La ley de “paz y reconciliación” ideada por la cogobernante Rosario Murillo será aprobada este jueves en la Asamblea Nacional, instaurando a la Policía Orteguista (PO) como “garante” para “promover el diálogo” en los barrios y las comunidades nicaragüenses.
Esta imposición policial fue criticada por diferentes sectores sociales, quienes argumentan que esa institución está desacreditada por la represión contra el pueblo desde abril pasado, con el estallido de las protestas en contra del régimen.
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El proyecto de “Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz” fue enviado a la Comisión de Gobernación de la Asamblea, donde habrá una consulta expedita con grupos orteguistas.
La versión final del texto no ha sufrido variaciones respecto a la retórica de Murillo, que la ofrece como una receta para acabar con los conflictos familiares, en las escuelas y de la comunidad, pues establece que esa política “es una herramienta jurídica que permite eliminar la violencia como método para resolver los conflictos”.
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En eso tiene un gran protagonismo la PO. El artículo 2, inciso J, establece como parte de la política el “trabajo comunitario de seguridad ciudadana” que sería “impulsado” por la PO, para “ofrecer espacios de diálogo” entre las personas, familias y la comunidad.
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Se facultará a la PO para “trabajar planes de seguridad comunitaria y procesos de reencuentro”.
Durante la presentación del proyecto de ley en la Asamblea, diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) lo rechazaron, recordando que la PO es señalada de haber dirigido y ejecutado junto a los paramilitares la masacre contra las manifestaciones, producto de la cual organismos defensores de derechos humanos han documentado entre 325 y 535 asesinatos, miles de heridos, más de setecientos presos políticos y unos ochenta mil exiliados.
Maximino Rodríguez, diputado del PLC, calificó la ley como “mamotreto de propuesta” debido a que la política que impondrá “es demagogia”, pues no ahonda en la búsqueda de justicia por los abusos cometidos por la dictadura a través de la Policía Orteguista y los paramilitares.
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El consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) señaló el lunes reciente, en su conclusión sobre la crisis de Nicaragua, que “no es posible la reconciliación mientras no se establezca un diálogo nacional transparente, integrados y constructivo entre todas las partes implicadas y no haya justicia para todas las víctimas” de la represión.
Esos llamados no son escuchados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes pretenden legalizar el control político y el adoctrinamiento partidario en el ámbito de la familia, las escuelas, los barrios e incluso las iglesias, con la imposición de su ley de “paz y reconciliación”.
Aunque el régimen presentó su ley como un documento que ha sido ampliamente consultado durante tres meses, en la práctica solo han intervenido grupos afines a la dictadura.
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Lo mismo sucederá en la consulta de la Comisión de Gobernación donde se citó a los sindicatos del Frente Nacional de los Trabajadores, afiliaciones religiosas afines, Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), que operan como instrumentos del régimen.
Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión, no respondió por qué no se pidió la opinión de grupos opositores que forman la Unidad Nacional Azul y Blanco o al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham) y a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), así como a representantes de universidades críticos de Ortega y Murillo.
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“Recuerde que lo que vamos a aprobar es el marco de una política de paz, es el diálogo, la reconciliación, la seguridad, el trabajo que es lo que se quiere en Nicaragua. Como esta política hay que echarla a andar y por ahí habrán distintas maneras de llegar a estas distintas personas”, dijo.
Trámite expedito
La consulta del proyecto inició ayer en la tarde y concluye hoy miércoles. La urgencia es tal porque sea aprobada que el orteguista Filiberto Rodríguez dijo que este miércoles “estaríamos mandando el dictamen” a la primera secretaría para que la junta directiva de la Asamblea la pase al plenario con el fin de que sea aprobada este jueves.
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Rodríguez es señalado por la población de León de haber dirigido a los grupos de choque contra las protestas.