Ante el cierre de espacios al que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua al menos once organizaciones no gubernamentales internacionales formaron un observatorio para dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos en el país.
El Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua está integrada por organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en diversas regiones del mundo, entre las que se mencionan el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus- Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Red EU-LAT, JASS- Asociadas por lo justo, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Plataforma Internacional contra la Impunidad, Race and Equality, Unidad de protección a defensores y defensoras de Guatemala (UDEFEGUA) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
El régimen ha cancelado personerías jurídicas de nueve organizaciones de la sociedad civil, entre las que destaca el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), igualmente el acoso y represión llevó a los principales dirigentes de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) a dejar el país y asilarse el entonces secretario ejecutivo, Álvaro Leiva Sánchez, así como se estima que unos 60 periodistas independientes también han abandonado el territorio nacional ante las dificultades enfrentadas para ejercer la profesión o por acoso e intimidación.
En una comunicación escrita el Observatorio señala que es un espacio de articulación y coordinación que fue constituido en virtud de la situación de falta de espacios para las organizaciones de la sociedad civil, mientras “la crisis se mantiene y se agudiza, lo que hace imperante que la sociedad civil internacional continúe y refuerce su labor de supervisión y monitoreo de la situación de Derechos Humanos de una manera coordinada, constante y propositiva”.
“El 18 de abril de 2018 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Nicaragua, al producirse el estallido de una crisis política y social que ha generado un fuerte impacto sobre la garantía de los derechos humanos de la población nicaragüense”, señala el recién creado Observatorio Internacional.
Crisis de derechos humanos
Tras referir que a nueve meses del inicio de esta crisis de derechos humanos, la represión ejecutada por el régimen contra manifestantes, líderes, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales continúa, generando que los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos sean cada vez más difíciles de sostener.
Al tiempo que el régimen ha venido cerrando instancias de monitoreo internacional como el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Observatorio recuerda las palabras del secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en su última exposición ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), “las características de la violencia estatal demuestran que existió una decisión de impulsar desde el poder del Estado una línea de conducta que implicó la comisión de múltiples acciones delictivas contra manifestantes y opositores políticos; específicamente, asesinatos, encarcelamiento, persecución, violación, tortura y, eventualmente, desapariciones forzadas”.
Y también retoma los cifras dejadas por a violencia en Nicaragua según registros de la CIDH de 325 personas asesinadas y más de 2.000 personas heridas; 550 personas detenidas y enjuiciadas; alrededor de 300 profesionales de la salud despedidos de sus empleos y la expulsión de, al menos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).