Policía Orteguista niega permiso para la marcha convocada por los empresarios y los señala de partícipes en el "intento fallido de golpe de estado"



Policía Orteguista niega permiso para la marcha convocada por los empresarios y los señala de partícipes en el “intento fallido de golpe de estado”

Sector privado cancela marcha para no exponer a la ciudadanía

23/01/2019
Los empresarios de Nicaragua convocaron a marcha este jueves, pese a que aún no cuentan con el permiso de la Policía Orteguista. LA PRENSA/ ARCHIVO

Las marchas fueron ilegalizadas por la Policía Orteguista. LA PRENSA/ ARCHIVO

La Policía Orteguista calificó este miércoles de golpista y delincuente a la empresa privada, por lo que negó el permiso al sector empresarial para realizar este jueves una movilización pacífica en Managua.

Representantes de la empresa privada rechazaron los señalamientos de la Policía Orteguista (PO) y recordaron que no se podían quedar callados ante la brutal represión que ejecutó el régimen contra la población, que se ha cobrado la vida de más de 325 nicaragüenses, que fueron asesinados por reclamar democracia en Nicaragua.

Lea más: Cosep, Amcham y Funides piden permiso a la Policía Orteguista para movilización este jueves

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) la noche de este miércoles confirmó que cancelaba la marcha programada para este jueves, para evitar exponer más vidas a la represión estatal.

“Aunque estamos conscientes de que se trata de un derecho que la propia Constitución Política concede a todos los nicaragüenses, sin excepción, no están garantizadas las condiciones de seguridad básicas para el desarrollo de la misma”, señaló el Cosep.

El régimen de Daniel Ortega de esta manera desafió la presencia de una delegación de eurodiputados que se encuentran en Nicaragua desde este miércoles, constatando la situación de la crisis política, para luego tomar decisiones sobre posibles sanciones por parte de la Unión Europea.

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El pasado lunes el Consejo Superior de la Empresa Privada, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y la Cámara de Comercio Americana (Amcham) introdujeron una petición para movilizarse pacíficamente este jueves y pidieron protección policial para los que asistieran a la concentración.

A las 4:00 de la tarde del miércoles, es decir menos de 24 horas antes de que se realizara la marcha que estaba programada para la 1:30 de la tarde de este jueves desde la rotonda Jean Paul Genie hasta la rotonda Metrocentro, apareció en los medios del régimen el comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la PO, leyendo un comunicado donde negaba tajantemente la petición.

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El primer argumento utilizado por la Policía Orteguista para rechazar el permiso es que Cosep, Funides y Amcham fueron “partícipes en el golpe de Estado fallido de abril del año pasado”. El régimen le achaca al sector privado las muertes, torturas y pérdidas económicas provocadas por lo que llama intento de golpe de Estado.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, y el vicepresidente del Cosep, Sergio Maltez, rechazaron ese señalamiento y recordaron que el sector privado lo que hizo fue unirse al clamor nacional de que parara la represión estatal y se buscara una salida a la crisis a través de elecciones adelantadas y reformas institucionales.

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“Nosotros no hemos sido ningunos golpistas, un golpe de Estado se forma o se crea de una manera secreta y además a través de militares, y no hemos hecho eso. Lo que sí, nosotros como sector privado al ver que se estaba reprimiendo a la población y se estaba asesinando a la población, entonces obviamente no podemos quedarnos callados”, afirmó Maltez.

Maltez señaló que tampoco podían quedarse en silencio viendo como de forma arbitraria encarcelan a nicaragüenses inocentes.

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A criterio de Chamorro, los señalamientos de la PO son irresponsables y calumniosos e indicó que lo único que han hecho es estar al lado de la gran mayoría de los nicaragüenses que exigen una transición hacia la democracia a través de elecciones adelantadas.

Organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en investigaciones que han realizado en el país, han determinado que en Nicaragua no hubo intento de golpe de Estado sino una brutal represión estatal que acabó con la vida de más de 325 nicaragüenses.

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Además, un grupo de expertos internacionales determinó que Ortega cometió crímenes de lesa humanidad y que debe ser juzgado en tribunales internacionales.

PO: “actuaron delictivamente”

La Policía Orteguista entre sus argumentos contra el sector privado, señaló que Cosep, Funides y Amcham “actuaron delictivamente” contra la Constitución Política de Nicaragua, al pretender cambios institucionales a través de la “violencia y el terror”.

En ese sentido, Chamorro recordó que a finales de los años ochenta, cuando Daniel Ortega estaba en el poder, se recurrió al mecanismo de elecciones anticipadas para sacar a Nicaragua de la crisis que tenía a la economía en quiebra y le había costado la vida a miles de nicaragüenses.

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De hecho, la propuesta de elecciones adelantadas el año pasado no fue un planteamiento exclusivo del sector privado. La misma Iglesia católica planteó a Ortega adelantar elecciones, algo que también avaló la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en Nicaragua, que agremia a todos los sectores sociales.

También la propuesta fue respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ante la imposibilidad de superar hasta hoy la inestabilidad política.

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Chamorro recordó que hasta el día de hoy cerca del 60 por ciento de los nicaragüenses exige elecciones anticipadas para salir de la crisis, según una encuesta de CID Gallup presentada la semana pasada.

Los culpa de promover tranques

La PO también señala a los empresarios de “incitadores” y responsables de los tranques, donde se violentó y torturó a nicaragüenses, con la finalidad siempre de dar un golpe de Estado.

Maltez recordó que esos tranques fueron levantados de manera espontánea por los nicaragüenses como forma de presión para forzar un cambio en Nicaragua, pero que nunca como sector privado animaron a que estos fueran levantados en las calles.

“Nosotros no hemos incitado a nada, eso fue una libre y espontánea sublevación de las personas al ver que se les estaba asesinando a sus parientes y rompiendo todos los derechos constitucionales, y eso lo confirma el mismo exmagistrado de justicia Rafael Solís”.

Solís en su carta de renuncia a su cargo y militancia del Frente Sandinista admitió que Ortega y Murillo armaron a civiles para ejecutar la operación limpieza que le costó la vida a decenas de nicaragüenses en los tranques, pese a que este mismo método de protesta fue implementado por el FSLN cuando “gobernó desde abajo”, con Ortega a la cabeza.

CIDH condena rechazo a marcha

El secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrau, condenó la prohibición de marcha en Nicaragua convocada por el sector privado. “La @CIDH #MESENI condena nueva prohibición del Gobierno de #Nicaragua a marcha cívica. La prohibición de manifestaciones y la estigmatización de los convocantes constituye una grave violación de los derechos de expresión, asociación y reunión pacífica”, dijo Abrau, que ha dado seguimiento a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

Con la del sector privado, esta es la tercera vez que la Policía Orteguista rechaza una petición de marcha opositora.
Primero fue el 25 de noviembre, a la Alianza Azul y Blanco; luego en diciembre, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y ahora a las tres asociaciones empresariales más grandes del país.

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