CIDH insta a los países de la OEA a actuar de forma más enérgica contra el régimen Ortega-Murillo

La grave crisis en Nicaragua obedece a la instalación de facto de un estado de excepción, dice la CIDH

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. LA PRENSA/TOMADA DEL 19 DIGITAL

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de Nicaragua restablecer las condiciones para garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos de los nicaragüenses. Asimismo llamó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a actuar de forma enérgica “frente a la configuración de crímenes de lesa humanidad, la evidencia disponible sobre la crisis de derechos humanos y la consecuente alteración del orden constitucional nicaragüense”.

“La CIDH advierte que la grave crisis de derechos humanos en el país se ha extendido por más de ocho meses, debido a la instalación de facto de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al Gobierno, el allanamiento, clausura y censura de medios de comunicación, la prisión o exilio de periodistas y líderes sociales, así como a la injerencia y el control del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos”, indicó un comunicado emitido la tarde del jueves en Washington.

De acuerdo a la CIDH, estos factores perpetúan la impunidad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de la represión estatal a las protestas, que causaron la muerte de al menos 325 personas y más de 2,000 heridas.

Le puede interesar: CIDH señala “extrema preocupación” por disposición de Policía Orteguista sobre marchas en Nicaragua

Al tiempo que señala que “la injerencia y control” por parte del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos, es resultado de otros factores como la injerencia partidista en todas las instituciones públicas a través de los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS), el control de los medios de comunicación y “el falso contrapeso” que ejerce la Asamblea Nacional.

Y le señala que según información con que cuenta esa Comisión, desde hace varios años, la Asamblea Nacional “funciona como una rama del Poder Ejecutivo”. Pone de ejemplo que decretó la disolución forzada de nueve organizaciones defensoras de derechos humanos y opositoras al régimen, “como represalia a su trabajo por denunciar la grave situación del país, situación que ha sido materia de pronunciamiento de la CIDH”.

Igualmente señala que el 21 de diciembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) instalado por la CIDH en su informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 confirmó los hallazgos de la visita de trabajo realizada por esa Comisión en mayo del 2018, en cuanto al uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones, la participación de agentes parapoliciales y un patrón represivo consistente en la detención de centenares de personas y la negativa de brindar atención médica de urgencia a los heridos.

También el Poder Judicial

Igualmente, indica la CIDH, la independencia judicial “es una característica fundamental de la separación de poderes para garantizar el Estado democrático de Derecho”.

Sin embargo, en Nicaragua en este contexto de crisis se han ejecutado cientos de detenciones arbitrarias; la criminalización selectiva y masiva de diferentes sectores bajo cargos infundados y desproporcionados; con un patrón sistemático de violaciones a las garantías del debido proceso.

En todo esto ha prevalecido la falta de efectividad del recurso de exhibición personal; las irregularidades en la defensa legal “así como la apertura de procesos relacionados con figuras penales como las de terrorismo interpretadas en forma incompatible con la vigencia de la sociedad democrática”. Le agrega el incumplimiento de órdenes de libertad y en general, “la manipulación del derecho penal para la judicialización de toda oposición”.

×

Apoye el periodismo independiente. Lo invitamos a compartir este contenido.

Comparte nuestro enlace: