Sistema de justicia penal es verdugo de autoconvocados en Nicaragua

Sistema de Justicia Penal garantiza impunidad a los asesinatos perpetrados durante la represión

Niegan el acceso a los Juzgados de Managua a Amérigo Incalcaterra, miembro del GIEI de la CIDH en Nicaragua. LA PRENSA/ M. VÁSQUEZ

La violación de derechos humanos en Nicaragua en el contexto de la rebelión cívica contra el régimen de Daniel Ortega, se realiza con “garantía de impunidad”, dice el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Para ello utiliza al sistema de justicia penal, Policía, Fiscalía y Poder Judicial, para que cada uno garantice la no judialización de los verdaderos responsables de los crímenes cometidos contra el pueblo nicaragüense.

“La información disponible indica que ni el sistema de justicia penal, ni los mecanismos internos de la Policía Nacional han actuado debidamente frente a crímenes y abusos a todas luces evidentes”, dice el informe.

El GIEI analizó 109 muertes violentas registradas entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, período que le correspondió investigar y afirma que de estas solo nueve se han judicializados y adolescen de graves deficiencias, el resto están impunes.

“No se ha conocido ninguna investigación del Ministerio Público en la que se haya señalado la responsabilidad de integrantes de la Policía Nacional, ni de autoridades políticas, ni de personas que hayan actuado de manera coordinada con el Estado integrando grupos de choque o grupos armados paraestatales”, dice el informe del GIEI.

Falta de independencia

En más de un caso las familias han presentado fotos y videos que permitirían al Ministerio Público formular acusaciones contra integrantes de la Policía Nacional, pero esta institución lo que hizo fue archivar los casos. Las familias de las víctimas desconfianza en el sistema institucional, tanto así que prefieren no denunciar y tienen la certeza de que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial son agencias totalmente dependientes del poder político.
Según el informe del GIEI el Ministerio Público se negó a proporcionar información sobre las investigaciones y a reunirse con el GIEI a efectos de permitir ejercer la coadyuvancia, pese a existir una obligación en virtud del acuerdo firmado por el Estado, deja en evidencia la falta de voluntad en el esclarecimiento de los hechos y su falta de independencia

Así mismo, se lee en el informe que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas , se comprometió en la segunda reunión mantenida con el Estado, a facilitar el ingreso a los juicios orales y a comunicar el calendario de audiencias a los expertos del GIEI, sin embargo, esto nunca sucedió y cuando se presentaron a los juzgados, se les impidió el ingreso con aprobación de la Corte.

El GIEI también recibió información que indican que dentro de la estructura del Ministerio Público existe un grupo de fiscales y funcionarios, muy cercanos a la Fiscal General, Ana Julia Guido, que se encarga de “fabricar” los casos para sostener acusaciones contra las personas seleccionadas, a quienes llaman opositoras.

Según el GIEI, el Sistema de Justicia de Nicaragua, lejos de cumplir con su obligación de protección, se ha constituido en una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos, a través de la criminalización de ciudadanas y ciudadanos que participaron en las protestas.

También criticó que los casos judicializados en este contexto “no satisfacen los estándares básicos relativos a un juicio justo”. Se les acusa y sanciona penalmente por conductas que muchas veces se corresponden con el ejercicio de derechos fundamentales.

Policía no aplicó Ley

La Policía Nacional también no aplicó su legislación donde se imponen sanciones por el uso de la fuerza desmedida, ley 872 y el decreto 51/2012. A pesar que los afectados denunciaron ante Asuntos Internos la brutalidad policial ninguna prospero, incluso ahora ni reciben las denuncias.

“Las conductas de uso abusivo de la fuerza no fueron acciones aisladas de uno o más agentes de policía, sino que fueron parte de una política ordenada y avalada por las mismas autoridades de la Policía Nacional y del Estado”, se lee en el informe.

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