Experta del GIEI: La violación de derechos humanos en Nicaragua es «algo no visto en décadas en Centroamérica»

La exfiscal general guatemalteca, Claudia Paz y Paz, habla con LA PRENSA sobre la gravedad de lo que ha ocurrido en Nicaragua

Managua, Nicaragua 12 de Mayo del 2018. Familiares de Jimmy Parajon Gutierrez trasladaron su cuerpo para rendirle homenaje en la universidad UPOLI quien fue asesinado en las protestas en contra el regimen de Daniel Ortega. FOTO/LA PRENSA/CARLOS VALLE.

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Ciudad de Guatemala. Durante cinco meses, Claudia Paz y Paz formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los hechos violentos en ese país desde el 18 de abril, en el marco de las protestas sociales.

La exfiscal general guatemalteca, quien destacó en su país por procesar por genocidio al exgobernante militar Efraín Ríos Montt, ofreció esta entrevista en la capital guatemalteca y relata sus experiencias y vivencias durante la ola represiva que ha sufrido la población nicaragüense por parte del régimen de Daniel Ortega.

Las conclusiones del informe, presentadas en diciembre, hablan de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen y han pedido investigar a Ortega, su esposa y vicepresidente Rosario Murillo y varios altos mandos de ese país.

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El informe del GIEI habla de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Nicaragua contra los opositores. ¿Planificó el Ejecutivo nicaragüense una política de terrorismo de Estado, una guerra sucia similar a las dictaduras militares de antaño?

Nosotros en nuestro trabajo teníamos un tiempo acotado, nos daba entre el 18 de abril y el 30 de mayo y en ese periodo, cuando llegamos, ya estaban documentados diversas violaciones de derechos humanos, desde asesinatos hasta privación arbitraria de la libertad. Entonces elegimos como eje vertebrador de la investigación, las muertes violentas, los asesinatos, hicimos una línea de tiempo con los días pico, con los días que se había concentrado la mayoría de estos crímenes, es decir el 20, 21 y 22 de abril y el 30 de mayo, tratamos de reconstruir esos eventos en Managua y en el interior de Nicaragua. Lo que nosotros descubrimos fue que esos días pico había patrones comunes, uno de ellos era un actuar coordinado entre policías uniformados y fuerzas paraestatales que nosotros llamamos en algunos momentos aparecían como Juventud Sandinista, identificados con camisas blancas, otras veces eran personas motorizadas. Esos picos de violencia ocurrían en Managua, pero a la vez eran en León, en Estelí, en Masaya, entonces eso nos habla de un actuar articulado, un patrón de que en los mismos momentos que había asesinatos había privaciones arbitrarias de la libertad. La Policía fraguaba la flagrancia, usaba el escándalo público como excusa para realizar las detenciones y los liberaban 48 horas después. En un segundo periodo, se documenta un actuar diferente que es ya directamente la criminalización de la protesta, dirigida a los líderes. Para nosotros es fundamental que existían crímenes de lesa humanidad por este patrón que existió en ese actuar coordinado, no es la conducta de un agente policial aislado, sino un actuar consistente frente a las manifestaciones que en su gran mayoría documentamos que fueron pacíficas.

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Para tratar de entender de qué se tratan estos grupos paraestatales. ¿En qué se asemejan a los escuadrones de la muerte que operaron en los conflictos de El Salvador y Guatemala?

Se asemejan en la utilización de la violencia para reprimir a la disidencia, para reprimir las manifestaciones y que su acción está amparada por el Estado. Hay imágenes muy claras de cómo actuaron estos grupos frente a la Policía y sin que la Policía interfiriera para disuadirlos o evitar su accionar violento. También hay imágenes donde están parados, unos a la par de los otros, disparando. Las imágenes de la marcha del 30 de mayo. En eso se asemejan. Es un actuar ilegal para reprimir la disidencia de forma violenta, amparados bajo la protección del Estado. Quizás la diferencia es que los escuadrones de la muerte, en las épocas más oscuras de la historia de Guatemala, eran de un actuar más clandestino, y este es un actuar abierto. La Juventud Sandinista se presenta y se identifica como tal, primero motorizados y después uniformados en lo que llaman en Nicaragua los paramilitares armados y uniformados con camisetas, o sea, es una acción articulada, más abierta, menos clandestina.

Claudia Paz y Paz estuvo en Nicaragua durante seis meses, como parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó los espantosos crímenes del régimen de Nicaragua contra la población civil, que son catalogados como de lesa humanidad.
LA PRENSA/CORTESÍA

El sistema judicial, la Fiscalía, la Policía y virtualmente todas las instituciones del Estado nicaragüense carecen de independencia del Ejecutivo. ¿Cree que es posible lograr justicia en Nicaragua con esa realidad?

En una de las recomendaciones que hacemos como GIEI, señalamos que es fundamental que se cree una fiscalía especial que garantice la independencia, la experiencia que tuvimos al intentar trabajar con la Fiscalía es que, al hablar con la fiscal general, es que ella no se veía a sí misma como un ente autónomo del Ejecutivo, más bien nos pedía que trabajáramos a través del Ejecutivo y por los expedientes que nosotros revisamos, claramente el sistema de justicia funcionó como un engranaje más en las violaciones de los derechos humanos.

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Entonces ¿los presos políticos no tiene ninguna garantía del debido proceso?

Nosotros documentamos que recursos básicos consagrados en la Constitución nicaragüense y en el derecho internacional, como las exhibiciones personales, eran totalmente inefectivos. Incluso, en los pocos casos donde los jueces tenían un actuar correcto, la Policía no les obedecía. Había patrones de violaciones en los plazos de presentación, violaciones al derecho de defensa, la publicidad del proceso —que es fundamental, que es básica—. Los juicios eran a puerta cerrada y solo podían entrar los medios oficialistas. La mayoría de casos de presos políticos están por terrorismo cuando las conductas que se describían, no se enmarcaban dentro de un crimen tan grave como terrorismo, sino era más bien actos que están amparados en el ejercicio de derechos constitucionales como libertad de asociación, de reunión, de libertad de expresión. Entonces, claramente el poder judicial y la Fiscalía han funcionado como un engranaje más. No hay garantías del debido proceso.

¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que sufrieron en su misión?

Nosotros teníamos previsto como GIEI un actuar coordinado con la Fiscalía, la llamada coadyuvancia, y el primer obstáculo es que no pudimos trabajar con los fiscales. Luego el Estado de Nicaragua tenía la obligación de darnos acceso a los expedientes, pero a través del Estado nunca tuvimos acceso a ningún expediente judicial. Los que obtuvimos fueron por otras fuentes. Esos fueron los obstáculos en los que el Estado no colaboró, a pesar de que nos invitaron a Nicaragua en un momento en que quizás necesitaba ganar cierto tiempo, un momento que no tenía el control del país, una cierta debilidad y por eso acepta que llegue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleguemos nosotros, pero luego se cerraron y no colaboraron con nosotros. Accedimos a información por fuentes abiertas y de lo que tuvimos conocimiento fue de muchísimo temor. Los nicaragüenses tenían mucho, muchísimo miedo. Nosotros no actuamos como otras comisiones de la verdad o grupos de investigación, después de los hechos, sino que mientras nosotros estábamos ahí, estaba ocurriendo la famosa Operación Limpieza, eso dificultaba definitivamente el acceso a familiares de víctimas, a sobrevivientes, el desplazarnos incluso.

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He leído con horror y estupor gran parte del informe sobre Nicaragua y quiero preguntarle no solo como una jurista y fiscal experimentada, sino como ser humano, ¿qué le causó más dolor de lo visto en Nicaragua? ¿Cuál fue su peor experiencia?

Como madre, era imposible no sentir el dolor de los familiares de las personas que fueron asesinadas, yo tengo un hijo de 14 años, pensar en el caso de Alvarito Conrado (un niño de la misma edad asesinado el 20 de abril por francotiradores cerca de la Catedral de Managua) y en todos los jóvenes que por expresar su disidencia fueron asesinados. Creo que nos conmovió mucho a todos la fortaleza de las madres, pero también de los padres, de las abuelas, abuelos, los hermanos, en la lucha por la justicia y la verdad. Pero también me conmovió mucho la fortaleza de los estudiantes, cómo en Nicaragua los jóvenes asumieron la lucha por la democracia y el estado de derecho como propia, y creo que fueron los primeros en salir a las calles.

Miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejan el país después de ser expulsados por el régimen de Daniel Ortega.
LAPRENSA/R. FONSECA

En el informe hablan de casos concretos de tortura y agresiones sexuales a los reos políticos. ¿Había una política de Estado en ese respecto?

Las violaciones de derechos humanos son diversas y hay algunas más sencillas de documentar, que son más evidentes, como las muertes o los heridos, incluso los privados de libertad, pero hay otras que son más difíciles de documentar por la situación en la que ocurren y por el temor que tienen los sobrevivientes. Nosotros sí tuvimos conocimiento de casos de tortura y violencia sexual, pero fueron en muchísima menor medida que las otras violaciones de derechos humanos, creemos que en otro momento, cuando existan mejores condiciones, se van a poder documentar con mayor profundidad.

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La masacre del 30 de mayo, el Día de las Madres, marcó un antes y un después en Nicaragua. ¿Tienen conclusiones sobre esa matanza en particular?

Uno de los eventos que está en el informe es justamente lo que ocurrió el 30 de mayo, sí lo documentamos expresamente por lo emblemático de la situación, pero también porque fue uno de los días más violentos. Hubo tres momentos, tres episodios de violencia: uno que no está totalmente esclarecido y es donde fallecieron dos personas. Hay otro donde claramente se documentó el accionar de fuerzas policiales con paraestatales, y un tercer momento de una quinta víctima que muere en una de las esquinas de la UCA, con posteridad. En este momento de violencia directa hay tres víctimas de la matanza.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega (centro), junto a su esposa y número dos al mando Rosario Murillo, y al secretario general de la Alcaldía Fidel Moreno; estos dos últimos sancionados por Estados Unidos.
LA PRENSA/ARCHIVO/EFE

El informe menciona al presidente Ortega, a la señora Murillo y a otros funcionarios como responsables de estos crímenes y pide investigarlos concretamente. ¿Hay evidencias que ordenaron estos crímenes de lesa humanidad?

Para nosotros es claro que había un accionar coordinado de la Policía que ocurría en varios sitios en Managua y del país, en el mismo momento, con las mismas modalidades, eso lleva consigo a subir la responsabilidad porque no se trata del accionar aislado o de una iniciativa de un jefe policial y como esto se repitió en el tiempo, de la misma forma, señalamos en el informe que los altos jefes de la Policía tenían que tener conocimiento y al ser sostenido en el tiempo, tenían que avalar la forma que estaban actuando las fuerzas de seguridad. En Nicaragua, a diferencia de los países de la región, el presidente de la República es el jefe del director de la Policía, es decir, es directamente responsable del accionar de las fuerzas de seguridad, no hay un intermedio, no hay un ministro y por eso es que señalamos en el informe que la responsabilidad llega hasta él y que debe ser investigado. Además, el actuar posterior, en estos casos fueron ascensos, directamente del subdirector y director de la Policía.

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Han concluido su trabajo de investigación sobre las víctimas de la represión en Nicaragua y mucha gente se pregunta ¿qué sigue? ¿Qué esperar? ¿El procesamiento para llevar los delitos de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional puede ser cuestión de meses o años?

Lo que ocurre cuando ciertas conductas pueden ser constitutivas de crímenes de lesa humanidad es que ya no es un asunto nacional, sino que es un asunto que interesa a la comunidad internacional en su conjunto y entonces abre las puertas a distintas jurisdicciones. Por un lado, estos crímenes pudieran ser juzgados por la Corte Penal Internacional, el problema es que Nicaragua no ha suscrito el Estatuto de Roma, entonces ya fuera que Nicaragua sometiera el asunto a la Corte Penal, algo que no va a ocurrir, o que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo presente. La otra vía es que en varios Estados se reconoce el principio de jurisdicción universal, entonces es posible que independientemente de la nacionalidad de los perpetradores y de la nacionalidad de las víctimas, o del lugar donde ocurrieron los hechos, las justicias nacionales de otros Estados conozcan de esos crímenes. Claro, eso tiene la limitación que tuvieran que estar fuera del país los perpetradores para poder ser capturados y puestos a disposición de estas otras jurisdicciones, aquí mismo en Guatemala tuvimos el caso que por el crimen de genocidio se emitieron órdenes de captura internacionales en España, contra varios exjefes de Estado y exministros de Defensa de la época y tenían el país como cárcel.

Un joven coloca la bandera de Nicaragua sobre la tumba de unos de los asesinados del régimen orteguista. LA PRENSA/Magazine

Usted fue fiscal general de Guatemala y procesó a Ríos Montt por genocidio. ¿Ve en un futuro cercano algo similar en Nicaragua con la pareja actual?

Para fortalecer la democracia y el estado de derecho, lo ideal es que los procesos sean nacionales pero para eso se tendrían que constituir entes independientes, las actuales condiciones del sistema de justicia de Nicaragua hacen muy difíciles que puedan haber investigaciones independientes, tendría que haber un proceso de nombramiento de una fiscalía especial autónoma, puede ser de fiscales nicaragüenses acompañados de fiscales internacionales, una jurisdicción especializada, también con jueces nicaragüenses pero que sean electos por sus méritos, y no por su afinidad o pertenencia al partido.

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¿Qué piensa sobre la reacción del régimen de Ortega al reporte?

Ni siquiera nos dio la oportunidad de entregarlo. Pedimos cita a finales de noviembre y pedimos cita en diciembre porque el convenio establece que teníamos que entregar nuestras recomendaciones finales y un informe de nuestra gestión, y la respuesta fue la cita de Cancillería donde se nos informó que teníamos que salir del país.

¿Esperaban esa expulsión ustedes?

Había un antecedente muy grave, que es cuando expulsaron a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y desde ese momento estuvimos conscientes de que podía ocurrir, aunque nosotros actuamos siempre en el marco del convenio y no dimos motivo, no dimos ninguna razón para que actuaran de esa forma tan arbitraria.

¿Durante su misión, llegaron a temer por sus vidas?

No. Mas nuestro temor era por las personas con quienes nos encontrábamos, por los nicaragüenses que confiaron en nosotros, los que nos dieron información.

La Policía Orteguista se ha convertido en un brazo represor del régimen Ortega-Murillo, desde que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, que ha dejado a más de trescientos nicaragüenses asesinados.
LAPRENSA/ARCHIVO

¿Había visto usted este nivel de deterioro de libertades y derechos humanos en tan corto tiempo en un país latinoamericano en las últimas décadas?

Desafortunadamente en el hemisferio tenemos problemas gravísimos de violaciones de derechos humanos, pero el de Nicaragua es emblemático en muchos sentidos: en la concentración de muertes violentas en un periodo tan corto de tiempo, el actuar abierto de la Policía disparándole a personas manifestantes porque el ataque a la libertad de expresión ha sido sistemático, el ataque a los medios de comunicación, desde los reporteros que estaban siguiendo la noticia en el lugar hasta allanamientos de medios de comunicación últimamente, el ataque directo a las organizaciones de derechos humanos, lo del Cenidh, no se ha visto en décadas en Centroamérica, cerrar una organización, confiscar sus bienes, perseguir a sus directivos. En ese sentido, es sumamente preocupante lo que ocurre en Nicaragua y tiene que llamar a la atención internacional para actuar en defensa de los derechos humanos.

Pero también es sorprendente que los gobiernos centroamericanos han mostrado una pasividad notable, un silencio, con excepción de Costa Rica. ¿Por qué cree que actúan así?

En el caso de Guatemala, es sumamente preocupante porque además ocurre como de forma coordinada, es increíble pero el día que expulsaron al comisionado de la Cicig acá, Iván Velásquez, expulsan a la oficina del Alto Comisionado en Nicaragua y el día que nos expulsan a nosotros en diciembre, les quitan las visas a los investigadores de la Cicig, entonces sí es sumamente preocupante, la voz de Guatemala debería escucharse en la OEA condenando el régimen de Nicaragua, y no ha sido así.

¿Ve usted riesgos de que una situación similar pueda ocurrir en otros países centroamericanos en el corto o mediano plazo? ¿Qué deben hacer estas sociedades para evitarlo?

Creo que este es un llamado a los ciudadanos a exigir lo que es suyo: la democracia y el estado de derecho, y también a la comunidad internacional a estar muy vigilante porque los malos ejemplos se imitan.

Nosotros sí tuvimos conocimiento de casos de tortura y violencia sexual, pero fueron en muchísima menor medida que las otras violaciones de derechos humanos, creemos que en otro momento, cuando existan mejores condiciones, se van a poder documentar con mayor profundidad”.
Claudia Paz y Paz, investigadora del GIEI

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