El régimen orteguista cedió y permitirá entrar a Nicaragua a la delegación de diputados del Parlamento Europeo esta semana, confirmó ayer el canciller de España, Josep Borrell.
La noticia se dio luego de la reunión en la que el Consejo de Ministros Exteriores de la Unión Europea (UE) condenó la “brutal represión” contra la población y se mostró dispuesto a tomar medidas para favorecer una solución “pacífica y negociada” a la crisis sociopolítica en la que está sumido el país desde hace nueve meses.
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Los cancilleres europeos consideraron que “la única manera” de abordar la crisis actual y responder a las “apremiantes” necesidades y aspiraciones de los nicaragüenses es “iniciar un diálogo y una negociación verdaderos, que incluya la adopción de reformas electorales con el fin de garantizar unas elecciones dignas de crédito que se ajusten a las normas democráticas internacionales”.
¿Qué lo hizo ceder?
La delegación de los eurodiputados está prevista que llegue al país mañana miércoles 23 de enero, pero comenzaría sus reuniones con diferentes sectores a partir del 24 de enero. Aunque oficialmente no se ha dado a conocer la agenda, se conoció que se reunirán con representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, organismos de derechos humanos y representantes de partidos políticos.
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Los parlamentarios José Ignacio Salafranca, Javier Nart, Ramón Jáuregui y José Inácio Faria integrarían la delegación, según fuentes diplomáticas.
Si bien se esperaría que Ortega y su cogobernante Rosario Murillo reciban a los parlamentarios europeos, no ha sido confirmado de manera oficial.
El general en retiro Hugo Torres estima que el régimen desistió de confrontarse con la UE por “el alto costo político” y por el riesgo de perder los 128.12 millones de córdobas en donación que está contemplado en el Presupuesto de la República de este año.
“Esto significa un mayor aislamiento por parte del régimen, que de por sí ya le quedan pocos aliados, y esta situación con la Unión Europea significaría el avenimiento de sanciones no solo políticas sino económicas, como la suspensión de la cooperación bilateral como la de España y Holanda, así como de la misma unión en su conjunto”, dijo Torres.
Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza Cívica, explicó que al régimen Ortega-Murillo se le cierra el acceso al financiamiento de organismos internacionales con las sanciones de Estados Unidos, por medio de la Nica Act, y existe la posibilidad de que se saque al país del tratado comercial con esa nación.
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Tünnermann cree que “el temor” porque se cancele la cooperación europea o que se decida revisar el Acuerdo de Asociación de la UE con Centroamérica, y como parte de las sanciones se saque a Nicaragua.
“En el Acuerdo de Asociación hay una cláusula importante que tiene que ver con la democracia, que es un condicionante a los países centroamericanos de que son parte del Acuerdo en tanto se mantenga el régimen democrático y, en el caso de Nicaragua, se ha desmantelado”, dijo Tünnermann.
Reiteran que habrá sanciones
Inicialmente la visita de los eurodiputados a Managua sería en noviembre pasado, pero el régimen la pospuso para enero. Sin embargo, el último viernes retiró la autorización.
La cancelación habría sido por las declaraciones que el pasado viernes hizo el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien advirtió de sanciones, sin embargo, ayer el régimen tuvo que retroceder.
Aunque se dejaría entrar a los eurodiputados al país, la UE elevó la crítica por las violaciones de derechos humanos.
El canciller español, Borrell, instó a la Unión Europea a “tomar en serio” que haya cientos de muertos y de heridos por la represión gubernamental, por la que afirmó se contempla “sanciones”, pero también acciones de “apoyo para que se puedan celebrar elecciones en Nicaragua”.
Según Borrell, Venezuela y Nicaragua son “las mayores crisis que está viviendo América Latina en mucho tiempo” y Europa “no puede llamarse andanas, no puede no ocuparse de eso”.
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Europa dio pasos concretos en esa dirección con la aprobación de conclusiones de los ministros de Exteriores, en las que aseguraron que la “UE seguirá supervisando atentamente la situación” en Nicaragua “y subraya su disposición a hacer uso de todos los instrumentos de actuación de que dispone a fin de contribuir a encontrar una salida pacífica y negociada a la crisis actual”.
Los cancilleres hablaron claro sobre que no dudarán en “responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y del Estado de derecho” en el país.
La UE lamentó que “las manifestaciones” iniciadas en abril de 2018 “han sido brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad y grupos armados afines al gobierno” de Ortega y Murillo, denunciando que eso “ha provocado enfrentamientos, varios cientos de víctimas mortales y heridos y la detención de centenares de ciudadanos, con irregularidades generalizadas y arrestos y procedimientos judiciales arbitrarios”.
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Entre 325 y 535 muertos, miles de heridos, más de setecientos presos políticos y unos ochenta mil exiliados es el saldo de la represión a la ciudadanía que ha sido documentada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Los ministros europeos llamaron al régimen a poner fin a la represión de las protestas, periodistas y medios de comunicación independientes y de las ONG, así como a garantizar su seguridad física y estatuto jurídico. También a liberar a todas las personas “ilegalmente encarceladas” y a asegurar el respeto a las garantías procesales.
“No es posible una reconciliación”
Para la UE la cancelación de la personería jurídica de organizaciones no gubernamentales (ONG) y los cierres de medios de comunicación independientes suponen “un nuevo golpe para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles que agrava la crisis política y social”.
“La UE condena con firmeza la represión de la prensa y la sociedad civil y el uso de leyes antiterroristas para reprimir opiniones discrepantes en Nicaragua”, enfatizó el Consejo de cancilleres.
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El régimen canceló la personería jurídica a nueve ONG críticas con la represión, señalándolas sin pruebas de financiar el supuesto golpe de Estado, como ha pretendido descalificar la protesta ciudadana.
Varios canales de televisión y radios han sido cerrados y se tiene secuestrada materia prima que se usa para la versión impresa de periódicos, como LA PRENSA.
Se ha arrestado ilegalmente a periodistas y más de cincuenta reporteros se exiliaron por las amenazas de muerte y cárcel de grupos del régimen.
Con esas acciones, para la UE, “no es posible una reconciliación mientras no se establezca un diálogo nacional transparente, integrador y constructivo entre todas las partes implicadas y no haya justicia para todas las víctimas”.