Rafael Solís desnudó el discurso oficial de la dictadura orteguista

Moisés Hassan y Óscar René Vargas sostienen que se pone en aprietos a la pareja dictadora, ya que la renuncia del magistrado constituye un golpe duro al FSLN

Repliegue del 2008, cuando Rafael Solís y Daniel Ortega coincidían en la confusión Estado-partido-familia de la dictadura.

Rafael Solís, uno de los hombres de confianza de Ortega, acusó al dictador y su pareja, Rosario Murillo, de ser responsables de la masacre en Nicaragua desde abril del 2018. LAPRENSA/ARCHIVO

La renuncia y denuncia del magistrado orteguista, Rafael Solís, a su cargo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a su partido —Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—, además de constituir un golpe duro al FSLN, también desnuda el discurso oficial del orteguismo que justifica la represión estatal ante un supuesto golpe de Estado.

“Es una renuncia y denuncia ruda, fuerte porque está denunciando todo lo que se ha estado viviendo, aunque él solo habla de estos nueve meses de terror, pero Nicaragua vive esta pesadilla desde hace varios años, pero quién dudaba aún lo que vivía el país, pues allí está la respuesta de toda la falta del Estado de Derecho y de represión que hemos vivido en boca de uno de los cómplices de Daniel Ortega”, asegura Moisés Hassan.

Hassan dice que la denuncia de Solís provocará desánimo en las bases de ese agrupación política que Daniel Ortega y Rosario Murillo administran con mano de hierro.

Lea también: Rafael Solís renuncia como magistrado de la Corte Suprema de Justicia

“Naturalmente la desmoralización ya existe en la escasa clientela orteguista y hay que recalcar que por conveniencia o por miseria probablemente había un 28 o 30 por ciento de la población en su mejor momento, pero en esta última etapa, entre beneficiados y atemorizados, difícilmente lleguen a 10 por ciento”, señala Hassan, exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en los años 80 y quien ha sido víctima del orteguismo, cuando le quitaron la personalidad jurídica a su agrupación política, Partido Acción Ciudadana (PAC).

Sin voluntad de diálogo

En su carta de renuncia, el alto funcionario orteguista denunció la represión del régimen contra las protestas civiles que demandan la salida de Ortega del poder desde el 18 de abril pasado, la cual ha dejado más de trescientos muertos, según organismos de defensa de derechos humanos.

“En tres diferentes ocasiones a lo largo de estos nueve meses pensé en enviarles la misma (misiva), pero siempre tuve la duda que a través del Diálogo Nacional de la naturaleza que fuera y aún con más actores y mediadores, el Gobierno presidido por ustedes pudiera corregir los graves errores cometidos a lo largo de este período”, se lee en la misiva de renuncia.

“Sin embargo, finalizó el año 2018 y nada de eso ocurrió; más bien todo lo contrario: el gobierno fue endureciendo sus posiciones hasta llevarnos a un aislamiento internacional casi total y no veo sinceramente la más mínima posibilidad que ahora en el 2019 se retome un verdadero y nuevo diálogo nacional que logre la paz, la justicia y la reconciliación”, añadió.

Desgrane mayor en estructuras orteguistas

Para el también exmilitante del FSLN, Óscar René Vargas, la denuncia y renuncia del hombre fuerte de Daniel Ortega, en la cuestionada Corte Suprema de Justicia (CSJ), tiene solamente efectos negativos para el caudillo y su partido.

“La renuncia es producto o efecto de la Ley Magnitsky, nadie quiere arriesgarse a tener una muerte civil a nivel internacional”, consideró Vargas. A su juicio, la denuncia de Solís se convierte en un problema serio para la dictadura.

“Un golpe muy fuerte. Es un miembro destacado de la nueva clase y de la nomenclatura de alto nivel del partido de gobierno. El problema del régimen será cómo explicar su carta de declaración que no concuerda con el discurso oficial”, afirmó Vargas.

Lea también: Rafael Solís, el operador político de Ortega en el poder judicial

El sociólogo asegura que además de causar un desgrane en el partido gobernante dentro de sus bases, provocará una desconfianza entre jueces y la CSJ en su conjunto.