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CONTENIDO EXCLUSIVO.Este 10 de enero de 2019, el periodismo independiente en Nicaragua atraviesa su peor momento en la historia moderna, bajo 12 años de dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidente impuestos por el Poder Electoral.
Así lo visualiza de manera categórica el periodista y fundador del movimiento de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Guillermo Cortés.
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“La dictadura recrudece cada vez más sus políticas de terrorismo de Estado contra los periodistas en un intento de impedir que la ciudadanía sea informada de lo que pasa, pero el periodismo nacional no cede, no retrocede, sigue adelante…”, dijo.
12 años de asedio
Cortés recordó que el asedio contra la prensa independiente inició tímidamente en el propio primer año del gobierno en 2007, luego de que el recién estrenado gobierno lanzara una estrategia de comunicación excluyente, en la que priorizó la información de “mensajes incontaminados” para sus medios de comunicación y periodistas.
“En ocasión del Día Nacional del Periodista, presentamos un análisis de dicha estrategia, en la que señalábamos que se avecinaba un control de la prensa independiente, porque en dicho documento oficial se dividía en dos a los medios de comunicación: los del gobierno y los contaminados que no decían la verdad”, recuerda.
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Según Cortés, en dicha estrategia se establecieron las bases para lo que vendría muy pronto: a. Uso de la pauta publicitaria para premiar y castigar a los medios; b. Desacato y violación sistemática a la ley de libre acceso a la información pública; c. Prohibición a periodistas independientes a asistir a conferencias de prensa de los entes estatales; d. Concentración de la información en manos de Rosario Murillo; e. Negativa del presidente de la república, Daniel Ortega, de dar conferencias de prensa; y f. Inicio de la construcción de un imperio mediático televisivo con parte de la cooperación venezolana.
“Estas son las características que se fueron desarrollando hasta inicios de abril del 2018”, y se sostienen todavía dijo.
Antes, intentó un acercamiento a la prensa en general que no resultó: en febrero del 2007, Ortega publicó un documento denominado Política de Comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en el que expresaba que habría “libre acceso a las fuentes, libre difusión de los mensajes y libre recepción de los mismos”.
“Creemos que la comunicación democrática es multi-lateral, competitiva, con una pluralidad de emisores, con diversidad de canales, con contenidos sujetos a contestación y crítica, y con variados públicos a los que es necesario informar. Se basa en el valor central de la libertad de expresión y opinión “, decía el documento.
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“Esto es, libre acceso a las fuentes, libre difusión de los mensajes y libre recepción de los mismos por personas que tienen derecho a estar informadas. La libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos incluye la crítica a la autoridad, el debate público, el libre intercambio de ideas y el derecho a la diferencia. Una sociedad libre no puede existir sin medios de comunicación libres”, decía el documento leído a viva voz por Rosario Murillo, vocera del régimen.
Además, establecía que se hacía “necesario contar con un nuevo marco legal y con reformas a la legislación vigente…”, con tres principios fundamentales:
I. El irrestricto apego a la Constitución Política de Nicaragua.
II. El derecho social a la información y libre expresión.
III. El derecho ciudadano a participar en las decisiones públicas.
Pocos días después, el primero de marzo del 2007, Ortega firmó un Acta de Compromiso con el Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN), en el cual habló de “distribución justa de la publicidad estatal para pequeños y medianos empresarios de radios, prensa escrita, programas de televisión y medios electrónicos a nivel nacional”.
Según el acuerdo de 12 puntos, dos sorteos de la Lotería Nacional se efectuarían en mayo y septiembre para crear un fondo de apoyo a las actividades del Colegio.
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El gobierno apoyaría iniciativas del Colegio para promover políticas que generen beneficios y estabilidad laboral para los periodistas.
La administración sandinista, según el acuerdo, iba otorgar espacios de seis horas a periodistas afiliados al Colegio en la estatal Radio Nicaragua para programas de noticias en la mañana y la tarde, tiempo local, en la que sólo pagarían el 10 por ciento de la publicidad que contratasen.
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), como parte del compromiso, suspendería el pago de 40.000 córdobas (2.205 dólares) como garantía para renovación de licencias que tenían que hacer pequeños empresarios de radio.
Ortega también anunció entonces que los 38 diputados sandinistas de un fondo que reciben para actividades sociales destinarían el 20 por ciento para crear un fondo de pensión para los periodistas de la tercera edad.
Explicó que cada mes se efectuaría una reunión del Consejo de Comunicación y Ciudadanía el Colegio de Periodistas para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
La firma del documento se efectuó en la Secretaría General del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), donde Ortega dio lectura a los puntos acordados entre su gobierno y el Colegio de Periodistas, que desde entonces empezaba a plegarse a la política del régimen.
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La Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), otra organización que también agrupa a hombres y mujeres de prensa, celebró separadamente el Día Nacional del Periodista, instituido por ley desde 1964.
Sin embargo, los planes quedaron en el olvido y poco a poco, según Cortés, el gobierno fue cerrando los espacios a los medios independientes y creando una atmósfera de odio contra los periodistas independientes.
Ortega mintió
“Al iniciar enero del 2019 y recordar el 40 aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal por parte de la dictadura somocista, asistimos a la peor situación en la historia de nuestro país, de violaciones masivas a la libertad de expresión y de prensa y de agresiones al periodismo nacional, con un muerto, Ángel Gahona, de Bluefields, dos periodistas secuestrados y encarcelados, Miguel Mora y Lucía Pineda”, dijo.
“El cuadro represivo lo completan los allanamientos violentos a las instalaciones de cuatro medios de comunicación y la confiscación de los activos del canal de televisión”, observó Cortés.
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“El periodismo nacional vive una crisis humanitaria de derechos humanos. Hoy mismo (ayer) los antimotines rodearon Hispamer porque ahí se realizaba una actividad de periodistas. Decenas de periodistas y comunicadores han sido golpeados, heridos, apuntados en sus cabezas con cañones de fusiles de guerra y pistolas, obligados a lanzarse al piso, robados sus equipos como cámaras de televisión y fotográficas, abollados varios vehículos, periodistas obligados a huir por las montañas o refugiados fuera de sus domicilios y ciudades, etc. El régimen aplica una política de terrorismo de Estado”, acusó.
Ante la pregunta sobre¿Qué legado está dejando el periodismo nicaragüense bajo la dictadura de Ortega?, Cortés responde:
“Hay un legado de periodistas y comunicadores independientes en el sentido de buscar cómo informar la verdad, lo que realmente está ocurriendo, es un compromiso con la libertad de expresión y de prensa”. “Un legado relevante es que con la información que servimos, los periodistas contribuimos al ejercicio de la ciudadanía y a la construcción y ejercicio de ciudadanía, porque con la información veraz, la población se informan, se orienta sobre lo que ocurre, se forma criterios y toma de decisiones que pueden relacionarse con la transformación de su entorno social. Los periodistas asumieron un compromiso con la veracidad pero no han sido neutrales porque abrazaron los derechos humanos y rechazaron toda práctica corrupta y criminal”.
Para el periodista y catedrático Alfonso Malespín, la realidad no puede ser lejana a la visión de Cortés.
–¿Qué ocurre con el periodismo en Nicaragua? se le consulta.
“La rebelión civil que explotó por todo el país en abril de 2018 tomó a los medios y periodistas por sorpresa. La sorpresa aumentó cuando los medios tradicionales resultaron insuficientes para abordar la crisis social y política de Nicaragua. Las redes sociales se apoderaron de la opinión pública y medios y periodistas tuvieron que modificar sus rutinas. Casi un año más tarde, los medios sufren una profunda crisis. Su modelo de negocios fue hecho añicos, sus capacidades para enfrentar las diversas agresiones han supuesto un desgaste muy fuerte, y el ambiente es más hostil que nunca para sus periodistas”.
Un reporte de la Fundación Chamorro Barrios reporta más de 720 agresiones contra los medios y casi 60 periodistas exiliados ¿Por qué se han ido los periodistas independientes?
“La crisis social, política y económica ha dañado profundamente a los medios de comunicación. Así como el resto de la economía ha perdido cientos de miles de empleos, las empresas informáticas han perdido entre el 50% y el 95% de sus ingresos. Ante esto, debían reducir o eliminar puestos, entre ellos periodistas. A esto se suma el terrorismo de estado, que usa a sus agentes para asediar, criminalizar y perseguir a periodistas. Ante esto, más y más periodistas se van para no ser capturados o muertos”.
–¿Es algo usual lo que está pasando?
Nicaragua es un ambiente hostil para hacer periodismo. Es un contexto anormal. El gobierno no tolera informaciones ni opiniones críticas. Y así como usa métodos represivos para evitar que la gente exprese su descontento en las calles, también los usa para atacar a medios y periodistas.
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Un informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, denominado “2018 Año de Jornada Represiva contra la Libertad de Prensa en Nicaragua”, revela que entre abril y diciembre del año pasado se produjeron 712 violaciones a la libertad de prensa y el ejercicio periodístico en Nicaragua, entre abril y diciembre de 2018.