Familiares de las víctimas de la represión dispuestos a llevar a Daniel Ortega y Rosario Murillo a los tribunales internacionales

Representantes del Comité de Madres de Abril y el Comité de Presos Políticos se están asesorando con penalistas y organismos de derechos humanos para identificar los escenarios viables con el fin de emprender acciones legales contra el Estado nicaragüense.

LA PRENSA/Manuel Esquivel

Los familiares de las víctimas de la masacre y de los presos políticos están dispuestos a acusar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en tribunales internacionales y de otras naciones, para que los responsables de los crímenes perpetrados durante la represión gubernamental a las protestas ciudadanas enfrenten la justicia, la cual se les ha negado en Nicaragua.

Representantes del Comité de Madres de Abril y el Comité de Presos Políticos se están asesorando con penalistas y organismos de derechos humanos para identificar los escenarios viables con el fin de emprender acciones legales contra el Estado nicaragüense.

Jurisdicción universal y la Nica Act

El jurista y exdiplomático José Pallais explicó que el informe conclusivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “es un base fundamental para próximos juicios contra la dictadura de Daniel Ortega”, por cuanto se trata de “una investigación profunda y creíble de los hechos”.

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“Cualquier familiar de una persona que haya sido asesinada, detenida ilegalmente, torturada y condenada en un juicio viciado puede ir a un tribunal de un tercer país donde se tenga adoptado el principio de jurisdicción universal en su legislación, por ejemplo Estados Unidos lo tiene, y puede denunciar para que se enjuicie al asesino, a su torturador o al cómplice. Brasil también ha dicho estar dispuesto a realizar esos juicios”, dijo Pallais.

Nicaragua
La Policía Orteguista ha reprimido al pueblo de forma permanente, durante ocho meses. LAPRENSA/O.NAVARRETE

En el caso de Estados Unidos, este principio se refleja en la recién promulgada Nica Act, la cual faculta al presidente de ese país a imponer sanciones a quienes considere responsables de abusos contra los derechos humanos, particularmente de personas “que participaron en las protestas contra el Gobierno de Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018”.

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Pallais explicó que si en Estados Unidos o Brasil se inicia el juicio, un juez puede girar una orden internacional para que se arreste a los acusados con el objetivo de que enfrenten el proceso. Eso dejaría a esas personas prácticamente con el país por cárcel. Sin embargo, hay expertos que consideran que habrá que esperar “la operativización de la Nica Act para confirmar su alcance”.

Sesión de la OEA del jueves reforzó decisión

Francis Valdivia, presidenta del Comité de Madres de Abril —donde se agrupan padres, hermanos y resto de familiares de los asesinados en la represión gubernamental—, dijo a LA PRENSA que se ha reforzado la decisión de recurrir a los tribunales luego que en la Organización de Estados Americanos (OEA) se definiera una ruta que posibilita el principio de justicia universal para demandar al régimen orteguista en cualquier nación por los delitos contra los derechos humanos.

Trabajan con especialistas

Franco Valdivia (24 años) falleció el 20 de abril en las protestas de los universitarios en Estelí. El universitario habría sido asesinado por un francotirador situado en la Alcaldía de esa ciudad. A pesar de que su hermana Francis y el resto de sus familiares interpusieron denuncia en el Ministerio Público, nunca avanzaron las investigaciones y el asesinato de Franco sigue en la impunidad.

Francis Valdivia está exiliada en México, pero no desiste de lograr que el crimen de su hermano tenga justicia, al igual que el de los cientos de nicaragüenses asesinados por la Policía y los paramilitares orteguistas.

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Para ello el Comité de Madres de Abril actualmente trabaja con “notables especialistas”, con quienes están “analizando los diferentes escenarios y lo que implica dichas acciones que serán a nivel nacional e internacional”.

El trabajo, dijo Valdivia, es en varios ejes de acción como la investigación, documentación de todas y cada una de las violaciones de derechos humanos sufridos, así como el proceso de denuncia y documentación de los hechos.

El asesoramiento permitirá a los familiares de las víctimas de la masacre identificar el país y el tribunal donde existan las posibilidades reales de que se acepten las acusaciones contra Ortega, Rosario Murillo, los altos mandos de la Policía Orteguista (PO) y el resto de funcionarios responsables.

Josefa Esterlina Meza es parte de las Madres de Abril e igual está dispuesta en apoyar una acusación penal contra el régimen, para que no quede en la impunidad el asesinato de su hijo Jonathan Morazán, muerto por un disparo en el cuello el 30 de mayo, durante la Marcha de las Madres de Nicaragua que fue atacada por paramilitares y la PO.

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“Yo puse la denuncia en la Fiscalía, pero no prosperó. Me dijeron que yo debía presentar las pruebas cuando ellos deben investigar, también me dijeron que llevara testigos pero eso sería exponer a los estudiantes que vieron caer a mi hijo”, expresó Meza.

Jonathan Morazán y Franco Valdivia son parte de los casos detallados en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el que se detalla cómo fallecieron las víctimas de la represión a las protestas, producto del uso excesivo de la fuerza y la brutalidad contra los manifestantes. La mayoría de los muertos fueron por balas en cuello, tórax, pulmones, cabeza. El informe del GIEI señala principalmente a la policía y parapolicías como los responsables de la matanza.

Meza y Valdivia quieren que los responsables del asesinato de sus familiares paguen pena de cárcel y existan sanciones contra los que les han negado la justicia en Nicaragua.

“Como familiares de las víctimas realizaremos todo lo que legalmente corresponda realizar en el marco jurídico nacional e internacional. Independientemente de la credibilidad nula de las instituciones del Estado de Nicaragua, consideramos necesario realizar todo lo que legalmente corresponda realizar, acudiendo a cada una de las instancias correspondientes nacionales e internacionales, cada una en su momento”, afirmó la presidenta de las Madres de Abril.

Opción esperanzadora

La Secretaría General de la OEA anunció que enviará el informe del GIEI donde se responsabiliza al régimen de Ortega de haber cometido delitos de lesa humanidad a Naciones Unidas y la Unión Europea.

De acuerdo al jurista José Pallais, esa acción posibilitará que se pueda acusar a la dictadura orteguista en cualquier país de la comunidad europea. Esa opción es “esperanzadora” para Tamara Zamara Ruiz, del Comité de Presos Políticos, pues cree que “debería hacer que este gobierno reaccione y libere” a los más de 670 reos políticos.

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Ruiz es mamá de Amaya Eva Coppens, dirigente del Movimiento Estudiantil 19 de Abril de León, detenida ilegalmente desde hace cuatro meses. Amaya tiene doble nacionalidad: nicaragüense y belga. Su mamá solo la ha visto tres veces en la cárcel, la última el 24 de diciembre.

Los familiares de los presos políticos han denunciado que estos han sido torturados y sus juicios se basan en acusaciones falsas.

Buscarán tribunales europeos

El juicio de Amaya Coppens está reprogramado para el 27 de febrero. La señora Ruiz afirmó que el Comité de Presos Políticos se ha encargado de documentar todos los abusos contra sus familiares ante la CIDH. En el caso de Amaya Coppens, su mamá contempla la opción de que se pueda acusar al régimen de Ortega en tribunales europeos.

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“Estamos a esos niveles. Tenemos una organización, un Comité Nacional de presos y presas políticos y los casos de todos nuestros muchachos están documentados y estamos dispuestos a que se haga una denuncia internacional sobre las violaciones de derechos humanos sufridas por nuestros muchachos por este gobierno”, afirmó Ruiz.

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