Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) tienen previsto condenar el próximo lunes la represión de la sociedad civil en Nicaragua “ante el deterioro de la situación en el país” centroamericano, y mostrar disposición a tomar medidas en favor de la paz, dijeron este jueves fuentes comunitarias.
En su reunión de este lunes, los ministros prevén aprobar unas conclusiones en las que condenarán “con firmeza” la “represión de la prensa y la sociedad civil y el uso de leyes antiterroristas para reprimir opiniones disidentes” durante la crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el régimen orteguista.
Según las fuentes, los ministros expresarán que están dispuestos a “utilizar todos sus instrumentos políticos para contribuir a una salida pacífica negociada a la actual crisis”, así como a “reaccionar a más deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho” en el país.
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Se espera que el Consejo de ministros comunitarios subraye que las recientes medidas emprendidas por la dictadura contra organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes constituyen “otro golpe a la democracia, los derechos humanos y libertades civiles”, que “agrava la crisis social y política”.
Nicaragua atraviesa lo que organismos humanitarios han identificado como la crisis de derechos humanos más grave de las últimas décadas, ya que cientos han muerto, desaparecido, están presos o han huido del país, tras participar en protestas contra el régimen de Ortega.
Crímenes “de lesa humanidad”
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes “de lesa humanidad” desde el estallido social del 18 de abril pasado.
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) manifestó su preocupación en octubre por la situación y, en una declaración, instó a Ortega a poner fin al “uso desproporcionado de la fuerza” contra los manifestantes, aplicar el Estado de derecho y acabar con el clima de “impunidad” reinante en el país.
“Llamamos al Gobierno de Nicaragua a poner fin al uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, frenar los arrestos basados en leyes que criminalizan la protesta pacífica, poner en libertad a los manifestantes pacíficos” y garantizar un proceso justo contra los detenidos, señaló entonces la UE.