Dejaron morir a los manifestantes heridos en los hospitales públicos dice el GIEI

El informe final del GIEI dice que en los hospitales públicos no sólo negaron atención médica, sino que brindaron una atención negligente a quienes fueron admitidos esos días

Ciudadanos autoconvocados demandan que el hospital Cruz Azul responda por la muerte de Álvaro Conrado. LA PRENSA/I.MUNGUÍA

La negativa del Hospital Cruz Azul a socorrer al adolescente Álvaro Conrado, cuando este se desangraba de una herida de bala en el cuello, fue comprobada y documentada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al igual que en este caso, otras tres personas murieron porque en los hospitales públicos les negaron atención médica. 

Durante las protestas del 23 mayo en Chinandega: “Luis Ramón Cruz Alvarado, 39 años, se corroboró que existió denegación de atención médica… Personas entrevistadas por el GIEI indicaron que fue trasladado de urgencia al Hospital España, donde rehusaron darle atención médica y lo dejaron agonizar hasta morir en la madrugada del día siguiente”.

De igual forma: “En el Heodra (Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello), de León, el GIEI documentó el caso de Cristian José Pineda Martínez, de 28 años, quien el 7 de mayo de 2018 concurrió a ese hospital debido a un problema de salud. De la información disponible, surge que a la víctima se le habría negado el acceso al hospital por considerarlo un estudiante que participaba en las protestas contra el gobierno y que falleció allí mismo”.

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“En Ciudad Sandino se registró el caso de Juan Carlos López Martínez, de 24 años, herido por un disparo de arma de fuego, a quien se le negó atención médica cuando fue trasladado hasta el ‘Hospitalito’ de esa misma ciudad. ‘No se está atendiendo a nadie de estos vagos’, le señalaron desde ese establecimiento… Tras esta negativa, fue conducido hasta el Hospital Monte España donde falleció ese mismo día”, agrega el GIEI.

De acuerdo con el informe final del GIEI en los hospitales públicos no sólo negaron atención médica, sino que brindaron una atención negligente a quienes fueron admitidos esos días. A muchos les dieron de alta recién operados, a otros los dejaron desangrarse y a una de las víctimas la operaron sin autorización para retirarle una platina que días antes le habían colocado en un hospital privado.

El GIEI también documentó el despido de más de doscientos médicos y la presencia de paramilitares en los hospitales.

Investigar a la ministra de Salud

Durante el tiempo que investigaron en Nicaragua los expertos independientes corroboraron que “existe información consistente sobre múltiples situaciones de negación de atención, de formas de atención inadecuadas y de maltrato a familiares de personas heridas o ya fallecidas que implicaron una nueva forma de violencia del Estado contra los manifestantes”.

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“Todas estas situaciones, que implican un drástico apartamiento de los deberes médicos, deberán ser investigadas y juzgadas cuando existan condiciones. Las investigaciones deberán determinar la dimensión de este fenómeno, qué tipo de órdenes emanaron de la ministra de Salud, Sonia Castro, y de la Dirección de cada hospital, qué rol tuvo Fetsalud en los hechos, y qué medidas se tomaron —o no— para garantizar la salud pública en casos de suma gravedad”, sugiere el GIEI.

4 personas murieron fuera de los hospitales públicos durante las protestas de abril y mayo, en esos lugares se negaron a atenderlos por ser opositores al régimen de Daniel Ortega.

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