Diputados orteguistas bloquean propuesta del PLC y priorizan Ley de “paz” de Murillo

La Primer Secretaría rechazó la iniciativa del PLC por "inconstitucional" ya que planteaba el adelanto de las elecciones de presidente, alcaldes, diputados y concejos regionales

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a directiva parlamentaria declaró inconstitucional la propuesta de Ley de “democratización” del PLC y solo dejó pasar la de “reconciliación” de la dictadura. LA PRENSA/ U. MOLINA

El régimen orteguista desechó la iniciativa de Ley de “democratización” de sus socios políticos Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y usará, una vez más, su control de la Asamblea Nacional para aprobar de forma exprés su propuesta de Ley de “reconciliación”, ideada por la dictadora Rosario Murillo.

La junta directiva, a través de la Primer Secretaría, notificó este jueves alrededor de las 4:30 de la tarde a la bancada del PLC que se rechazó su propuesta de “Ley Especial para la inmediata pacificación y democratización de Nicaragua”, argumentando que es “inconstitucional”, según fuentes liberales.

La iniciativa de Ley de “reconciliación” es la pasó a la orden del día para ser discutida la próxima semana que volverá a sesionar el plenario de los diputados. Esa propuesta fue introducida este jueves por el régimen en la Asamblea.

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La declaran inconstitucional

“Nos rechazaron nuestra propuesta porque pedimos el adelanto de las elecciones de presidente, alcaldes, diputados y consejos regionales. Nos dicen que esa iniciativa es inconstitucional porque dicen que los períodos de los funcionarios electos es de cinco años”, informó Wálter Espinoza, diputado del PLC.

Ese partido introdujo el pasado 10 de enero su iniciativa de Ley de “ pacificación y democratización”, que plantea un diálogo nacional, el adelanto de las elecciones para marzo de 2019, el cese de la represión al pueblo, la liberación de los presos políticos así como la destitución de los actuales magistrados del poder judicial y electoral, de los contralores, fiscal y procurador y que se nombraran a nuevos funcionarios.

Esos planteamientos coinciden que las de Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el fallido diálogo nacional con el régimen de Daniel Ortega, aunque diferencian en que el PLC mantiene la partidarización de las instituciones con el nombramiento de los altos funcionarios.

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Desde abril los nicaragüenses demandan la salida del régimen Ortega-Murillo a través del adelanto de los comicios debido a la masacre de la Policía y paramilitares a las protestas, sin embargo la dictadura ha respondido con más represión al imponer un estado policíaco, limitar los derechos a la manifestación y asediar e intimidad a los medios de comunicación independiente.

Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales cifran entre 325 y 535 los muertos por la represión a las protestas ciudadanas.

El diputado Espinoza refirió que aun con había aspectos para mejorarse en la propuesta de ley de su partido el hecho que el régimen la bloqueara en la Primer Secretaría es otra muestra de que no hay interés por una salida pacífica la crisis sociopolítica, que este 18 de enero cumple nueve meses.

“Lo que estamos proponiendo es una salida política para darle una respuesta a los nicaragüenses y lograr que en el país haya verdadera democracia, pero no dejar pasarla (la ley) es una muestra más que el comandante Daniel Ortega quiere estar a la fuerza en el poder”, criticó Espinoza.

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Junta directiva orteguista prioriza la Ley de Murillo

La directiva de la Asamblea, presidida por el orteguista Gustavo Porras, en su reunión de ayer acordó que los temas a discutirse la próxima semana en el plenario serán la propuesta de Ley de “reconciliación”, la renuncia de Carlos Aguirre Hurtado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y continuar con la actualización del Código Civil.

Murillo refirió en los medios oficialistas, que con la presentación en la Asamblea de su Ley “se cierra la consulta de la propuesta de la política de Estado para el diálogo, la reconciliación, la seguridad”.

¿Pasará a Comisión?

Los orteguistas no han aclarado si la propuesta de Ley de “reconciliación” del régimen será enviada a la Comisión de Paz y Gobernación para que sea consultada con sectores empresariales, sindicales y de la sociedad civil u otros que son opositores.

La cogobernante Rosario Murillo ha intentado vender su ley como una receta para acabar con las críticas contra el régimen desde los barrios, escuelas e iglesias, sin embargo esa política solo ha sido “consultada” con grupos que son parte de la estructura del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Sectores opositores han denunciado que el objetivo del régimen es extender el control político y el adoctrinamiento partidario.

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