En la medida que el aislamiento político se agudiza y crece la expectativa ante la posible suspensión de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), al régimen Ortega-Murillo se le reducen las posibilidades de obtener los recursos que necesita para financiar el déficit presupuestario que este año asciende a 10,263 millones de córdobas. Esto pone en riesgo el funcionamiento del aparato estatal.
Además, de prolongarse la crisis, las actividades económicas seguirán deprimidas, dificultando que se alcancen las metas de recaudación, lo que elevaría el déficit. Por tanto, entre las pocas opciones que le quedan, está seguir endeudando al país a través de la emisión de bonos y eventualmente recortar la planilla estatal mediante el recorte de personal.
Lea también: Crisis sociopolítica debilita rápidamente al córdoba frente al dólar
“Algo de lo que tal vez no se ha hablado mucho es que la aplicación de la Carta Democrática (de la OEA) también tiene efectos económicos, porque en el caso de darse una suspensión del sistema interamericano eso suspendería también los programas de apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es uno de los principales financiadores del Plan de Inversión Pública del país”, dice Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Suspensión de la OEA afectaría economía
Una posible suspensión del país del sistema pondría en riesgo la cartera de préstamos aprobados y proyectos en ejecución, que el año pasado con una ejecución aproximada al 55 por ciento rondó los doscientos millones de dólares. “Es una suma razonable anualmente y esos proyectos en ejecución podrían enfrentar dificultades”, indica Chamorro.
A esto se suma que debido a la entrada en vigencia de la ley conocida como Nica Act, la cual fue aprobada en Estados Unidos en diciembre del año pasado, se cerró la posibilidad de obtener créditos nuevos en los organismos financieros internacionales donde Estados Unidos tiene intereses.
Lea además: Banpro corta relaciones comerciales con la Policía Orteguista
“Habría que leer bien los estatutos del sistema, pero ciertamente una suspensión de la OEA tendría efectos sobre esos préstamos, no sé en qué magnitud, pero es importante resaltar que esa medida también tendría un efecto económico”, señala Chamorro.
(VIDEO)Luis Almagro anuncia acciones contra autores de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua
Por su parte, el economista Edmundo Jarquín considera que debido a “que la inversión pública depende casi en un ciento por ciento de financiamiento externo, y buena parte de la inversión privada depende de la pública, sería catastrófico quedarse sin financiamiento externo”.
Aliados no tienen capacidad económica
También considera que los únicos aliados que le quedan al régimen tampoco pueden apoyarlo. “Ni Cuba ni Venezuela, que están quebradas, pueden apoyar a Ortega. Si la Unión Soviética no pudo mantener el petróleo, menos Rusia que está sobreextendida de compromisos geopolíticos y es una economía más pequeña que España. Y (además Nicaragua tiene relaciones con Taiwán) China tiene suficiente con la guerra comercial con Estados Unidos”, expone Jarquín, que es también exfuncionario del BID.
La opción de seguir emitiendo bonos, para a través de su venta conseguir recursos, tampoco es una opción segura debido a que según Chamorro con los problemas del país y la rebaja en las calificaciones de la deuda que hicieron el año pasado las calificadoras de riesgo, es muy difícil colocar estos instrumentos.
Puede leer: Economía 2018: el tránsito del crecimiento sostenido a la recesión y rumbo a la depresión
Además, el incremento del endeudamiento público y la deuda soberana obligan a pagar tasas más altas que comprometen aún más las colocaciones futuras; y en términos prácticos, esta no es una opción que pueda utilizarse durante mucho tiempo.
“Entonces realmente no quedan muchas opciones. Aunque el presupuesto de ingresos establezca la recaudación de unos setenta mil millones de córdobas, que es una cifra mucho mayor a la que había hace diez años y refleja una capacidad recaudatoria mejor que la del pasado, pero la prolongación de la crisis podría impedir que se cumpla esta meta”, dice Chamorro.
Opciones se limitan a reducir el gasto
Además, junto a la mejoría de la capacidad recaudatoria del país, el Estado ha crecido en programas, proyectos y sobre todo en personal. “Entonces realmente las opciones se cierran a reducir el gasto como lo hicieron en 2018, apretando el gasto de capital. Pero eventualmente van a tener que tocar el gasto corriente, que es la mayor parte del presupuesto, y esto va a significar reducción de personal en el Estado”, advierte el director ejecutivo de Funides.
Jarquín es más pesimista, considera que la recaudación no será suficiente ni para pagar la planilla y que los más afectados serán los trabajadores, porque ante una eventual devaluación del córdoba y el incremento de la inflación, el salario que reciban se escurrirá ante el incremento de los precios.
Añade que la única opción que le queda a Ortega “es mantener a su base fanatizada, que no es más del 15 por ciento de la población”. Además, Jarquín se pregunta si en estas circunstancia el Ejército seguiría acompañando a Ortega, pues tendría que sumarse a la represión.
Lea: Saqueos a comercios en abril fueron dirigidos y sospechan de Ortega
En resumen, “el intento de venezonalizar Nicaragua, es decir Nicaragua solamente para orteguistas, y que los demás se vayan o se someten, no es viable porque eso significaría que el Ejército se financie con el narcotráfico y otros ilícitos, y eso no es viable, pues implicaría tener un corredor en manos del crimen organizado desde Venezuela hasta México. ¿Quiénes lo tolerarían?”, cuestiona Jarquín.
Chamorro, en tanto, dice que los indicadores revelan que la situación en lugar de mejorar se sigue agravando porque el origen del problema no es económico, sino político. Entonces mientras no haya una solución política, la economía seguirá sufriendo las consecuencias de la crisis.
No hay condiciones para la reforma fiscal
En medio de las dificultades que enfrenta el régimen Ortega-Murillo para conseguir apoyo financiero externo, como consecuencia del aislamiento político, otra de las opciones que podría considerar para conseguir recursos es aprobar la reforma fiscal que planteó en la propuesta del Presupuesto General de la República del 2019. Con ella, al “racionalizar” exoneraciones y exenciones, elevaría la recaudación de impuestos.
Sin embargo, en un escenario de recesión económica como el que enfrenta Nicaragua, subir impuestos a través de una reforma fiscal puede recudir aún más la recaudación por la vía de la evasión.
“Entonces una reforma fiscal no tendría los efectos que se podrían esperar en un escenario con la economía en crecimiento. Se ha hablado de la eliminación de exoneraciones y exenciones y eso podría generar alguna recaudación adicional, pero también iría acompañada del incremento en los precios porque los impuestos se trasladarían al consumidor”, explica el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro.
También lea: Fuga de depósitos puede ser mayor en los próximos meses
Chamorro reconoce que dicha reforma es una de las soluciones que en teoría existen, pero advierte que esta tiene que ser sometida a una aprobación política.
“Entonces el Gobierno está en una situación bien compleja, ante la decisión de emprender ese tipo de acciones que políticamente no le benefician, sino todo los contrario porque el aumento de los impuestos siempre tiene reacciones, ya se vio el 18 de abril con la reforma al INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social)”, asevera Chamorro.
Reforma al INSS dañaría empleo
La propuesta del Presupuesto General de la República del 2019 también plantea aprobar este año una reforma a la seguridad social que garantice su estabilidad financiera tras seis años continuos en los que ha cerrado con déficit financiero. Sin embargo, en las actuales condiciones de contracción económica que enfrenta Nicaragua elevar la carga tributaria provocaría más informalidad laboral y más evasión, dice el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro.