Mientras Putin sea presidente de Rusia, no hay posibilidades de que Daniel Ortega y sus cómplices sean juzgados por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI) de acuerdo con el Estatuto de Roma. Propongo una alternativa, un tribunal especial bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos.
Rusia es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como tal, tiene el poder de vetar cualquier proyecto de resolución para referir la situación de Nicaragua a la CPI. No se necesita ser un mago para adivinar cómo Rusia votaría.
Ante la certeza de un veto ruso, sería un error diplomático grave incitar al Consejo de Seguridad a que intente referir la situación de Nicaragua a la CPI. Daniel Ortega tampoco va a firmar el Estatuto de Roma de la CPI en ningún momento. Y si bien un nuevo gobierno podría firmarlo en un futuro, de por sí incierto, el tiempo apremia. Nicaragua y las familias de esos muertos, torturados, desaparecidos y presos políticos necesitan justicia ya. Una justicia de verdad, no como la impartida por los bufones del poder judicial nicaragüense.
La justicia podría llegar muy pronto si somos creativos. Aunque los caminos en este caso no llevan a Roma, sí llevan a Washington. El Consejo Permanente de la OEA perfectamente podría decidir crear un tribunal penal especial para Nicaragua apoyándose en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Este tribunal penal sería complementario a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por su jurisdicción limitada, no puede establecer responsabilidad penal individual por violaciones a los derechos humanos americanos. El tribunal penal especial además podría ser establecido en cualquier país del mundo, con sus propios jueces y fiscales, y con un estatuto diseñado específicamente para castigar los horrores cometidos por funcionarios del régimen, incluso del poder judicial. Crear un tribunal de este tipo no es fácil. Se necesitan recursos económicos y sobre todo el apoyo de Washington. Si Estados Unidos realmente está comprometido con la justicia en Nicaragua, debería apoyar una iniciativa de este tipo.
Si los Estados Unidos o algún otro país del hemisferio dijera que no pueden apoyar esta iniciativa porque la OEA no tiene autoridad legal para crear un tribunal penal especial, habrá que recordarle lo que la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, le respondió a su contraparte del Reino Unido cuando este le informó que los abogados del gobierno británico habían dicho que la intervención de la OTAN en Kosovo sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU era ilegal: “Búsquese otros abogados”. Solo se necesitan creatividad y voluntad de ayudar al aguerrido pueblo de Nicaragua a vencer a la dictadura.
El autor es diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
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