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Todos los días en las principales ciudades del país, la Policía al servicio de la dictadura realiza operativos de captura, cateo y persecución. LA PRENSA/Jader Flores

Dictadura orteguista sigue haciendo redadas en Masaya, Carazo y Granada

Las ciudades han sido acechadas y sus pobladores son sometidos a detenciones arbitrarias, interrogatorios, asedio e intimidación

Masaya es una ciudad rehén en manos de policías y paramilitares las 24 horas del día. A diario se reportan secuestros, cateos y persecuciones de los gendarmes orteguistas.

Sin embargo, la acción represiva no ocurre solo ahí: Granada, Catarina y ciudades de Carazo han sido acechadas y sus pobladores sometidos a detenciones arbitrarias, interrogatorios, asedio e intimidación.

“Nicaragua vive totalmente bajo un estado de sitio, aquí no existen garantías, los derechos humanos han sido demolidos por Daniel Ortega, Rosario Murillo, su policía y paramilitares”, asegura Vilma Núñez, defensora de derechos humanos, quien sigue de cerca las denuncias.

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Otra ciudad que no ha escapado al asedio policial y paramilitar es Nandaime, en Granada, donde muchos jóvenes que protestaron pidiendo la salida de Daniel Ortega han tenido que huir del país para asegurar su vida y su libertad.
El ciudadano Álvaro Castillo, originario de Nandaime y quien participó en las marchas durante la rebelión cívica de abril y julio, fue secuestrado por la PO.

Su detención aparentemente la han querido presentar como “conflicto de demanda alimenticia”, sin embargo, uno de sus amigos cercanos reveló a LA PRENSA que se trata de una venganza política.

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“Chaperno, como le dicen a mi amigo demócrata, le armaron un lío legal, pero todos estamos claros que fue venganza política, tal es así, que él arregló esa situación legal y a pesar de que la juez lo liberó, la Policía lo mantiene bajo prisión. Así opera la justicia orteguista”, lamentó el hombre que se identifica con el nombre de Justo Vanegas.

“Hui porque mi cabeza tenía precio”, dice joven

Jonathan Velásquez, de 19 años, se unió a la lucha cívica, pero una vez que el régimen orteguista aplastó a punto de balas las protestas sociales, la Policía Orteguista (PO), paramilitares y soplones comenzaron hacer cacería con los jóvenes de Nandaime, Carazo y Masaya.

“Mi cabeza tenía precio en las redes. Decían que yo era jefe de tranques y que iba a pagar con sangre mi rebelión. Yo no quería irme, pero mi madre estaba sufriendo, también mi padre y decidí huir al extranjero. Un día volveré porque Nicaragua es mi patria”, asegura el joven, que abandonó sus estudios y trabajo para salvaguardar su vida de la ola de violencia gubernamental.

El jueves pasado, cerca de treinta agentes de la Policía Orteguista, procedentes de Managua, llegaron al barrio Fox (Masaya) para capturar y allanar viviendas.

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Se llevaron a cuatro personas: Wilfredo Brenes Domínguez, de 39 años; Karla y Fernando Escobar Maldonado y Ramón Javier Cerrato; estos últimos de una misma familia.

El operativo se desarrolló alrededor del mediodía del jueves, después que la noche del miércoles agentes de la PO capturaron a Keneth Martínez, en el barrio Monimbó. Petrona Domínguez relató que estaba acostada mientras su hijo Wilfredo se alistaba para ir a trabajar, pero de repente escuchó que tiraban todo.

La mujer de 72 años no pudo más y rompió en llanto, mientras relataba lo sucedido vía telefónica.

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A su nieta de 21 años también la acostaron en el piso y la apuntaron con un arma. Los hombres llegaron violentos y registraron toda la casa, con apoyo de la técnica canina. A su vez, robaron sus celulares.

Secuestro en Jinotepe

Lester José Selva, de 38 años, mientras caminaba por las calles de Jinotepe con su hermana mayor, Claudia Sánchez Selva, fue secuestrado la tarde del sábado por un grupo de policías que se movilizaban a bordo de una patrulla.
Selva es ingeniero en sistemas y fue docente de la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH) y actualmente labora en un negocio de reparación y de mantenimiento de computadoras que decidió instalar cerca de la estación policial, donde se encuentra retenido. Es casado y le tienen tres hijos.

En la mañana del sábado dos policías a bordo de una patrulla llegaron hasta su casa de habitación, en el barrio San Antonio, y preguntaron por él.

Luego llegaron más.

A Lester, según su hermana Claudia, lo involucran en un accidente de tránsito, pero ella niega tales señalamientos, además alega que no existe denuncia en contra de él.

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Comenta que fueron alrededor de ocho policías vestidos de azul celeste y de negro que secuestraron a su hermano y que todos andaban armados.

El sitio del secuestro fue el costado sur de la iglesia católica Santiago, contiguo al supermercado Palí o parque central.

“La Policía nos rodeó y yo les dije que no se preocuparan, que no lo tocaran y que él se iba a montar, porque el que no la debe, no la teme”, dijo Sánchez.

Manifestó que a Lester le ocuparon su celular y que hasta el momento no ha podido verlo, ni conversar con él, solamente han permitido pasarle comida.

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“Hasta la fecha no me han dado los motivos legales de su detención, pero le hemos ido a dejar su desayuno y almuerzo”, refirió la mujer.

El investigado tiene una motocicleta y, según su hermana, los oficiales que lo buscaban le comentaron que ese vehículo estaba circulado. “Nosotros fuimos a una delegación a preguntar si había una denuncia de algún accidente, pero no hay nada”, sostuvo.

Sánchez asegura que su hermano no ha tenido participación en marchas, ni tranques que se levantaron desde abril hasta a julio pasados en contra del gobierno de Daniel Ortega para que abandonara el poder.

“Yo confío en Dios que no me lo acusen por esos delitos, porque él nunca estuvo involucrado en esas situaciones, estoy segura”, añadió.

El término de las 48 horas en que Lester fue detenido se vence mañana lunes por la tarde y sus familiares esperan que sea dado en libertad. El sábado por la noche continuaron los operativos policiales en las calles.

No cesa la represión

Pese a que los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constaron y denunciaron la violencia estatal contra los ciudadanos que protestaron cívica y pacíficamente, el régimen orteguista no ha tenido voluntad de hacer un alto y parar la represión y retomar el Diálogo Nacional, como lo demanda la comunidad internacional.

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La violencia estatal en Nicaragua ha dejado un saldo macabro de más de quinientas personas asesinadas, miles de heridos, centenares de presos políticos y miles en el exilio que han huido por la represión estatal.

El régimen de Ortega ha calificado a los ciudadanos que protestaron cívicamente de terroristas, vandálicos y delincuentes de la derecha.

“Exterminar al pueblo de Nicaragua”

A juicio de Vilma Núñez, el dictador Daniel Ortega está decidido a continuar atropellando los derechos humanos. “Su decisión es exterminar al pueblo de Nicaragua, porque sigue violentando los derechos humanos. Es un cínico, tiene una actitud perversa. Aquí la gente hasta circula con miedo, porque precisamente el arma de Ortega es infundir el miedo, el terror”, denunció la defensora de los derechos humanos. “Aquí siguen los secuestros, los asedios, porque aquí el plan de Ortega es exterminar todo aquello que él cree que se le opone”, aseguró Núñez, quien pese a que fue confiscado y anulado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, sigue de cerca las denuncias de abusos de las autoridades.

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