Régimen de Nicaragua acusa a Costa Rica sin pruebas

El régimen de Nicaragua envió una nota de protesta al Gobierno de Costa Rica, señalando sin presentar pruebas, que en ese territorio se acoge a una banda denominada el Jobo, que habría asesinado a cuatro policías

Los cuatro policías asesinados en San Carlos fueron enterrados ayer en una ceremonia liderada por el polémico subcomisionado Ramón Avellán LA PRENSA/ TOMADA del 19 digital

La acusación del régimen de Daniel Ortega de que el Gobierno de Costa Rica está permitiendo que en su territorio fronterizo opere una banda armada que cruza a suelo nicaragüense para cometer crímenes, es una estrategia de la dictadura para desacreditar internacionalmente la postura del vecino del sur, que ha liderado la aplicación de sanciones contra los Ortega-Murillo por la represión a la población, coincidieron ayer excancilleres nicaragüenses.

El régimen de Nicaragua envió una nota de protesta este sábado al Gobierno de Costa Rica, señalando sin presentar pruebas, que en ese territorio se acoge a una banda denominada el Jobo, que habría asesinado a cuatro policías en un municipio de la frontera sur.

El régimen, no obstante, en su nota ignoró la aparición de otra banda denominada los Atabales, que a través de un video colgado en las redes sociales se atribuye el crimen y asegura que no hubo sobrevivientes.

Costa Rica

El hecho ocurrió el jueves en la comarca San Ramón, municipio de San Carlos, y la versión de la Policía Orteguista (PO) es que “la banda el Jobo” ha cometido delitos de asalto, narcotráfico y abigeato. Esa comarca está a 11.5 kilómetros de la frontera con Costa Rica.

Según la nota de protesta enviada por la Cancillería nicaragüense, la banda el Jobo “tiene su base en territorio costarricense, desde donde penetra a territorio nicaragüense a realizar sus prácticas terroristas de crimen organizado contra las familias que habitan en la zona y luego retornan a territorio costarricense”.

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El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica desmintió desde el viernes pasado que su territorio sea utilizado por grupos armados para atacar a un país vecino. Sin embargo, no hubo una reacción a la nota de protesta enviada por la Cancillería orteguista.

Distracción política

El régimen de Ortega reclamó a las autoridades de Costa Rica “la obligación” de no permitir la permanencia de bandas delincuenciales armadas en sus fronteras y que incursionen a Nicaragua para cometer delitos.

El excanciller Francisco Aguirre ve un trasfondo político de la dictadura orteguista en querer aumentar la tensión diplomática con el gobierno del presidente Carlos Alvarado, debido a que el mandatario ha denunciado la serie de violaciones de derechos humanos y a la libertad de prensa cometidas contra los nicaragüenses, desde abril pasado.

“Se trata de distraer la opinión pública del tema Nicaragua. Es uno de los juegos políticos querer despertar animadversión hacia países vecinos. No creo que vaya a prosperar eso internacionalmente porque Costa Rica tiene mucha credibilidad”, afirmó Aguirre Sacasa.

Es condenable, pero hay que tener pruebas

El excanciller Aguirre condenó el crimen contra los cuatro policías y para él es preocupante el surgimiento de la violencia en las zonas rurales de Nicaragua, en referencia a los seis asesinatos ocurridos en la última semana. No obstante, dijo que antes de atribuir responsabilidades a un gobierno vecino deben demostrarse las acusaciones que el régimen hace.

“Creo que antes de estar culpando a los costarricenses, de que está permitiendo que esto ocurriese (ataques de bandas criminales), lo menos es hacer una investigación exhaustiva. No necesitamos más problemas en las relaciones diplomáticas”, refirió el excanciller.

Aguirre dijo que en la mayoría de la sociedad nicaragüense hay “agradecimiento” por la acogida de miles de nicas que han huido a Costa Rica debido a la represión, o en busca de empleo, al perderlo en Nicaragua por la crisis económica suscitada de la crisis sociopolítica.

“Costa Rica es un buen vecino. Yo sí le doy credibilidad a la versión de Costa Rica porque su gobierno tiene mucha credibilidad”, aseveró Aguirre Sacasa con relación a que San José negó que su territorio sea base de grupos de delincuentes desde donde se trasladan a cometer delitos a Nicaragua.

El presidente Alvarado ha sido de los que lideran en Latinoamérica la denuncia en foros internacionales sobre la represión de la dictadura de Ortega a las manifestaciones ciudadanas, que desde abril dejan más de trescientos muertos, miles de heridos, más de setecientos presos políticos, así como el asedio y cierre de medios de comunicación independientes y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Con base en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se constatan los crímenes de la dictadura de Ortega y Rosario Murillo, Costa Rica apoya la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) que podría suspender a Nicaragua de ese organismo.

Esa postura del gobierno de Alvarado le ha valido incluso insultos de parte del régimen Ortega-Murillo, como ocurrió el pasado 16 de noviembre cuando la Cancillería en un comunicado señaló al mandatario costarricense de tener una “actitud pro-imperial, prepotente y de escasa inteligencia o sensibilidad diplomática”.

El exembajador Mauricio Díaz dijo que “la relación binacional se ha tensionado mucho” por el tema político, así porque el gobierno costarricense está preocupado porque el éxodo migratorio de nicaragüenses “pone en riesgo la seguridad interna de ese país, algo que ya sucedió en los años ochenta debido a la guerra civil”.

“El Estado que acusa debe demostrar que efectivamente eso está sucediendo, (por tanto) se esperaría que el gobierno del comandante Ortega presente las pruebas de lo que está acusando a Costa Rica”, afirmó Díaz.

Descartó que el régimen logre deslegitimar a Costa Rica en su posición de las violaciones de derechos humanos que sufren los nicaragüenses, “porque es un caso totalmente conocido a nivel planetario, que ha llegado a lo más alto de los organismos como la ONU y la OEA”.

Rinden honores

En un video que circuló en las redes sociales, el autodenominado grupo los Atabales se adjudica el asesinato de los policías en San Carlos y hablan de “guerra total” a las tropas orteguistas.

No obstante, la PO mantuvo este sábado que los responsables son la banda el Jobo durante el acto donde rindieron honores a los cuatro fallecidos: el inspector José Luis Montenegro Masís, y los policías Karina Vanessa Ramírez Herrera, Jonathan de Jesús Narváez Rivas y Carlos Iván Tenorio Obando.

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El subdirector de la PO, Ramón Avellán, dijo en ese acto que “no vamos a descansar hasta capturar a cada uno de los delincuentes” que asesinaron a los policías. Avellán es recordado por dirigir los ataques armados durante las jornadas de protestas ciudadanas en Masaya.

No usarlo de pretexto

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia lamentó el asesinato de los cuatro policías en la emboscada ocurrida en San Carlos, a la vez que rechazó el uso de la violencia como método para resolver los conflictos en el país.

En un comunicado, la Alianza Cívica expresó que esos crímenes “en el marco de la profunda crisis” de nueve meses en el país “deben reforzar nuestra voluntad para encontrar una salida mediante el diálogo y los métodos pacíficos de lucha”.

“Esperamos que en algún momento el país pueda conocer con transparencia lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia en un Estado de derecho. Demandamos al gobierno que no se usen estos trágicos hechos como pretexto para continuar el hostigamiento y la zozobra contra la población inocente de esa sufrida región de nuestro país”, demandó la Alianza.