El próximo 28 de febrero será el juicio contra los jóvenes Franklin Javier Morales García, de 23 años, Byron Antonio Romero Sánchez, de 19 años, Reina Isabel Silva Varela, de 34 años y María Mercedes Chavarría, de 50 años, todos de León, quienes están siendo acusados junto a la líder estudiantil Amaya Coppens y Sergio Midence Delgadillo de terrorismo y otros delitos, informó su defensa Maynor Curtis, durante la audiencia de acumulación de causas realizada este jueves en el Juzgado Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, ante la juez Fátima Rosales.
“Los muchachos fueron capturados entre noviembre, diciembre y enero 2019. A ellos les estaban tramitando el caso en cuerdas separadas y el día de hoy la honorable juez convocó a audiencia con el objetivo de acumular las diligencias, de tal manera que el juicio del 28 de febrero comparezcan todos en un solo juicio”, explicó Curtis.
Coppens, estudiante de quinto año de medicina, junto a los demás autoconvocados de León están siendo procesados por terrorismo, secuestro simple, tenencia ilegal de armas de fuego, robo agravado y entorpecimiento al servicio público. La líder universitaria y Midence fueron capturados en León el 10 de septiembre, cuando estaban refugiados en una casa de seguridad.
Detención ilegal y angustia de familiares
Los jóvenes fueron acusados nueve días después de detención ilegal. Los familiares interpusieron recursos de exhibición personal por detención ilegal ante el Tribunal de Apelaciones, pero estos no surtieron efectos legales, ya que nunca se dio razón de ellos a sus madres, que pasaron apostados en las afueras de los juzgados en espera de noticias de sus hijos.
Amaya junto a los demás acusados participaron activamente en la lucha cívica por la democracia y la autonomía universitaria en León, por eso ahora son procesados afirman familiares.
Coppens tiene nacionalidad belga, por lo que autoridades de la embajada de Bélgica, han estado pendientes del caso y presentes en la última audiencia.
Se unieron a la lucha estudiantil desde el 18 de abril cuando apoyaron a los jubilados contra las nefastas reformas a la Ley del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que les imponía impuesto sobre su raquítica pensión.
Según la Fiscalía, a partir del 20 de abril Coppens se encargó de instalar un tranque y reclutar jóvenes para crear actos de desestabilización en la ciudad de León. De esta manera limitaron los derechos constitucionales de los ciudadanos a la libre circulación y movilización. Supuestamente en estos tranques se encargaron de cometer robos.
Los tranques y barricadas en diferentes barrios y departamentos de Nicaragua se levantaron por el pueblo nicaragüense en protesta ante los ataques de paramilitares que entraban disparando a los barrios disparando contra la población desarmada. Además, como medida de presión para que Daniel Ortega se sentara a dialogar con los diferentes sectores que demandan democracia y libertad para presos políticos.