Las características de la violencia estatal en Nicaragua demuestran que existió una decisión de impulsar “desde el poder del Estado una línea de conducta que implicó la comisión de múltiples acciones delictivas contra manifestantes y opositores políticos; específicamente, asesinatos, encarcelamiento, persecución, violación, tortura y, eventualmente, desapariciones forzadas”.
Lo anterior lo afirmó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, durante su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA),en la que fue abordada la situación de Nicaragua.
Según la CIDH, la violencia represiva del régimen causó 325 personas asesinadas y más de 2000 personas heridas; 550 personas detenidas y enjuiciadas; alrededor de 300 profesionales de la salud despedidos de sus empleos y la expulsión de, al menos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
“De hecho, durante el 2018, la Comisión Interamericana solicitó al Gobierno de Nicaragua la adopción de 62 medidas cautelares, a través de 29 resoluciones, para proteger de manera directa a 137 personas”, expuso Abrao.
“En la articulación de la represión a esa escala, los órganos previstos en la Constitución Política nicaragüense desnaturalizaron gravemente sus funciones, poniéndose al servicio de la represión y el acallamiento de toda voz opositora al Gobierno y además, desplegándose para evitar que las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a las que tienen derecho”, dijo Paulo Abrao.
El secretario ejecutivo de la CIDH, destacó que las conclusiones emitidas por el Grupo Interdisciplinrio de Expertos Independientes (GIEI), en su Informe final sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, señaló que “en el Estado de Nicaragua se realizaron conductas en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad”.
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“Esta conclusión está basada en la cantidad de víctimas, la gravedad de las acciones de represión, en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado, y que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal”, sostuvo Abrao, que mencionó que en su mayoría los tribunales “en evidente colaboración con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública”, han seguido las directrices del régimen Ortega Murillo “dando muestras de falta de independencia”.
De esta manera los tribunales han ordenado o permitido la aplicación la prisión preventiva contra los casos de personas opositoras al régimen sin consideración al delito por el que se les acusa; no han declarado en ningún caso la ilegalidad de los centenares de detenciones arbitrarias, muchas incluso ejecutadas por agentes parapoliciales, con uso desproporcionado de la fuerza y fuera de los plazos constitucionales, limitado el derecho a defensa de los acusados, han usado de forma generalizada “tipos penales abiertos y desproporcionados para criminalizar a manifestantes, entre otras violaciones a la libertad personal y debido proceso”.
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Para Abrao, la falta de una administración de justicia independiente en el país se evidencia además con que aún no se ha iniciado la investigación de ningún caso de los cientos de asesinatos producidos a manos de las fuerzas policiales o parapoliciales, “lo que además de evidenciar la falta de independencia judicial, viola el derecho a la verdad y a la justicia que tienen las víctimas”.
Menciona Abrao que en uno de los únicos casos investigados, a pesar de que las evidencias apuntaban como autores las fuerzas de seguridad, el régimen investigó a civiles considerados por la sociedad civil y los mismos familiares de las víctimas, como inocentes.
En relación con la Policía Orteguista, dijo las protestas fueron reprimidas mediante el uso de la fuerza desproporcionada, y muchas veces letal, por grupos parapoliciales y policiales, bajo el mando del dictador Daniel Ortega, que según la ley nacional es el Jefe Supremo de las mismas.
“Se ha generado un estado policial en el país en que toda protesta social se califica de ilegal. Del mismo modo, la Policía, sin ninguna base legal, ha allanado y ocupado instalaciones de personas y organizaciones de derechos humanos, así como de medios de comunicación independientes”, sostuvo Abrao.