La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) iniciará una serie de acciones internacionales inmediatas para elevar la presión contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a la vez que le advirtió que de continuar cometiendo crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense, se solicitará la activación del principio de justicia universal para que los responsables sean detenidos y respondan por sus crímenes.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Luis Almagro lanzó la advertencia y anunció los próximos pasos para detener a la dictadura orteguista.
“De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad solicitaremos a los Estados parte de la OEA, así como a todos los Estados democráticos, que bajo el concepto de justicia universal los funcionarios (del régimen de Nicaragua) nombrados como inductores y ejecutores en el informe del grupo de expertos (GIEI) sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes, activando así la justicia universal”, advirtió Almagro.
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Expertos en derecho internacional y exdiplomáticos explicaron que la ruta definida por la OEA conduce a que las víctimas de la represión, sus familias y organismos de defensores de derechos humanos puedan iniciar juicios en cualquier nación contra Ortega y Murillo, los altos mandos de la Policía Orteguista y el resto de funcionarios involucrados en la violación de derechos humanos.
Los especialistas consultados por LA PRENSA coincidieron en que la OEA buscará con la comunidad internacional aumentar la presión contra la dictadura Ortega-Murillo hasta que estos lleguen a convertirse en criminales perseguidos por la justicia mundial.
El Consejo Permanente de la OEA recibió este jueves el informe final sobre Nicaragua del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se responsabiliza a la dictadura orteguista de haber cometido delitos de lesa humanidad durante las protestas iniciadas en abril.
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La CIDH actualizó las estadísticas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua y cifró en 325 los muertos (de los cuales 24 son niños), más de trescientos detenidos arbitrariamente; doscientos profesionales de la salud despedidos; cuarenta profesionales de universidades despedidos durante los ocho meses de represión.
La Comisión denunció que la represión se ha intensificado contra la población, periodistas de medios independientes y organismos no gubernamentales.
Van a la Corte Interamericana
Los pasos siguientes de la Secretaría General de la OEA son solicitar a la CIDH “que denuncie los crímenes cometidos” por la dictadura Ortega-Murillo “ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como solicitar al Consejo Permanente que remita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el informe” del GIEI “y pida una reunión para su exposición”.
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El reporte que desnuda los crímenes del régimen orteguista también se remitirá a la Unión Europea, para que sea tomado en cuenta en sus relaciones con el sistema interamericano.
“La lógica de las dictaduras está definitivamente instalada (en Nicaragua). Esta acción nos obligará a buscar la justicia internacional y universal de la defensa de los derechos humanos, nos obliga a acciones concretas”, subrayó Almagro.
Nicaragua está obligada a cumplir Declaración Universal
José Luis Velásquez, exembajador de Nicaragua ante la OEA, explicó que a partir de que los países, entre ellos Nicaragua, firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos aceptaron que “son de obligatorio cumplimiento y, por lo tanto, violarlos repercute en todo el mundo”.
Según Velásquez, ningún gobierno puede alegar la defensa de la soberanía de su país para justificar crímenes de derechos humanos contra su población. “Nadie puede alegar que está cumpliendo con la soberanía al violar, matar, torturar y cometer delitos de lesa humanidad”, afirmó el exdiplomático.
El hecho que Almagro dejó abierta la activación del principio de justicia universal es uno de los pasos más importantes, según Velásquez, porque abre la posibilidad de que puedan iniciarse acciones legales en los tribunales internacionales contra los funcionarios responsables de los crímenes en Nicaragua.
El exdiplomático recordó que existe jurisprudencia internacional por el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, en Londres, Inglaterra, por el requerimiento de la orden internacional de detención y extradición de un juez en España, donde tenía un juicio por el genocidio cometido durante su dictadura en Chile.
Velásquez mencionó que otros jefes de Estado han sido imputados por la justicia internacional por genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad: el yugoslavo Slobodan Milosevic, el liberiano Charles Taylor y el sudanés Omar el Bashir.
La OEA también lidera la solicitud de que la Corte Penal Internacional investigue por crímenes de lesa humanidad al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Velásquez refirió que “otro punto importante de la justicia universal” es que bajo el Estatuto de Roma se creó la Corte Penal Internacional que juzga precisamente los delitos penales de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra, teniendo jurisdicción en los países firmantes del estatuto.
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Nicaragua es de los pocos países que no es firmante del Estatuto de Roma, sin embargo Velásquez asegura que eso no es impedimento para que la Corte Penal Internacional con base en el informe del GIEI investigue a Ortega por los delitos de lesa humanidad que se le atribuyen.
“El Estatuto de Roma establece una cláusula en la cual, cuando hay verificación de la Comisión de delitos de lesa humanidad en un país que no es signatario del estatuto de Roma, establece que el secretario general de las Naciones Unidas puede someter a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la solicitud de una investigación de esos crímenes de lesa humanidad”, afirmó Velásquez.
En eso está la trascendencia, dijo, de que el informe del GIEI se envíe al Consejo de Seguridad y a la Secretaría General de Naciones Unidas “porque eso permitirá que se active el mecanismo de acusación en la Corte Penal” contra los dictadores Ortega, Murillo y el resto de autores de los crímenes contra los nicaragüenses”.
Más explicación
Uriel Pineda, jurista y catedrático en derechos humanos, explicó que el principio de justicia universal tiene dos competencias: el de las facultades de la Corte Penal Internacional para investigar y juzgar a las personas, incluidos presidentes, señalados de cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.
Y el segundo, el de principio de jurisprudencia universal que permite que en cualquier país, especialmente democrático, se puedan abrir juicios contra los gobernantes de los Estados donde se cometen crímenes contra su población.
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Pineda ve difícil que el caso de Daniel Ortega pueda ser sometido en la Corte Penal Internacional porque el gobierno no ha reconocido el Estatuto de Roma, “por lo que las opciones que quedan es que una vez que Ortega salga del poder el nuevo gobierno ratifique el Estatuto y pida a la Corte juzgarlo por los crímenes” que se le señalan.
Otra opción, dijo, es que el Consejo de Seguridad de la ONU le derive el caso a la Corte Penal. “El problema aquí es que Rusia (aliada de Ortega) es miembro permanente del Consejo de Seguridad y probablemente vete el caso”, refirió.
La alternativa, según Pineda, para que Ortega, Murillo y todos los responsables de los crímenes contra los nicaragüenses enfrenten la justicia, es ejercer el principio de jurisdicción universal, que implica la obligación de todos los países para enjuiciar a todas las personas que cometan crímenes como los de lesa humanidad.
Esto abre el camino, dijo el experto, para que las personas que se consideran víctimas de la represión, las familias de los asesinados, torturados y presos por la dictadura orteguista presenten la denuncia en los tribunales de cualquier país de América Latina, Estados Unidos y Europa, por ejemplo, para que se inicie un proceso de investigación y enjuiciamiento.