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La Modelo, Nicaragua

Familiares de presos políticos de Estelí demandan su libertad. LA PRENSA/ M.VÁSQUEZ

Dictadura de Nicaragua ha condenado a 134 presos políticos en el transcurso de la crisis

Autoridades del Ministerio de Gobernación admitieron tener 340 presos políticos, luego que el 24 de diciembre se informara que ese día y el 25 ese número de reos —a los que tildó de golpistas— recibirían a sus familiares

El régimen de Daniel Ortega cerró el año 2018 con 134 autoconvocados condenados por haber ejercido su derecho constitucional a la protesta, según sentencias emitidas por los tribunales de justicia del poder judicial, utilizado para reprimir y castigar a quien se oponga al régimen orteguista.

La semana pasada, autoridades del Ministerio de Gobernación admitieron tener 340 presos políticos, luego que el 24 de diciembre se informara que ese día y el 25 ese número de reos —a los que tildó de golpistas— recibirían a sus familiares. Es decir, hasta ahora cerca del 40 por ciento de dichos presos políticos ya tienen sentencia, en su mayoría penas máximas.

Las primeras condenas contra autoconvocados fueron emitidas en agosto pasado. Ese mes recibieron sentencia los blufileños Brandon Lovo y Glen Slate, condenados a 23 y 12 años de cárcel, respectivamente, por el asesinato del periodista Ángel Gahona, ocurrido el 21 de abril, tres días después de haber iniciado las protestas en Nicaragua, en demanda de la anulación de las reformas a la Seguridad Social.

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Los juzgados de Managua, donde la Corte Suprema de Justicia centralizó los procesos judiciales contra los azul y blanco, valiéndose de una reforma inconstitucional al Código Procesal Penal, pues extrae a los procesados de su juez competente, dejó de emitir fallos y sentencias el 19 de diciembre, porque se fueron de vacaciones navideñas y de Fin de Año.

Entre las últimas sentencias emitidas está la de Cristhian Mendoza, alias el Viper, condenado a treinta años de cárcel junto a Alejandro Aráuz y Manuel Largaespada, por asesinato, crimen organizado, secuestro, terrorismo y otros delitos.

También fueron condenados el exdiputado Nardo Rafael Sequeira Báez y Benjamín Franklin Siles Aguilar, quienes fueron sentenciados a ocho años y tres años de cárcel, respectivamente, por participar en marchas y llevar alimentos al tranque de San Pedro de Lóvago.

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Según los abogados Julio Montenegro, Yonarqui Martínez y otros defensores de los autoconvocados, que prefieren mantener el perfil bajo por las amenazas de los miembros del régimen, la mayoría de las condenas aplicadas por los judiciales son máximas y no les importa si existen circunstancias que favorezcan una pena menor.

Al respecto, el penalista Nelson Cortez explica que esta característica se debe a que los jueces aplican los concursos reales, es decir, ven cada conducta de los acusados como si fueran delitos autónomos y no como una sola acción.
“Esto tiene una razón de naturaleza social, causar la mayor estigmatización, criminalización de la protesta, para mandar el mensaje a la sociedad que si te levantás contra el régimen te esperan grandes condenas y meterte en miedo”, dijo Cortez.

El número de acusados sobrepasa las quinientas personas, según acusaciones presentadas por el Ministerio Público, porque hay causas que tienen hasta 25 personas en un solo expediente, pero muchas de ellas tienen orden de captura. Además, el dato sube cada día porque la Policía Orteguista no para de detener a la población.

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