Los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se pronunciaron en contra de la Nicaragua Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act, denunciándola como una estrategia más de Estados Unidos (EE.UU.) para “asfixiar la economía” para “generar desestabilización y protestas” para derrocar la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter, circuló el comunicado del ALBA este miércoles 26 de diciembre, y expresó que condenaban la Nica Act porque violaría “las normas más elementales del derecho internacional” por parte de Estados Unidos para “imponer medidas coercitivas unilaterales” al régimen orteguista.
Para el bloque ALBA la Nica Act es una “nueva agresión” del gobierno estadounidense contra el régimen de Ortega, y es un reflejo de “la política agresiva” hacia la región latinoamericana.
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“Esta nueva agresión del gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicaragua tiene como único objetivo el asfixiar la economía de ese hermoso país, afectar directamente al pueblo nicaragüense; generar desestabilización y protestas, todo con el propósito de derrocar al gobierno” de Ortega, según el comunicado.
TARDARON SEIS DÍAS EN REACCIONAR
La reacción de los aliados de la dictadura Ortega-Murillo, los pocos que le quedan a nivel internacional, se da seis días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara la Nica Act, una legislación bipartidista que obligará a Estados Unidos a vetar las solicitudes de préstamo que haga el régimen de Ortega-Murillo en los organismos multilaterales.
A partir del momento de convertirse en Ley, entra en vigencia la legislación, que traerá sanciones individuales para personeros del régimen, así como condicionamientos de préstamos al Gobierno por parte de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica debido a la represión de paramilitares dirigidos por la Policía Orteguista contra los ciudadanos que salieron a las calles a protestar, inicialmente en rechazo a las fallidas reformas a la seguridad social, pero que rápidamente se transformaron en repudio a la pareja de dictadores por los crímenes contra las manifestaciones.
Organismos de derechos humanos nacionales e internacinales cifran entre 325 y 535 muertos, miles de heridos, más de 600 presos políticos y más de 80 mil exiliados durante los ochos meses de represión gubernamental contra la población.
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Los miembros del ALBA son Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia junto a las islas caribeñas Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Surinam.