El jurista y exasesor del Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete, estima que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, no se escapa a las sanciones estadounidenses, pese a que renunció al cargo judicial y a su militancia en el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Poblete aseguró que Solís sigue siendo candidato de sanciones, igual que todos los funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por medio de legislaciones estadounidenses, como la recién aprobada Nica Act y la Ley Global Magnitsky (Glomag), entre otras herramientas que se utilizan contra violadores de derechos humanos y corruptos.
A través de una carta pública y de denuncia, Solís, exoperador político de Ortega, renunció al cargo de magistrado y confirmó que en Nicaragua no hubo golpe de Estado, ni agresión externa, sino represión brutal y el uso de armas de guerra contra civiles; falta de voluntad de Ortega al diálogo, el “secuestro” del poder judicial, y que encamina al país a una guerra civil.
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Para Poblete, de ser auténtica la carta de Solís, no lo exime de responsabilidad. Y es que Solís fue pieza clave en la destrucción de la institucionalidad del país y el artífice del fallo judicial que facilitó la primera reelección inconstitucional de Ortega, que dio paso a la instauración de la dictadura.
Poblete ve dos opciones
“Podría estarse protegiendo (de sanciones o juicios perseguibles) o tener remordimiento (por los crímenes cometidos por su gobierno)”, valoró Poblete.
A su juicio, hay que estudiar no solo lo que dice Solís en su carta, sino como actúa y la postura que adoptará de ahora en adelante.
“Desde el punto de vista estadounidense no es suficiente para evadir sanciones, está dando evidencias para sanciones (contra el régimen), incluyéndolo a él”, afirmó el jurista, quien considera que la carta es de contenido político.
A lo anterior se suma la aplicación de la justicia universal que anunció el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el pasado 28 de diciembre, cuando anunció el inicio del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
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El experto estima que si hay otras renuncias como la de Solís, se podría concluir que el sistema está colapsando.
“Creo que el régimen tiene gran control del sistema con el apoyo de Cuba y de otros países”, afirmó.
Legislación
La recién aprobada Nica Act establece que el presidente de Estados Unidos impondrá sanciones a cualquier persona extranjera, incluidos funcionarios en ejercicio o anteriores del régimen, o toda persona que actúe en nombre de ese gobierno, y que el presidente de Estados Unidos determine sea responsable, cómplice de ordenar, controlar, dirigir o haber participado a sabiendas, directa o indirectamente, en violaciones a los derechos humanos, en acciones o políticas significativas que socavan los procesos y la institucionalidad democrática, y en actos de corrupción significativa.
La Ley Nica ordena al secretario del Departamento de Estado elaborar un informe sobre violaciones de derechos humanos y corrupción en Nicaragua, y presentarlo al Congreso. Ese reporte informaría sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, como el Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia, involucrados en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero.
Efecto Nica Act
El jurista Jason Poblete valoró que la Nica Act también tiene el objetivo de disuadir. “La ley no es para castigar, también para influenciar cambios de conducta en un individuo que podría verse afectado por sanciones. Si eso es lo que ha pasado es un buen paso. Aunque él no menciona nada de sanciones, creo que podría ser una combinación de cosas, lo que ha sucedido como la presión política, que es la más directa que está ocurriendo en Nicaragua con los muertos, la represión, las sanciones, el escrutinio de la prensa y la sociedad civil”, señaló Poblete.