Uno de los argumentos del régimen orteguista para tratar de convencer que en Nicaragua hubo un intento de golpe de Estado instigado y financiado desde el exterior —y no una rebelión popular espontánea autoconvocada—, es que hasta el 18 de abril reinaba la paz, el crecimiento económico y la confianza nacional e internacional.
Pero a nadie ha podido convencer con ese cuento. Ya el 5 de julio, dos meses y medio después del estallido de la rebelión popular el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que todavía era el jordano Zeid Ra´ad Al Hussein, declaró que “la violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho”.
Por su parte, la exembajadora de los Estados Unidos (EE.UU.) en Nicaragua, Laura Dogu, recordó en su discurso de despedida pronunciado en una asamblea de AmCham, a fines de octubre del año pasado, que ya en marzo de 2017 había advertido que el futuro de Nicaragua era incierto “debido a la falta de un Estado de derecho (y) la falta de democracia”. Y reveló que “antes de abril (inicio de las protestas cívicas) cuando hablaba de estos temas, la comunidad empresarial me decía con frecuencia que podían sacrificar algunos de estos derechos fundamentales porque Nicaragua no estaba en guerra, ni sufría la violencia de los países del triángulo norte”.
Señaló la diplomática estadounidense que “la comunidad empresarial valoraba más la estabilidad que la sostenibilidad. Creían que el crecimiento económico traería oportunidades”. Pero cuando se reunía con pequeños agricultores, jóvenes empresarios, estudiantes, mujeres líderes y comunidades indígenas “escuchaba algo diferente”.
Obviamente, el gran error de muchos en Nicaragua, no solo de los empresarios, era que creían que porque existían instituciones también había institucionalidad, tal vez defectuosa pero institucionalidad al fin y al cabo.
En efecto, en Nicaragua había (y hay) elecciones, funcionan distintos partidos políticos, hay prensa no oficialista y según la Constitución las instituciones del Estado son independientes. Pero eso no significaba de ninguna manera que hubiera institucionalidad.
“Para que haya institucionalidad se necesita cultura política democrática, una saludable mezcla de hábitos y costumbres, de estilos y procedimientos que le dan consistencia a la caparazón física en que se envuelven las instituciones”, escribe el politólogo hondureño Víctor Meza en La Prensa, de Honduras.
Ninguno de esos requisitos e ingredientes que configuran la institucionalidad existía en Nicaragua desde el 10 de enero de 2007 hasta el 19 de abril de 2018. Ni existen ahora, ni podrán existir mientras perdure el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.