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CONTENIDO EXCLUSIVO.El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Rafael Solís Cerda, denunció que los juicios contra opositores en Nicaragua son manejados desde la presidencia de Daniel Ortega.
Solís habló el miércoles 16 a mediodía con La Nación en algún punto de Costa Rica, adonde ingresó el 7 de enero para enviarle al gobernante, un día después, su carta de renuncia como magistrado y como militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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El exjuez constitucional, quien dice sentirse arrepentido de haber emitido la resolución judicial que permitió la reelección de Ortega en el 2009, afirma que la división de poderes se redujo drásticamente en Nicaragua desde que, el 18 de abril, estallaron las protestas contra el régimen que suman 325 muertos.
Sostuvo que el Poder Judicial no escapa al cerco lanzado por la pareja presidencial contra los opositores.
“Hasta ahora no siento que exista una complicidad activa al menos de parte del Poder Judicial, de los magistrados. Estos son juicios políticos que se están llevando desde la Presidencia de la República, desde la Fiscalía. Cada juez puede o no dictar la sentencia que corresponda, los tribunales de apelaciones pueden reformarla, aquí no se ha terminado”, dijo Solís a La Nación.
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“Son juicios políticos. ¿Por qué son juicios políticos? Porque lo que hubo fue una situación del orden político, efectivamente hubo una rebelión de la población y el juicio político entonces te lleva o ha llevado en la historia de Nicaragua a distintos soluciones”, explicó el magistrado.
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Añadió que el Poder Judicial siguió la línea tirada por el presidente Daniel Ortega y por la vicepresidenta Rosario Murillo, según la cual las protestas fueron parte de un plan para dar un golpe de Estado, versión a la que el exmagistrado Solís no le da credibilidad.
Adujo que, si le hubiese tocado juzgar en alzada una sentencia contra un opositor político, es posible que hubiese fallado en contra de la línea del gobierno y que esto le habría acarreado consecuencias.
La crisis deja 325 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una vez que el gobierno de Ortega levantó los bloqueos de manifestantes en carretera, la Policía, apoyado de fuerzas parapoliciales, inició la captura de líderes y participantes de protestas, a quienes se han enjuiciado y condenado.
Estos son los juicios que el magistrado Solís denuncia como políticos.
Al 30 de noviembre del 2018 la CIDH calculó en al menos 300 personas el número de detenidos por participar en protestas.
No obstante, organismos locales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la cifra de presos que la oposición llama políticos, superan los 600.
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En su carta de renuncia, el exmagistrado denunció la existencia de “una dictadura” y “un estado de terror” en Nicaragua.
Ante consulta de La Nación, sostuvo que envió su carta de dimisión a Ortega por razones políticas
y no por un intento de que esta no fuera efectiva, pues también se la hizo llegar al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
Hasta antes de su renuncia, Solís era considerado cercano a Ortega. Fue su padrino de bodas en
Managua en 2005 y uno de los principales gestores de la reforma constitucional de 2009 que allanó el camino a la reelección de Ortega.
Temía encarcelamiento
De su renuncia, dijo que fue una decisión personal pensada durante los 9 meses de crisis, y niega que haya existido presión de por medio de países como Estados Unidos. “Esa es una campaña de redes sociales”, respondió a la pregunta si negoció algún beneficio con Estados Unidos para renunciar y luego, denunciar la represión en Nicaragua.
“(La renuncia) pensé hacerla dentro de Nicaragua, pero podría haber significado medidas (en mi contra) de naturaleza no sé si por lo menos carcelaria, encarcelamiento porque nadie lo había dicho entre nosotros dentro de las filas del sandinismo. Nadie había señalado el uso excesivo de la fuerza por parte de Policía. Sí se había dicho por parte de organismos internacionales”, dijo el magistrado.
En Nicaragua, le llamaban el operador político de Ortega dentro de la Corte. Ahora, Solís se autodescribe como “una persona de principios, he sido una persona de una educación con valores cristianos”.
Solís Cerda no tiene problemas en decir que él era un magistrado sandinista.
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“Seguía siendo magistrado, seguían siendo sandinista, aunque no ejercía digamos cargos políticos dentro del partido”, dijo.
Esta es parte de una extensa entrevista que concedió a La Nación, en Costa Rica, el 16 de enero:
¿Que son Daniel Ortega y Rosario Murillo en este momento? ¿Son dictadores o son presidente y vicepresidenta?
Creo que hay una concentración de poder que sí pudiera considerarse que se está estableciendo esa forma de régimen en Nicaragua. Hay algunas libertades que todavía existen muy restringidas y otras que ya se han cerrado totalmente. Algunos derechos de la Constitución que ya no existen. Hay otros que todavía están vigentes.
¿Qué derechos de la Constitución ya no existen?
Por disposiciones reglamentarias, han suprimido el derecho a hacer manifestaciones públicas, que es un derecho que citaba en la Constitución Política. No puedo ser absoluto en cuanto al derecho de la libertad de expresión, pero sí hay una cantidad grande de periodistas en el exilio; hay otros detenidos, uno que murió en los sucesos.
La libertad de prensa está funcionando al mínimo en Nicaragua, no es un derecho que existiera como antes del 19 de abril. Y la libertad de expresión de un ciudadano de dar opiniones y expresarse también ha sido restringida. Hay personas que están detenidas por expresar opiniones contrarias al gobierno.
Pero, antes de la crisis de abril, hubo problemas de libertad de expresión, de libertad de manifestación, agresiones de turbas con la complicidad de la Policía. Había denuncias de asesinatos de campesinos en la montaña, no se sabe si de parte de la Policía o del Ejército; hay denuncias de fraude electoral, denuncias de control absoluto de los poderes del Estado. Todo eso existía antes…
Pero eran incidentes muy aislados. Si uno pensaba de alguna manera, obviamente no podías estar de acuerdo con alguna de las cosas que vos me estás señalando. Sin embargo, eran hechos que ocurrían de formas muy aisladas. Si vos le haces la misma pregunta al sector privado, no lo veían de la manera como vos lo estás señalando como si fueran políticas sistemáticas del gobierno, sino que se producían; efectivamente preocupaban, pero que podían ser corregidas.
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No se dio una situación de violencia tal como se produjo después el 18 de abril, aun cuando tengo que decir que hubo algunas situaciones que pudieran haber sido vistas como señales, que nadie las vio. Para serte sincero, no las vio nadie dentro del sandinismo ni fuera del sandinismo porque si la hubieran visto muchos tal vez del sector privado, las ONG y de las organizaciones hubieran hecho un rompimiento o como un cuestionamiento al gobierno en los años anteriores.
No quiere decir que efectivamente no tengamos responsabilidades.
¿Las asume?
Nunca he sido cobarde en mi vida y las asumo como ha sido a lo largo de toda mi vida con mis cosas buenas y con mis cosas malas. Sin embargo, creo que la situación cuando cambió de una manera más radical, fue cuando se dio toda la cuestión de la seguridad social y generó otro tipo de dinámica en muchos de nosotros que hemos sido sandinistas toda la vida. Algunos se habían ido antes si bien es cierto como se sabe ya que formaron otro partido, otros se fueron a la vía privada y otros hemos continuado.
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En el Poder Judicial, había bastante discusión en general. No se había restringido como después del 18 de abril la autonomía del mismo y teníamos márgenes de discusión de dictar sentencia en distintos recursos de amparo y de constitucionalidad.
Por qué dice que nadie vio las señales. Fue notoria la discusión internacional cuando venían las elecciones en el 2016 y se le quitó los sellos al principal partido de oposición.
Yo lo que creo es que fueron señales que se fueron dando y que habían sido comunes en la historia de Nicaragua. No estoy justificando que la sentencia haya o no sido la correcta. Sin embargo, no hubo una reacción internacional ni una reacción de los otros partidos políticos ni del sector privado de romper ni de plantearle al Gobierno o al Poder Judicial la situación en términos y en magnitudes tales que se podía prever la explosión que se dio.
No te quiero negar que habían señales, así que se fueron dando a lo largo de los últimos años, sobre todo del segundo periodo del presidente, pero por el otro lado, tenías una serie de libertades que existían a nivel general en los medios, en la población.
Las primeras marchas que se dieron después del 18 de abril lo demostraron en el ejercicio de estos derechos que no llegaron a quienes respaldaban a una Nicaragua en crecimiento. Prevaleció sobre el problema de la institucionalidad. No lo vio nadie en Nicaragua de esa manera.
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A lo mejor venía un sentimiento acumulado en gran parte de la población pero que no se vio.
¿Antes de la crisis de abril, los magistrados tenían independencia o tenían que acatar disposiciones de Ortega?
No, es que antes de la crisis no había una injerencia tan fuerte, tan directa del presidente en el Poder Judicial de decir hacer tal cosa, hacer otra. Es obvio que, en los casos políticos, uno fallaba conforme a su criterio político y ahí había un consenso político en los casos de la Sala Constitucional, que eran políticos, pero no era que digamos fuera esa la voluntad del presidente sobre nosotros.
Hubo una relación normal como establecen los artículos de la Constitución entre el Poder Judicial y el Ejecutivo que establece la relación armónica de los poderes del Estado y no, para ser honesto, había esa injerencia o subordinación del Poder Judicial”.
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¿Y después del 18 de abril?
Después del 18 de abril sí se evidenció bastante mal la situación porque ya prevaleció lo político que era una situación de golpe de Estado, que es el discurso y una posición que mantiene el presidente, el canciller y todo se trataba de una agresión externa financiada desde afuera y que el objetivo era derribar al gobierno. Sí se dio un marco político que el gobierno lo definió como política de Estado: aquí hay una situación de golpe fallido y había que estar…
¿Y cómo se materializaba? ¿Por medio de llamadas telefónicas, reuniones personales?
No, yo diría que reuniones no tuvimos nosotros con el presidente, sinceramente todo mundo cerró filas por la creencia o la convicción que sí había habido un golpe de Estado planificado y que esto se había planificado desde antes y que era algo que estaban esperando los opositores para hacerlo. Pero yo no tuve y hasta donde sé tampoco la Corte reuniones con el presidente sobre esto.
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¿Y llamadas?
No, no, es obvio que en el caso de los juicios a los presos políticos, sí había una serie de acusaciones de terrorismo y los tranques que provocaron, la obstrucción de la libre circulación y una serie de hechos fueron calificados como delitos a los distintos jueces y alguno pudieran serlos porque hubo muertes de parte de la Policía y de parte del lado sandinistas que hubo muertos también.
Es cierto que la mayoría de muertos fueron del otro lado, pero también hubo muerto de este y está pendiente la investigación de muertes que se dieron en el otro sector, pero lo que prevaleció por así decirlo fue una percepción política que había sido un golpe de Estado y que había que cerrar filas a favor del Frente.
En su carta hay algo que aquí en Costa Rica y en los países no se usa. Usted renuncia como magistrado y como miembro del Frente Sandinista. O sea, ¿usted siendo magistrado seguía siendo sandinista?
Seguía siendo magistrado y seguían siendo sandinista, aunque no ejercía digamos cargos político dentro del partido pero sí he sido sandinista toda mi vida, por eso decía (en la carta ) que renunciaba como magistrado y a mi pertenencia al partido.
¿El plan de Ortega, Murillo y el Frente Sandinista una vez que en 2006 vuelven al poder, era la de perpetuarse en el poder? Se lo pregunto porque a usted se le menciona como ser el artífice de la reelección de Ortega
No es cierto eso, por eso te lo digo con la honestidad que te estoy hablando.
¿Cuál era el plan entonces?
Yo no lo vi de esa manera. A mí como miembro de la Sala Constitucional me reclaman eso de que se reformó el artículo de la Constitución que prohibía la reelección, pero efectivamente fue una sentencia de la Corte que se produjo y la firmó la Sala Constitucional y toda la Corte. No fue una situación que nos llevará a prevenir lo que vos está señalando, de que eso iba a derivar después en reelecciones indefinidas o de una voluntad políticas de permanecer en el poder por siempre o hasta quién sabe cuándo.
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¿Y quién es el responsable de las 325 muertes?
Esa es una situación que habrá que ir determinando, como lo señala la Comisión Interamericana y el Grupo de Expertos internacionales, con investigaciones más profundas. Yo sobre eso sinceramente no voy a señalar nombres, no voy a señalar responsables, creo que son investigaciones que hay que realizar más a fondo, con más detenimiento y con más imparcialidad. Tal vez por el hecho que yo haya sido magistrado por 20 año, soy muy cauto.
¿Y el accionar de la Policía cómo la califica?
Por eso te digo, soy muy cauto a la hora de emitir opiniones pues, en ese sentido no estoy negando que haya responsables de tantos muertos, de los muertos que fueron mayoritarios de un sector y de los muertos del otro. No me voy a poner ahora porque haya renunciado a mi cargo tampoco a dar declaraciones del orden estrictamente político, que obedecen a percepciones políticas y no digamos, a una investigación que creo yo que hay que hacer en Nicaragua sobre estas responsabilidades. En el informe de la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) y del Grupo de Expertos ellos señalan como probables responsables a algunos mandos policiales de las autoridades superiores de la Policía, ellos dicen que tienen que llegarse a investigar y determinar las responsabilidades que se tuvieron en esos casos.
¿Existen condiciones para hacer esas investigaciones independientes y juzgar?
Es obvio que no, ahorita no existen esas condiciones, habrá que tomarse su tiempo para que esas condiciones se puedan dar. Si vos mandas ahorita a un grupo de investigadores como lo que estaban antes que los expulsaron del país, va terminar en lo mismo que los terminarán expulsando.
Si aquí se avanza en un diálogo nacional y se logrará restablecer el diálogo, yo estoy claro que el diálogo nacional no solo va a tener como punto establecer la democracia, la paz y la reconciliación; sino también el tema de la justicia. Eso lo tengo claro, se ha demandado por organismos internacionales, se ha demandado por organismo de derechos humanos y se ha demandado por la oposición que va a estar del otro lado del diálogo pues. Pero eso es algo que ahorita yo no veo que se vaya hacer.