La acusación que el régimen de Daniel Ortega fabricó contra los periodistas críticos Miguel Mora, Lucía Pineda, Jackson Orozco, Luis Galeano y Jaime Arellano, por supuesta provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, en concordancia con apología e inducción al terrorismo, es considerada por exfiscales penalistas como una “aberración jurídica” porque carece de fundamento legal.
Además, no específica las acciones supuestamente cometidas por los procesados y los hechos no encajan en el tipo penal, ni reúne los requisitos del Código Procesal Penal para ser admitida.
Mora es el director del canal 100% Noticias, Pineda es jefa de prensa de dicho medio, mientras Orozco es reportero y presentador del noticiero. Los dos primeros ya están presos, mientras Orozco tiene orden de captura y allanamiento en su contra, emitida por el juez orteguista Henry Morales, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua.
Le puede interesar: Exdiputado José Pallais: “Quieren imponer el temor entre los periodistas”
Galeano y Arellano transmitían sus programas televisivos “Café con Voz” y “Jaime Arellano en la Nación”, respectivamente, en dicho medio televisivo, que ya fue clausurado por orden del régimen. Ambos tienen orden de captura y allanamiento emitida por el mismo juez Morales.
Según el régimen, estos periodistas incitaron a la población, a través del medio televisivo, a cometer delitos impulsados por el odio contra miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido al que pertenece Ortega.
En la acusación contra los periodistas narran una serie de acontecimientos ocurridos durante la protesta social contra el régimen, entre el 18 de abril y el 30 de julio de 2018, en un intento por justificar los señalamientos.
La dictadura los hace responsables de varios asesinatos en tranques, pero carecen de relación entre hechos y procesados.
Lea además: Régimen orteguista quiere eliminar a los medios impresos
Exfiscales explicaron que el artículo 32 del Código Penal de Nicaragua deja claro que “no se considerará apología el ejercicio de la libertad de pensamiento, de expresión y el derecho de información que no contravenga la Constitución”, por tanto, los informadores no pueden ser juzgados por ese tipo penal, porque ellos estrictamente lo único que hicieron fue dar cobertura a la crisis social e invitar a analistas políticos para que opinaran al respecto.
“La acusación es espuria. El medio tiene una línea editorial y lo que hizo fue informar lo que estaba pasando en el país, pero ese es su trabajo, no está inventando ni llamando a cometer acto de violencia. La acusación es esencialmente política porque no hay una acusación directa de un hecho delictivo cometido por los acusados. Hablan de llamarlos policías sandinistas, pero antes se hablaba de guardia somocista y eso no es delito”, explicó un exfiscal, que por seguridad omitimos su nombre.
Los penalistas coinciden en que lo único que persigue el régimen es dar aparente legitimidad al cierre del medio informativo, para evitar que se siga difundiendo información que no les conviene y declarar ilegalmente el decomiso de los bienes de Mora, violando la Constitución Política de Nicaragua.
“Esto es grotesco. Las primeras acusaciones trataban de acomodarlas, maquillarlas, pero esto no tiene ni pies ni cabeza jurídicamente, sorprende que un abogado la haya redactado sin tomar en cuenta las reglas legales. Viola el artículo 8 del Código Penal, referente al principio de responsabilidad personal que dice que la persona solo responde por hechos propios, las acciones cometidas directamente por la persona”, dijo el penalista Nelson Cortez.
Otro exfiscal coincidió con Cortez y agregó que la Fiscalía usa el estribillo “acción de fomentar e incitar al odio y a la violencia”, como si eso fuera un delito. Esa frase es propia de un discurso político, pero no de la dogmática penal y su utilización vulnera el principio de legalidad penal”, añadió el exfiscal que prefiere no revelen su identidad, por la persecución que ha desatado el régimen contra los que le critican.
“Ese ejercicio de la acción penal es sumamente desproporcional, alejado del principio de legalidad, es un acto de venganza, pero sobre todo una lesión y amenaza directa al ejercicio del periodismo. Es un intento por acallar las voces que incomodan al régimen. Es un atentado contra la libertad de expresión”, confió el exfiscal penalista.
El abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (que asumirá la defensa de Pineda y Mora), agregó que dicha acusación nunca debió ser admitida por el juez Morales porque no reúne los requisitos penales para su admisión, es decir no es específica, circunstanciada, ni clara. “La conducta no se subsume a los tipos penales regulados, lo que están haciendo es forzar la cabida en el delito, pero no logran hacerlo”, dijo Montenegro.
Decomiso es ilegal
El abogado Nelson Cortez explicó que es ilegal que el Ministerio Público pida el embargo o secuestro preventivo de los bienes muebles e inmuebles o cualquier otro activo a nombre del acusado Miguel Mora o de la empresa canal 100% Noticias, denominada Primicias, Sociedad Anónima, ya que están violando el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua.
Este artículo en su último párrafo dice: “En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento”.
“Lo que se ve es una pasada de cuenta y quieren justificar el decomiso del medio, el cierre y la prisión de los periodistas”, dijo Cortez.
Fiscalía parcializada
Los familiares de al menos 13 personas asesinadas durante las protestas sociales en Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega se presentaron a las oficinas del Ministerio Público para presentar denuncia contra el periodista Miguel Mora, por la supuesta incitación al odio, pero nunca establecieron la relación directa entre la muerte de sus familiares y los periodistas acusados. La parcialización de la Fiscalía se ha visto clara en este caso porque muchas madres desde abril interpusieron denuncias por el asesinato de sus hijos y señalan como autores a policías y paramilitares, y proporcionaron videos, pero los expedientes siguen engavetados.