadanos autoconvocados que se encuentran detenidos en las cárceles del régimen, aunque todavía no han enfrentado un juicio.
Pese a que, como presidenta del máximo tribunal de justicia del país, Ramos debe saber que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no haya sido condenada, no dudó en afirmar que los ciudadanos apresados “no son presos políticos” y que cometieron los crímenes que se les imputan.
“Cometieron incendios, asesinatos con armas industriales y hechizas, utilizaron explosivos en contra de personas, bienes públicos y medios de transporte; vimos como quemaron y secuestraron personas”, aseguró la magistrada orteguista a Sputnik, servicio internacional de noticias multimedia operado por una agencia de la Federación Rusa.
El poder judicial es controlado por el partido gobernante en todas sus estructuras.
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