Propuesta de Ley de "democratización" del PLC excluye a sectores que lideraron la protesta contra el régimen



Propuesta de Ley de “democratización” del PLC excluye a sectores que lideraron la protesta contra el régimen

Propuesta de Ley de “democratización” reemplaza con partidos a los universitarios, campesinos y sociedad civil en un eventual diálogo nacional

17/01/2019
PLC, Ley de democratización, diálogo nacional, Unidad Nacional Azul y Blanco

Dirigentes nacionales del PLC presentaron este miércoles su propuesta de Ley de “democratización” a sus representantes departamentales y municipales. LA PRENSA/ U. MOLINA

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) propone una “Ley Especial para la inmediata pacificación y democratización de Nicaragua”, la cual copia gran parte de las demandas de los sectores agrupados en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); sin embargo, la iniciativa excluye en un nuevo diálogo nacional a los estudiantes, campesinos y la sociedad civil, que desde abril han liderado las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega.

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Gran parte de lo propuesto por el PLC en su iniciativa de ley recoge puntos torales de lo demandado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el fallido diálogo nacional con el régimen de Daniel Ortega, como son las elecciones adelantadas de presidente, vicepresidente, alcaldes y concejales, diputados y gobiernos regionales en marzo de 2019.

Además se propone el cese inmediato de toda represión, la liberación de los presos políticos y la destitución de los actuales magistrados del poder electoral, judicial, del fiscal y del procurador general y del procurador de Derechos Humanos, y que se elija a nuevos funcionarios.

Conservar partidarismo

No obstante, el PLC no está dispuesto a ceder su cuota en las instituciones estatales pues insiste en que los futuros funcionarios se elijan “tomando en cuenta el pluralismo político”, lo cual significaría mantener la partidarización en las entidades.

La Alianza Cívica la integran estudiantes, campesinos, productores, empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

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La Alianza Cívica es parte de la UNAB, donde convergen más de treinta organizaciones sociales y grupos opositores y su principal demanda, además de comicios adelantados, es que los funcionarios no provengan de partidos políticos porque han señalado que es una de las causas del deterioro al Estado de derecho.

Excluye a sociedad civil

Según la iniciativa del PLC, de aprobarse la ley de “democratización” en un plazo de 15 días Ortega deberá convocar a un diálogo nacional, sin embargo a los participantes los reduce a un delegado por la dictadura, del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Se reemplaza a la sociedad civil, universitarios y campesinos por los “partidos políticos” representados en la Asamblea y en las alcaldías, a pesar de que esas agrupaciones son consideradas colaboracionistas del régimen.

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María Haydée Osuna, presidenta nacional del PLC, dijo que se trata de una propuesta a la cual se “le pueden hacer cambios” y planteó que los estudiantes y campesinos, por ejemplo, serían parte de comisiones especiales que abordarían temas sectoriales.

Puntos de la propuesta de Ley

La iniciativa de “Ley Especial para la inmediata pacificación y democratización” propone el adelanto de las elecciones generales y que el presidente sea electo con el “cincuenta por ciento más uno de los votos válidos”.

El pacto del año 2000 entre el caudillo sandinista Daniel Ortega y el del PLC, Arnoldo Alemán, redujo el porcentaje para ganar en primera vuelta, pasando de 45 al 40 por ciento y hasta el 35 por ciento si el candidato ganador le sacaba al menos cinco puntos de ventaja al del segundo lugar. Eso le facilitó a Ortega ganar por minoría de votos en 2006, pero en la reforma constitucional de 2014 se eliminó el requisito de un porcentaje mínimo de votos.

Otros elementos de la propuesta del PLC es la derogación de la Ley del Gran Canal (840).

El régimen orteguista tiene lista su propia ley de “reconciliación”.

Mediadores y garantes

La propuesta de ley de “democratización” fue introducida por el PLC en la primera secretaría de la Asamblea Nacional el 10 de enero, en la misma se mantiene como mediadores de un eventual diálogo nacional a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), al nuncio apostólico, pero incorpora al secretario general del Sistema de Integración Económica (SICA) como fue propuesto por el régimen orteguista en un momento. Como garantes se pide a la OEA, la Unión Europea y la ONU.

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