Analistas prevén tres posibles escenarios sobre la petición de los empresarios de marchar

Hasta este miércoles la Policía Orteguista (PO) no ha contestado a la solicitud del sector privado de marchar este jueves

Managua, Nicaragua. 14/10/2018. Policia Orteguista reprimio con lujo de violencia a un grupo de manifestantes que pretendian marchar contra la dictadura de los Ortega-Murillo, durante el violento suceso arrestaron a mas de 30 personas entre mujeres y ancianos. El Aparato represivo del gobierno redujo con represion a los pocos manifestante que se lograron concentrar en camino de oriente. Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

Hasta este miércoles la Policía Orteguista (PO) no ha contestado a la solicitud del sector privado de marchar este jueves; sin embargo, las probabilidades le indican a los opositores y críticos que el régimen de Daniel Ortega no les permitirá manifestarse, como lo viene impidiendo desde octubre pasado.

Violeta Granera, coordinadora de la organización política opositora Frente Amplio por la Democracia (FAD), aseveró que apoyan todos los esfuerzos de manifestación nacional e internacional, pero sabe que lo más probable es que les nieguen ese derecho.

“Un escenario posible, porque ya es habitual, es que se nos niegue una vez más el derecho a la movilización cívica”, dijo Granera.

Desde el 18 de abril pasado, estudiantes y ciudadanos han intentado manifestarse en las calles para demostrar su inconformidad con el gobierno de Ortega, pero la respuesta fue una brutal represión policial y paramilitar, que hasta la fecha ha dejado más de 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El expresidente Amcham, Róger Arteaga, dijo que permitan o no marchar, el régimen quedará mal ante los parlamentarios de la Unión Europea (UE) que estarán en el país el día de la manifestación.

“Van a ser testigos (los diputados) de lo que internacionalmente se conoce, que hay una represión y que no están dejando al pueblo que ejerza su derecho constitucional. Si hay marcha, van a ver a un pueblo unido y marchando, y si no dan el permiso, van a ver la intransigencia de las autoridades del Gobierno. De todas formas, los parlamentarios europeos van a ser testigos de lo que está ocurriendo en Nicaragua y posiblemente eso provoque que endurezcan sanciones contra Nicaragua, porque hay que recordar que Nicaragua es signataria y beneficiaria del Acuerdo de Asociación, que permite comercialización de productos nicaragüenses en Europa y a la vez ese acuerdo exige democracia en los países firmantes”, afirmó Arteaga.

El diputado orteguista Wilfredo Navarro adelantó que la marcha solicitada por los empresarios no será permitida, porque, según él, los objetivos de este gremio no contemplan actividades políticas.

“Desde el punto de vista legal ni Amcham ni Cosep pueden solicitar permiso para actividades políticas, porque dentro de sus objetivos no existe la actividad política”, sentenció Navarro.

Dos solicitudes negadas

El último organismo no gubernamental que pidió permiso para marchar fue el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que quiso hacer una marcha el 10 de diciembre, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos; sin embargo, un día antes de la marcha, la Policía Orteguista rechazó la petición y anunció que no se daría permiso a ninguna organización que se considere “parte del plan de un intento de golpe de Estado” contra Ortega, de lo que el régimen acusa a los opositores.

Antes de la solicitud del Cenidh, la Policía Orteguista también negó autorización a una marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, que solicitó el aval para marchar el 25 de noviembre pasado.

Solicitud de marchar

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) solicitaron este lunes reciente a la Policía Orteguista una autorización para marchar y el resguardo policial para esta actividad.
Aunque la Constitución Política de Nicaragua, en el artículo 54, “reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública”, la dictadura de Daniel Ortega penaliza y reprime las marchas ciudadanas que demandan la salida de Daniel Ortega del poder.