Padre e hijo fueron torturados y asesinados durante las protestas, según informe del GIEI

Testimonios recabados por el GIEI, aseguran que Humberto Parrales y Noel Calderón fueron sometidas a diferentes tipos de tormentos antes de morir, tras haber participado en marchas y protestas

muertos

Los cuerpos de Noel Ramón Calderón Lagos y su padrastro Humberto Antonio Parrales Reyes fueron llevados este miércoles a la Upoli, donde les rindieron un homenaje. LA PRENSA/@PstereoNIC

La historia de tortura y muerte de los manifestantes Humberto Antonio Parrales Reyes y Noel Ramón Calderón Lagos, padre e hijo a fines, durante la sangrienta represión que el régimen de Daniel Ortega realizó contra la población nicaragüense en protesta, entre abril y mayo de 2018, forma parte del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Los expertos afirman que tras las detenciones arbitrarias de la Policía Orteguista se sumó el uso excesivo de la fuerza de parte de estos grupos (policías y paramilitares), hasta llegar a tratos degradantes, violaciones sexuales, tratos crueles e inhumanos contra manifestantes autoconvocados.

Parrales y Calderón fueron severamente torturados y asesinados el 15 de mayo del 2018.


Los inolvidables de la masacre orteguista


Según los testimonios recabados por el GIEI, ambas personas fueron sometidas a diferentes tipos de tormentos antes de morir, tras haber participado en marchas y protestas.

Humberto Antonio tenía múltiples golpes en su cuerpo, huesos quebrados y un proyectil de bala alojado en su pulmón, mientras que Noel Ramón recibió tantas descargas eléctricas que sus pies y manos quedaron ennegrecidos y su corazón no aguantó más.

De acuerdo con lo informado, sus cuerpos torturados, sin vida el de Humberto y agonizante el de Noel Ramón —falleció poco después—, fueron rescatados de los portones de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) luego de ser abandonados allí por los perpetradores.

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El comportamiento violento de las “razzias” policiales (ataques policiales) quedó evidenciada en los testimonios de sus víctimas y en material audiovisual analizados por el GIEI.

“…múltiples registros en videos dan cuenta de un proceder caracterizado por la propinación deliberada e innecesaria de violentos golpes —entre los que se registran golpes de puño, puntapiés, empujones, jaladas de cabello como otros propinados mediante el uso de elementos contundentes tales como culata de armas largas— en diferentes partes de sus cuerpos —incluyendo cabeza, rostro, testículos, espalda— para terminar siendo, en algunos casos, arrastradas en la vía pública por las fuerzas de seguridad”, se lee en el informe.

Detención y torturas

Otros actos de violencia institucional contra manifestantes se dieron en sistemas carcelarios (el Chipote), sistemas penitenciarios y casas partidarias usadas como cárceles ilegales. Entre estos, el uso de violencia física y psicológica, amenazas, el confinamiento en celdas de aislamiento, el hacinamiento, el sometimiento a largos interrogatorios, la prohibición de uso de vestimenta —con excepción de ropa interior—, la rasuración forzada del cabello y la ejecución de prácticas físicas forzadas reflejan, entre otros, los tratos inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos durante su privación de libertad, revela el documento del GIEI.

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También se denuncia robo de bienes de los detenidos por parte de personal de seguridad, la falta de suministro de alimentación y bebida y su liberación colectiva en carreteras ubicadas en las afueras de la ciudad de Managua (Tipitapa).

Además, se advirtió el uso de prácticas crueles y degradantes contra las mujeres detenidas, como el desnudo total y el sometimiento a realizar sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato verbal de personal policial.

El GIEI recibió testimonios de personas que refieren haber sido víctimas de posibles actos de tortura y delitos contra la integridad sexual. Una de ellas sufrió violaciones sexuales durante siete días de detención con elementos contundentes como armas y morteros, le realizaron descargas eléctricas en su cuerpo, le propinaron violentos golpes —a consecuencia de los cuales se dislocó el hueso de su mandíbula y le arrancaron piezas dentales— y recibió amenazas contra su vida e integridad física.

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También se registraron testimonios sobre el uso de bolsas plásticas en la cabeza, el alojamiento en pequeñas celdas donde la víctima debía dormir parada —pues no cabía acostada— y el sometimiento a simulacros de fusilamiento, desprendimiento de uñas con tenaza y la falta de adecuada alimentación durante la privación de libertad.

Secuestradas

El GIEI también tiene testimonios de personas que fueron secuestradas —por civiles y policías— y alojadas en casas particulares donde habrían sido torturadas. Una de ellas, quien permaneció dos días en ese lugar, mencionó que había sido víctima de una modalidad de tortura denominada “piñata”, la cual consistente en el sometimiento a golpizas con elementos contundentes e interrupción de la circulación sanguínea mientras permanecía encapuchada.

Otra persona refirió haber sido colgada del cuello y sufrir quemaduras en las plantas de los pies, durante los casi ocho días de privación de libertad.

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“Según la información recibida, en esas casas de habitación se habría hecho uso de una especie de ‘ruleta de la tortura’, mecanismo de selección aleatoria de formas de administración de tormentos. De acuerdo con los relatos, algunas torturas fueron suministradas para obligar a las víctimas a filmar videos de auto o hetero incriminación de conductas delictivas, recitando un guion que sus captores les había facilitado y mientras, detrás de cámara, las vigilaban a punta de fusil”.

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