Rafael Solís demolió farsa del golpe de Estado

Denuncia del exmagistrado judicial se suma a otras voces que descartan la narrativa del orteguismo

Daniel Ortega

El dictador Daniel Ortega junto al exmagistrado Rafael Solís. LA PRENSA/ARCHIVO/Manuel Esquivel

Hechos, investigaciones y testimonios de personas que salieron del propio seno del régimen botaron el argumento de un golpe de Estado, principal argumento del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo para justificar la brutal represión contra las protestas civiles y la crisis del país desde el 18 de abril.

Los videos e imágenes que la ciudadanía publicó en las redes sociales fueron la prueba primaria de lo que se vive en Nicaragua desde el 18 de abril: imágenes de jóvenes resistiendo con piedras los ataques armados de paramilitares coordinados con la Policía; las detenciones violentas, la brutal represión contra los manifestantes, los asesinatos y los ataques a las protestas.

Misiones internacionales

Las misiones internacionales que estuvieron en el país corroboraron la represión policial y paramilitar contra civiles desarmados.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmó la existencia de los grupos paramilitares que se coordinaron con la Policía para reprimir las protestas civiles, también denunció en su informe la violencia estatal ejercida contra los ciudadanos, las investigaciones sesgadas y los procesos judiciales irregulares contra personas detenidas por la Policía por participar en las protestas.

Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron la violencia estatal contra los manifestantes, el uso excesivo, letal y sistemático de la fuerza policial, el uso de grupos parapoliciales avalados por las autoridades estatales; obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos como forma de represalia por su participación en las manifestaciones, detenciones ilegales de jóvenes y adolescentes que participaban pacíficamente en protestas, así como el uso de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la mayoría de las personas detenidas, incluso casos de tortura, y la falta de diligencia en las investigaciones de los asesinatos de opositores o manifestantes.

El informe de la Misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (Oacnudh) también dejó sin argumentos al régimen, al afirmar que no encontró pruebas de un golpe de Estado, pero sí confirmó la represión gubernamental y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Nicaragua, que dejaron más 325 personas muertas.

Ligia Gómez, la exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Nicaragua y exsecretaria política del FSLN, denunció el funcionamiento de la estructura de mando de los paramilitares, señalando a funcionarios públicos como Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua y Lumberto Campbell, vicepresidente del poder electoral, entre otros.

El exmagistrado Rafael Solís confirmó que la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, le dieron armas de guerra a jóvenes y a algunos sandinistas retirados para reprimir las protestas, negando que haya existido un fallido golpe de Estado.

Tampoco los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) avalaron la versión del golpe de Estado, fueron testigos y mediadores del intento de diálogo nacional entre el régimen de Ortega y la sociedad civil.

Incluso, ellos mismos sufrieron la represión coordinada desde el Estado.

Mayoría de países en OEA

La opositora y coordinadora del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera, manifestó que la mayoría de los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) han sido claros en sus intervenciones de que no creen los “argumentos falaces” del canciller de Nicaragua Denis Moncada, quien siempre insiste en hablar de un fallido golpe de Estado contra el régimen orteguista. Granera agregó que aún en el caso de que algunos todavía crean en un golpe de Estado, “nada justifica el uso desproporcional de la fuerza, ni los crímenes de lesa humanidad que han sido denunciados por los organismos de derechos humanos”.

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