Justicia orteguista declara culpable por terrorismo al líder Christian Fajardo

Fajardo fue hallado culpable además de crimen organizado, financiación del terrorismo y entorpecimiento de servicios públicos. Su esposa María Adilia Peralta y un hermano de este también fueron condenados

Cristian Fajardo, dirigente del Movimiento 19 de Abril en Masaya, junto a María Adilia Serrano. TOMADA DE FACEBOOK

Cristian Fajardo, dirigente del Movimiento 19 de Abril en Masaya, junto a María Adilia Peralta Serrano. TOMADA DE FACEBOOK

Un juez nicaragüense declaró culpable por el delito de terrorismo y crimen organizado a un matrimonio que se manifestó contra la dictadura del tirano Daniel Ortega, en el marco de las protestas antigubernamentales que comenzaron el 18 de abril del año pasado.

Christian Fajardo, uno de los líderes del denominado «Movimiento 19 de Abril» de la ciudad de Masaya (sur), y su esposa María Adilia Peralta, fueron declarados culpables por el juez orteguista noveno de distrito de juicio de Managua, Edgard Altamirano, dijo en rueda de prensa el abogado defensor Julio Montenegro.

El juez Altamirano también declaró culpable por el delito de terrorismo a Santiago Fajardo, hermano de Cristhian, indicó Montenegro.

En el caso de Cristhian Fajardo, el judicial lo declaró culpable por los delitos de terrorismo, crimen organizado, financiación del terrorismo y entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, según su defensa.

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A su esposa la declararon culpable por crimen organizado en calidad de coautora, y a su hermano por terrorismo, crimen organizado, secuestro extorsivo, robo agravado, y fabricación y tráfico de armas de uso restringido, precisó el abogado.

La Fiscalía solicitó una pena de 42 años para los hermanos y una pena mínima para la mujer, que es abogada de profesión.

Detenidos en Peñas Blancas

La pareja fue detenida en julio pasado domingo en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, que comparten Nicaragua y Costa Rica, por miembros del Ejército cuando pretendían ingresar a suelo costarricense, según denunció entonces el «Movimiento 19 de Abril Masaya».

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El líder opositor, de 37 años, ya había sufrido el ataque de las fuerzas oficialistas el 18 de julio pasado, cuando un hotel de su propiedad, ubicado en Masaya, 29 kilómetros al sureste de Managua, fue incendiado en presencia de policías y paramilitares organizados por la dictadura, según las denuncias de los testigos.

El incendio ocurrió días después de que Fajardo denunciara que Masaya establecería «un gobierno popular», alternativo al de Ortega.

Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El dictador Ortega reconoce solo 199 muertos y 340 reos, que llama «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».

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La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.

Ortega, que lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de «golpe de Estado» que, asegura, ya ha sido aplacado.

Sin embargo, tanto ex funcionarios públicos como organizaciones de derechos humanos internacionales, han descartado la versión oficialista y, al contrario, han señalado y documentado crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y sus órganos de represión policial y judicial, ante la silenciosa complicidad del Ejército y sus mandos.

La última de esas voces que descartó la versión del «golpe de estado» y ratificó la matanza y excesivo uso de la fuerza, fue la del ex magistrado judicial y hombre fuerte del orteguismo, Rafael Solís, quien renunció al cargo y achacó a Ortega y su pareja Rosario Murillo, la responsabilidad de la sangrienta cifra de muertes, heridos y presos políticos.

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