La reunión extraordinaria que realizó este jueves el Consejo Permanente de la OEA, para conocer oficialmente el informe del GIEI sobre las atroces violaciones a los derechos humanos en Nicaragua cometidas entre el 18 de abril y el 30 de mayo, dejó claro que ya es hora de comenzar la implementación de acciones multilaterales.
Precisamente en esto puso énfasis el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su intervención durante la reunión del Consejo Permanente. Almagro aseguró que los siguientes pasos a seguir son activar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, enviar el informe del GIEI al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como a la Corte Penal Internacional, para que se investigue la denuncia de los delitos de lesa humanidad que ha cometido la dictadura de Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense y se aplique la jurisdicción universal para castigarlos.
Todos los representantes de los países miembros de la OEA que intervinieron en la reunión del Consejo Permanente, salvo los de Venezuela y Bolivia que son aliados de Ortega, repudiaron las monstruosas violaciones de los derechos humanos cometidas en Nicaragua. Y se pronunciaron por medidas más fuertes para que se pueda restaurar la democracia en el país.
En particular el representante de Panamá, habló claramente del multilateralismo para resolver la crisis de Nicaragua. Esto ya había sido planteado por Costa Rica, en junio pasado, ante el mismo Consejo Permanente de la OEA. En aquella ocasión, la representante costarricense razonó que “es a través del multilateralismo que hay posibilidad de injerencia en las realidades complejas de la humanidad”, refiriéndose a la situación de Nicaragua, donde Daniel Ortega no quiere atender la demanda de un diálogo para resolver democráticamente la crisis que él mismo provocó con sus violaciones monstruosas a los derechos humanos.
La acción multilateral es un recurso de las Naciones Unidas para atender situaciones de urgencia, que se vincula con el principio de la obligación de proteger a las poblaciones que son víctimas de desastres humanitarios, guerras, tiranías brutales y violaciones masivas de los derechos civiles y humanos que incluyen crímenes de lesa humanidad; como es el caso de Nicaragua, según se desprende del informe del GIEI presentado este jueves en la OEA.
Los Estados tienen la obligación primordial de garantizar la seguridad y los derechos humanos de la gente que vive en sus territorios. Y cuando un Estado no puede o no quiere garantizarlos ni respetarlos, los demás Estados tienen el deber de acudir en defensa de la población oprimida, de conformidad con los principios, normas y recursos del derecho internacional.
En tales casos no vale invocar la autodeterminación nacional. La soberanía consiste primordialmente en el respeto del Estado a los derechos humanos. Ningún gobierno puede invocar la libre determinación para atropellar impunemente a su propio pueblo.