Human Rights Watch preocupada por la «enorme concentración de poder» de Daniel Ortega

La organización presentó este jueves su informe anual en el que destacó la crisis de derechos humanos en Venezuela, Brasil, México y Nicaragua

Ortega-y-Maduro, Nicaragua, Venezuela

Los dictadores Daniel Ortega y Nicolás Maduro. LA PRENSA/ARCHIVO

“Los abusos gravísimos” cometidos en Nicaragua a partir del 18 de abril del año pasado fueron el resultado de la excesiva concentración de poder por parte del régimen Ortega Murillo, alertó Human Rights Watch (HRW) en un reporte mundial donde recoge la violencia desatada por la dictadura contra los nicaragüenses que exigen la salida del poder de Daniel Ortega.

El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, aseguró que Nicaragua “sigue los pasos de Venezuela”, según publicó el jueves la agencia de prensa EFE.

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HRW está preocupada por la “enorme concentración de poder” de Daniel Ortega, que ha desmantelado los controles recíprocos entre instituciones y permitido que el gobierno cometa “escandalosos abusos contra críticos y opositores con completa impunidad”.

El proceso de concentración de poder comenzó en 2007, cuando el régimen se empeñó “en desmantelar todos los controles institucionales”.

En su informe anual, correspondiente a 2018, en el capítulo sobre Nicaragua Human Rights describe como el Consejo Supremo Electoral excluyó a partidos políticos y destituyó a legisladores de oposición y la Corte Suprema de Justicia ha ratificado decisiones del Consejo Supremo Electoral que socavan derechos políticos.

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A su vez, indica que el poder judicial le ha permitido al dictador ignorar una prohibición constitucional que impidiera su reelección y pudiese postularse a un segundo mandato.

Asimismo, menciona que en 2016 el orteguismo logró una mayoría del 79 por ciento en la Asamblea Nacional, lo que le permitió al régimen acelerar una serie de reformas que otorgaron a Ortega control directo sobre la Policía Orteguista y el Ejército de Nicaragua y lo habilitaron a legislar por decreto y postularse a la reelección indefinidamente.

El presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, exiliado en Costa Rica, coincidió con lo referido por Human Rights Watch y dijo que toda esta situación reportada “refleja una violación permanente a los derechos humanos de los nicaragüenses que se refleja en impunidad, indolencia, injusticia, que se refleja en los diferentes poderes del Estado, frente a un Estado que ya ha socavado la institucionalidad, la democracia y el respeto de los derechos humanos”.

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Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, expresó que todo esto “es lo que nosotros hemos señalado, la concentración de poder en una sola persona va en detrimento de un verdadero Estado de derecho, es lo que ha ocasionado y minado el deterioro de la democracia y los derechos humanos en nuestro país”.

Descalabro institucional condujo a crisis

A criterio de Carmona, “al no haber ese apego a la Constitución y a las leyes es lo que fracciona donde hay funcionarios policiales que abusan de su autoridad, golpean, maltratan, asesinan y eso hace que no haya seguridad para ningún nicaragüense (…) hemos venido comprobando cómo los diferentes poderes del Estado han caído en la sumisión del poder ejecutivo, el cual no hay una independencia de poderes y esto es lo que ha ocasionado toda esta situación anárquica que en alguna medida ha afectado a todo el pueblo de Nicaragua”.

Fiscalía y CSJ señaladas

Sobre la represión que han sufrido los nicaragüenses de abril a la fecha, Human Rights Watch señala a la Policía Orteguista junto a grupos armados “partidarios del gobierno” de haber perpetrado la violencia que ha dejado como resultado más de trescientos muertos y más de dos mil heridos y cientos de personas detenidas arbitrariamente, las cuales son procesadas.

“Oficiales de la Policía Nacional sometieron a manifestantes a abusos que, en algunos casos, constituyeron tortura, como golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y violación sexual. Numerosas personas indicaron a la prensa y a Human Rights Watch que las obligaron a grabar videos autoincriminatorios”, señala ese organismo en su informe anual.

A su vez, HRW apunta que “los abusos cometidos por las autoridades siguen impunes. La Fiscalía General de la República y la Corte Suprema obstaculizaron los esfuerzos de órganos internacionales de derechos humanos de documentar e investigar estos casos”.

El organismo refiere que al intensificarse la represión, “algunas personas respondieron de manera violenta y 22 policías murieron entre abril y septiembre, según estadísticas oficiales”. Pero aclara que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) determinó que “los manifestantes no realizaron un esfuerzo coordinado de uso de la violencia”. Al tiempo que destaca el hecho de que en reiteradas ocasiones altos funcionarios acusaron a los manifestantes de “terroristas” o “golpistas”.

Aunque algunos detenidos han sido liberados, diversas organizaciones no gubernamentales nicaragüenses que brindan asistencia legal a estas personas indicaron que 477 estaban siendo procesadas en relación con las protestas.

Entre ellas, había 136 personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo, algunas por la aplicación de la nueva ley antiterrorista que promulgó el poder legislativo en julio, indica ese organismo.

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