El conductor Joseph Hernández y el controlista Gustavo Cerna, trabajadores de 100% Noticias, fueron liberados este sábado, tras permanecer detenidos desde el 21 de diciembre pasado, divulgó en sus redes sociales el programa Café con Voz, que se transmitía en el canal 100% Noticias, ocupado por la policía desde el día del arresto.
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Junto con Hernández y Cerna fueron capturados los dueños del canal, el matrimonio Miguel Mora y Verónica Chávez, así como la periodista de doble nacionalidad nicaragüense y costarricense Lucía Pineda.
Chávez fue liberada al día siguiente, Mora enfrenta juicio por “fomentar e incitar al odio y la violencia”, y Pineda está detenida sin que se sepa nada de ella.
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El canal 100% Noticias tomó notoriedad a raíz del estallido social de abril pasado en contra del presidente Daniel Ortega, por presentar noticias relacionadas con la crisis, en las que se observaban imágenes sobre cómo policías y grupos “paraestatales” atacaban con armas de guerra a los manifestantes.
Organismos defensores de los derechos humanos afirman que los manifestantes, activistas y periodistas capturados en el marco de la crisis son “presos políticos”, de los que cuentan al menos 610. El Gobierno ha informado de 340, que denomina “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
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Según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre abril y noviembre pasados se registraron al menos 420 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo el asesinato del periodista Ángel Gahona, agresiones, censura, amenazas, muerte, entre otras transgresiones.
El recién fundado movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua ha reportado que al menos 55 periodistas han salido al exilio, principalmente por su seguridad. El movimiento de periodistas responsabiliza de dichas agresiones al Gobierno de Nicaragua.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado las agresiones a periodistas y medios independientes como “la cuarta etapa de la represión gubernamental” contra la población de Nicaragua.
Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales. La CIDH ha señalado al Gobierno de Ortega de cometer crímenes “de lesa humanidad”.