A Estados Unidos le tomó 11 años prestar atención a la tragedia de Nicaragua. Mucho tiempo para comprender que la diplomacia privada no tendría éxito. Ortega ganó tiempo, se enriqueció y desmanteló la frágil democracia con la complicidad de sectores económicos y políticos.
Reportes de la Embajada estadounidense en Managua, publicados anualmente por el Departamento de Estado, indicaban en detalle los atropellos del régimen sandinista. Pero las señales de alarma aportadas por distintos embajadores no fueron suficiente. Han sido fallas evidentes para anticipar los desbalances en la región o lidiar con ellos oportunamente. Quizás por falta de opositores locales confiables, quizás distraídos por el Medio Oriente, quizás por el marcado desinterés del expresidente Barack Obama.
Por eso es llamativo que fuera el presidente Donald Trump, de quien se dijo que países del tercer mundo le resultaban equiparables a sumideros (traducción generosa del inglés shitholes), quien declarara al régimen Ortega-Murillo —con lo que implica— una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, o no haya titubeado en sancionar a altos funcionarios bajo la Global Magnitsky Act, o firmado la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act) en días, luego que la Cámara de Representantes y el Senado la aprobaran de forma unánime.
Ha sido lamentable que sectores despertaran, incluyendo a Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), hasta que Ortega-Murillo causaron centenares de muertes, desaparecidos, secuestrados, torturados, miles de exiliados, persecución a medios de comunicación y periodistas. Por más de una década fueron señalados fraudes electorales en elecciones presidenciales y municipales de 2008, 2011, 2012, 2016 y 2018; convertir las fuerzas armadas y policiales en guardias partidistas, reprimir la ciudadanía, someter instituciones y poderes del Estado, corrupción, utilizar el aparato judicial para intimidar opositores, y más.
Sin embargo, bienvenido el despertar, sin duda debido a la ininterrumpida denuncia que incansable lideró por años la congresista Ileana Ros-Lehtinen, creadora de la Nica Act, que sanciona económicamente al régimen —sin afectar la ayuda humanitaria a la población— hasta que cese la represión, se realicen reformas para elecciones honestas anticipadas y se imparta debida justicia. Sin olvidar que incluye uso de más sanciones a Ortega-Murillo y cómplices, quienes podrían ser enjuiciados en Estados Unidos.
Esto no es injerencia, sino acudir en defensa de los indefensos, de las víctimas. Nicaragua está secuestrada y padece una dictadura que aterroriza y asesina. Por eso, el liderazgo estadounidense como promotor y defensor de la democracia, por principios e incluso conveniencia, conlleva una responsabilidad que todo indica cumplirá a cabalidad. Estados Unidos despertó. Y parece ir tras Ortega-Murillo, con o sin Carta Democrática de la OEA.
El autor es periodista.