Corte IDH puede ser el siguiente paso a seguir para las víctimas de la represión en Nicaragua

La defensora de derechos humano refirió que la CIDH actúa como si fuera un Ministerio Público internacional, una Procuraduría internacional.

Nicaragua

El organismo indica que existe una severa represión en contra de las organizaciones de la sociedad civil; los periodistas y medios de comunicación sufren una “directa y rutinaria” censura y acoso por parte del Estado. LA PRENSA/O.NAVARRETE

A diferencia de otros casos, las víctimas de la represión del régimen Ortega Murillo no tendrían que esperar un largo período de tiempo para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debido a que buena parte del procedimiento ya lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de los mecanismos en el país.

Lo anterior es la consideración de la abogada María Luisa Acosta, directora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), quien en lo personal, en su calidad de víctima, pudo recurrir a ese tribunal.

En caso que la CIDH remita el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a la Corte IDH, Acosta estima que el proceso podría durar un período de año y medio, pues “la mitad del trabajo está hecho”. A diferencia de la Comisión, en la Corte IDH hay plazos que son cumplidos, dijo.

Entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, el GIEI registró al menos 109 personas muertas vinculadas al contexto, más de 1400 heridos y más de 690 detenidos. De las 109 muertes analizadas por el GIEI, 95 de ellas se produjeron por disparos de armas de fuego, todos con impacto en cráneo, cuello y tórax.

“Pudo observarse, como característica central, la articulación entre sí de diversas estructuras del Estado o vinculadas al Estado: la Policía Nacional, alcaldías y grupos paraestatales, que van desde los grupos de choque recién mencionados hasta grupos con mayor organización y poder lesivo, a quienes se alude socialmente como ‘paramilitares’ o ‘parapoliciales’”, revela el informe del GIEI

“La investigación es pública y está en poder de la Comisión y la Comisión al tener nota que esta situación está ocurriendo y que no ha parado, ellos tienen la competencia para presentar el caso directamente en nombre de las víctimas”, explicó Acosta.

La defensora de derechos humano refirió que la CIDH actúa como si fuera un Ministerio Público internacional, una Procuraduría internacional.

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Y la demanda que introducen en representación de las víctimas, en este caso es contra el Estado, por incumplir con su responsabilidad internacional de hacer una investigación que permita a sus familias conocer quienes cometieron el delito, a diferencia de la Corte Penal Internacional donde son acusadas las personas, señaló Acosta. Una sentencia de la Corte IDH es de ineludible cumplimiento por el Estado, que debe asumir la sentencia de aplicación de justicia, reparación a las víctimas y la no repetición.

Sentencia extensiva

De las 109 muertes violentas, 100 no han sido judicializadas, es decir, se encuentran en impunidad, dice el informe del GIEI. En los nueve casos judicializados, seis corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno. En ningún caso se ha iniciado proceso en contra de fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de las diferentes evidencias que señalan su posible responsabilidad. La abogada María Luisa Acosta estima que al conocer la Corte IDH estos 109 casos permitiría que la sentencia abarque al resto de víctimas.

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Juzgar a las personas

El GIEI establece que conforme a la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha incurrido en conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución.

La abogada María Luisa Acosta indicó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad puede llevar el caso ante la Corte Penal Internacional aunque el Estado no haya firmado el estatuto de Roma, pero “allí se juzgan a las personas (…) entonces allí sería al jefe de la Policía, al presidente , a los que dieron la orden, con nombre y apellido”.

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