Ley de «reconciliación» de Rosario Murillo es para olvidar la masacre orteguista

Propuesta de “reconciliación” ofrece fórmula mágica para acabar violencia. La Policía Orteguista sería impulsora del "diálogo" en las comunidades

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La mayoría de las víctimas asesinadas durante la represión del régimen orteguista siguen en la impunidad, mientras la dictadura acusa y condena sin pruebas a los opositores que se expresaron contra ella. LA PRENSA/ARCHIVO

La dictadura orteguista no quiere que se hable de la crisis sociopolítica del país, desatada por la represión contra la protesta ciudadana en su propuesta de Ley de reconciliación, ideada por la cogobernante Rosario Murillo y que sería presentado a más tardar el lunes en la Asamblea Nacional.

El anteproyecto de “Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz” recoge íntegramente la política que diseñó Murillo en noviembre pasado.

La versión final la mandó a Murillo el 9 de enero el orteguista y reelecto presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, y la codictadora este jueves circuló la iniciativa de Ley a las embajadas acreditadas en el país y las de Nicaragua en el extranjero, los medios de comunicación y agencias internacionales y las estructuras orteguistas.

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Según el documento, el régimen ofrece su Ley de “reconciliación” como una fórmula mágica para acabar con los conflictos familiares, en las escuelas y de la comunidad pues establece que esa política “es una herramienta jurídica que permite eliminar la violencia como método para resolver los conflictos”.

La dictadura de Daniel Ortega y Murillo pretende legalizar el control político y el adoctrinamiento partidario en el ámbito de la familia, de las escuelas, los barrios e incluso de las iglesias con la imposición de su modelo de “cultura de paz y reconciliación”, pero sin reconocer su responsabilidad en la masacre estatal que ha dejado entre 325 y 535 muertos desde abril, según han documentado organismos de derechos humanos.

PO represora a  cargo de diálogo

Las estrategias serían ejecutadas por los ministerios de Educación, Salud, de la Familia y la Policía Orteguista (PO). En la propuesta se legaliza que la PO podrá intervenir en las consejerías escolares y familiares, además de que impulsará el “diálogo y la reconciliación” con su planes de seguridad comunitaria.

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La PO es responsabilizada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales de cometer una serie crímenes contra el pueblo al dirigir y ejecutar los ataques armados contra las protestas, realizar detenciones ilegales, torturas entre otras violaciones de derechos humanos.

Violeta Granera, directiva del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD) y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dijo que esa la Ley evidencia que los funcionarios del régimen “cada día se alejan más de la realidad” y pretenden “echar un manto a su pasado criminal, pero es inútil porque en Nicaragua hemos dicho que no hay perdón ni olvido”, afirmó.

“Hemos dicho que no puede haber reconciliación sino hay justicia, reparación de las víctimas de la masacre”, dijo Granera.

“Son locuras de doña Rosario”

En las recientes comparencias públicas los funcionarios dejaron de mencionar la crisis sociopolítica y ya ni repiten su versión de que las protestas fueron un intento de golpe de Estado contra el régimen de Ortega-Murillo.

Ayer por ejemplo, Rosario Murillo, en su intervención en los medios oficialistas, se refirió a protestas como “las interrupciones que se dieron”, “pero lo que paso, no lo podemos cambiar” pero que debía seguir adelante el país.

De la misma forma habló Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, durante el IV Foro de Amor, Paz y Solidaridad con Nicaragua, tampoco habló de la crisis sociopolítica. “Lo que pasó, pasó, ya pasó y como decimos en Nicaragua, ahora vamos en otro camino”, dijo Porras.

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Para la opositora Violeta Granera la negación de la masacre y la Ley de “reconciliación” son parte de una estrategia “de la mentira” diseña por Murillo.

“Esas son las locuras de doña Rosario. Lo digo con vergüenza y dolor, Nicaragua está secuestrada por personas que no se le pueden analizar con teorías políticas sino en base a patologías de violencia y negación que solo pueden venir por personas que no están equilibradas mentalmente y por eso es que no hay empatía con la realidad”, dijo Granera.