En el informe contundente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se identifica al menos a seis altos funcionarios del régimen, encabezados por la cogobernante Rosario Murillo, de haber posiblemente entramado y ejecutado el plan que causó una serie de crímenes contra las manifestaciones ciudadanas iniciadas en abril, y en el reporte se plantea que los señalados sean investigados por su vinculación directa en la represión.
El listado incluye a los diputados Gustavo Porras y Filiberto Rodríguez, al alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, la ministra de Salud, Sonia Castro, y Fidel Moreno, de la Alcaldía de Managua.
Estos funcionarios son mencionados en el informe del GIEI de estar directamente involucrados en las acciones de los paramilitares, la Policía Orteguista y los grupos de choque contra las manifestaciones.
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A ellos se suman dirigentes universitarios como Walter Mata, del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) de León, según son citados en el informe, en que se explica el papel que jugó cada uno en la masacre.
Esos personeros y junto a todo el alto mando de la jefatura de la Policía Orteguista son los que a criterio del GIEI deben investigarse por su vinculación con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la jornada de protestas, que desde abril han dejado entre 325 y 535 muertos, miles de heridos y exiliados, y unos 670 presos políticos.
De hecho, la sección seis de la Nica Act, aprobada por Estados Unidos y que supone una serie de sanciones al régimen orteguista, establece que el Departamento de Estado debe entregar al Congreso un informe donde se certificase que el régimen adoptó medidas contra los responsables de la masacre.
En el informe se debe certificar si Ortega está investigando y responsabilizando “a los funcionarios del Gobierno de Nicaragua y otras personas responsables de los asesinatos de personas relacionadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril de 2018”, ordena un apartado de la Nica Act.
Estos son parte de los señalamientos del GIEI.
Rosario Murillo:
A la dictadora y esposa del dictador Daniel Ortega, en el informe se le señala de diseñar la campaña para establecer “ciudadanías diferenciadas”, calificando a los manifestantes de “minúsculos, vándalos, vandálicos, mareros, terroristas, plaga, vampiros, entre otros”, y a la vez justificando los actos de los grupos de choque.
Pero también a Murillo se le coloca al frente de “la estructura paralela del Estado” en coordinación con la Policía para reprimir al pueblo.
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“En sus meses de trabajo en Nicaragua, el GIEI ha recibido diversos relatos que se refieren al rol de la vicepresidenta Rosario Murillo en el manejo de estas estructuras y al papel de un grupo de asesores y de los secretarios políticos del FSLN en la coordinación de las acciones y transmisión de las órdenes”, indica el reporte.
Los expertos internacionales precisan que “si bien no se han podido encontrar elementos que permitan” demostrar que Murillo dirige esa estructura represiva, “no puede dejar de mencionarse esa posibilidad, que deberá ser investigada cuando existan las condiciones de independencia y autonomía en el sistema de justicia”, concluyen.
Gustavo Porras:
El sindicalista y diputado presidente de la Asamblea en el informe del GIEI se deja entrever que pudo estar detrás del ataque paramilitar a la Marcha de las Madres de Abril, el 30 de mayo. A Porras se le menciona que organizó la contramarcha y de llamar a los militantes orteguistas a “defender” a Ortega.
“Pocos días después de conocerse aquella convocatoria, el sindicato Frente Nacional de los Trabajadores –dirigido por el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras– realizó un llamado a movilizarse el mismo día en que se celebraría la marcha anunciada por el Movimiento Madres de Abril. El acto oficialista (…) constituyó una verdadera contramarcha y fue dicho funcionario en persona (Porras) quien convocó a tomar(se) las calles (…) en defensa del gobierno constitucional, en defensa de la Constitución de la República, en defensa de la paz, en defensa de la revolución”, recoge el reporte.
Se destacó que paralelo al llamado bélico de Porras hubo una serie de amenazas en redes sociales a la Marcha de las Madres. “Información recibida por el GIEI da cuenta de una campaña denominada “Plomo” que tuvo cierta difusión en redes sociales de grupos vinculados al gobierno y que involucró incluso a algunos integrantes y referentes de medios de prensa oficialistas. En ella se recurría a imágenes bélicas (AK 47) y se hablaba de las “sorpresas” que se preparaban para el 30 de mayo, mencionó el GIEI.
Filiberto Rodríguez:
Al diputado orteguista y presidente de la Comisión de Paz de la Asamblea, se le ubica en el informe de dirigir actos de violencia contra las protestas en León y ataques a medios de comunicación críticos al régimen, como el incendio de Radio Darío en la ciudad leonesa.
“Según el relato de estudiantes en estas acciones estuvieron involucrados dirigentes del CUUN, entre ellos Walter Malta, otros dirigentes universitarios (…) y también el diputado del Frente Sandinista por León, Filiberto Rodríguez. (…) La intervención de este diputado hostigando y amenazando a los manifestantes quedó registrada en un video, en el que se lo oye decir en voz alta: Hoy los vamos a desturcar, pueden grabar, pueden sacarme fotos, pero hoy los vamos a desturcar…”, recoge el informe.
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El reporte del organismo refiere que tras las amenazas de Rodríguez se desató la confrontación de la Policía y grupos de choque con el Movimiento Estudiantil 19 de Abril UNAN-León.
Además se resalta la denuncia al GIEI por el dueño de Radio Darío, Aníbal Toruño en donde “señaló que el grupo que atacó su radio estaba manejado por Filiberto Rodríguez”.
“El ataque a Radio Darío no fue una acción aislada, sino que se enmarca en una política que busca cercenar voces y medios disidentes”, sostiene el reporte.
Fidel Moreno:
El GIEI lo relaciona con la represión a través de la declaración de Ligia Gómez, exgerente de Investigaciones Económicas y secretaria política del FSLN del Banco Central, en donde señaló que Moreno fue quien transmitió e hizo cumplir las órdenes de Murillo. “Tenía un mensaje claro: ‘Debemos defender la revolución, vamos con todo, no les permitiremos que nos roben la revolución”, según las declaraciones de Gómez que sobre la masacre orteguista recogió el grupo de expertos.
La ministra y el alcalde
Sonia Castro: Los señalamientos de que la ministra de Salud ordenó a los hospitales públicos que no se atendiera a los manifestantes heridos es destacado ampliamente en el informe del organismo de la CIDH. El GIEI hace énfasis en que “existe información consistente sobre múltiples situaciones de negación de atención, de formas de atención inadecuadas”, maltrato a los heridos “que implicaron una nueva forma de violencia del Estado contra los manifestantes”.
“Todas estas situaciones, que implican un drástico apartamiento de los deberes médicos, deberán ser investigadas y juzgadas cuando existan condiciones. Las investigaciones deberán determinar la dimensión de este fenómeno, qué tipo de órdenes emanaron de la ministra de Salud, Sonia Castro, y de la dirección de cada hospital, qué rol tuvo Fetsalud en los hechos, y qué medidas se tomaron —o no— para garantizar la salud pública en casos de suma gravedad”, se recomienda.
Sadrach Zeledón:
El alcalde de Matagalpa está señalado de dirigir las turbas orteguistas contra las protestas ciudadanas. El informe proporciona relatos de pobladores, reportes de medios de comunicación, así como fotografías y refiere a videos en donde claramente aparece Zeledón comandando a los antimotines y a las turbas en los ataques al pueblo. Los ataques a las protestas en mayo son de las destacadas por el GIEI.
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Por ejemplo, se hace mención a los ataques del 11 de mayo donde “la Alcaldía de Matagalpa y el propio alcalde tuvieron injerencia directa en estos sucesos”. Según información proporcionada al GIEI, dicho funcionario (Zeledón) “estaba dirigiendo ese día a las turbas”, precisa el organismo.