El poder judicial de Nicaragua negó el acceso a la justicia a personas detenidas durante las protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega, entre abril y mayo, los meses más duros de represión contra el pueblo manifestante, porque resolvió cuando quiso los recursos de detención ilegal a pesar de la premura y muchas veces los archivó, asignó jueces ejecutores fallecidos, entre otras acciones anómalas, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que además reitera una obstaculización policial en el trabajo de los jueces ejecutores que nunca pudieron ver a ningún amparado.
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“Conforme consta en la documentación a la que tuvo acceso el GIEI, existió un patrón de denegación del acceso a la justicia de las personas víctimas de las arbitrarias detenciones masivas ejecutadas por la Policía Nacional. Esta sistemática obstaculización en el ejercicio de derechos se registró tanto en el trámite y resolución de los Recursos de Exhibición Personal (REP) intentados en función de las detenciones cometidas hasta el 30 de mayo, como respecto de aquellos impulsados en ocasión de nuevas detenciones sufridas…”, dice el documento.
Según el informe, de acuerdo con documentos judiciales analizados, surge que la mayoría de los REP promovidos a favor de los detenidos ilegalmente resultaron infructuosos, siendo su destino casi inevitable el archivo de las actuaciones.
Las autoridades responsables de esta denegación de justicia son los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, a través de sus tres salas. La Sala Penal Uno y Dos, e incluso la sala penal especializada en violencia y justicia penal de adolescentes —por la detención de un adolescente—.
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El argumento judicial empleado para justificar tal decisión se concentró, en todos los casos, en la alegada “falta de interés jurídico” del recurrente, constatada judicialmente en la falta de impulso procesal del expediente.
A pesar de que los familiares de las víctimas permanecían en las afueras de los juzgados, esperando les resolvieran los recursos y que les asignaran juez ejecutor para ir a buscarlos hasta su casa, según confirmaron organismos de derechos humanos y denuncias directas de los familiares a medios de comunicación independientes.
Alegaron que estaban en tiempo
Otra de las razones empleadas por los magistrados de apelaciones para declarar la improcedencia de los REP —cuyo uso se registra en menor medida— se construyó sobre el argumento de vigencia del plazo constitucional de detención (48 horas) para dar intervención a la autoridad judicial.
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En los casos analizados, la resolución judicial fue adoptada en la misma fecha de presentación del recurso, o bien, el día siguiente. “A partir de ello es posible inferir que no existió diligencia intermedia alguna para constatar su legitimidad”, es decir no investigaban.
Para el GIEI, una tercera causa de frustración del acceso a la justicia obedeció, nuevamente, al accionar policial.
Obstaculización policial
O sea, en el trámite de las pocas decisiones que dan lugar a los recursos a favor de los amparados, se observó en los informes de jueces ejecutores severas obstaculizaciones policiales en el cumplimiento de su tarea, resultando a fin de cuentas en la imposibilidad de contacto con el amparado y de consulta sobre su situación a altas autoridades policiales.
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Al respecto, fue una constante las denuncias de los familiares de presos políticos quejarse de que la Policía Orteguista no atendía a los jueces ejecutores revestidos de autoridad conforme ley.
No les brindaban información del detenido, situación que sigue vigente a enero de 2019, y menos dejar ver al detenido.
Finalmente, el GIEI registra un nuevo elemento distorsivo en torno a la figura del juez ejecutor y es la disponibilidad de este para ir a ejercer sus funciones, lo que generó “demoras inadmisibles en un trámite que debe ser expedito”.
En la práctica, algunos jueces ejecutores asignados estaban fallecidos, otros se negaron a prestar el servicio profesional alegando que trabajaban o eran simpatizantes del partido político en gobierno, estaban fuera del país o tenían miedo a represalias.
En malas manos
En conclusión, según el informe del GIEI, la práctica del Estado de privar de la libertad arbitrariamente a personas detenidas en el contexto de las protestas se vio favorecida por la denegación del acceso a la justicia que, en la práctica, implicó dejar a estas personas al dominio exclusivo de la Policía Orteguista.
Muchos manifestantes permanecieron entre 15 y 45 días presos de forma ilegal.