El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue creado por la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo, señala en su informe que “los ataques contra la libertad de expresión persistieron durante todo el tiempo que estuvo realizando su trabajo y se incrementó sobre la etapa final de su mandato”.
En su informe el GIEI hace 24 recomendaciones, la segunda de ellas al gobierno para que cese “el hostigamiento a defensores de derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales, garantizar las condiciones para que puedan desarrollar plenamente sus labores y ejercer sus derechos, en particular, la libertad de expresión, de reunión y de asociación”.
El GIEI constató todas las agresiones sufridas por los periodistas y los medios de información desde que comenzó la represión gubernamental contra las protestas ciudadanas, incluyendo el asesinato en Bluefields del periodista Ángel Gahona ocurrido el 21 de abril.
“El Estado criminalizó cualquier acto de protesta por parte de la ciudadanía y persiguió e incluso encarceló a líderes de distintos sectores sociales y políticos, así como a medios de prensa y periodistas, con el objeto de inhibir cualquier acción que pretendiera manifestarse contra el Estado”, se dice en el informe del GIEI.
En realidad, el 2018 ha sido un año horrible para los periodistas y medios de comunicación social independientes de Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”. Pero ese no es el caso de Nicaragua, donde el poder político no respeta ese marco jurídico. Por el contrario, los periodistas son víctimas de amenazas y agresiones físicas; sufren presiones sicológicas, chantajes económicos y hostigamientos de toda clase, incluyendo el cierre y la confiscación de medios, como ha sucedido con Confidencial, Esta semana y 100% Noticias. También algunos periodistas son encarcelados y sometidos a juicios y acusaciones de odio, como Lucía Pineda y Miguel Mora, y los perseguidos Luis Galeano, Jaime Arellano, Jackson Orozco y otros.
En circunstancias tan oscuras para el ejercicio del periodismo en Nicaragua, brilla como una luz de esperanza la solidaridad de muchos gobiernos democráticos y organismos internacionales, oficiales y no gubernamentales. La comunidad internacional comprende que la libertad de expresión y de información es un bien jurídico que debe ser defendido donde quiera que sea quebrantado y los periodistas son agredidos por informar y opinar.
A pesar de todo, nosotros tenemos la esperanza y la fe en que la mala situación del periodismo independiente de Nicaragua pronto tendrá que cambiar. Confiamos en que el año entrante será mejor para la libertad de expresión y de información y, por lo consiguiente, para todo el pueblo nicaragüense.