A menos de 24 horas de que se cumpliera la hora establecida por el sector privado para llevar a cabo una movilización pacífica, la Policía Orteguista (PO) anunció que no autorizaba la realización de dicha marcha.
La solicitud ante la PO fue introducida este lunes y en la misma el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y la Cámara de Comercio Americana (Amcham) invocaron el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua para obtener el permiso. Ese artículo establece que: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”.
Aunque el artículo 53 de la Constitución Política también establece que los nicaragüenses tienen “el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”, este derecho fue cercenado por la Policía Orteguista el 13 de octubre del año pasado. Ese día, el comisionado general Jaime Vanegas apareció leyendo un comunicado en donde informó que no “se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso acompañamiento de la Policía Nacional…”.
Desde entonces, la PO ha negado dos solicitudes de permiso de marchas cívicas que han introducido organizaciones no gubernamentales. Esta es la tercera petición en ser rechazada.
Estas son las razones que argumenta el régimen para suprimir el derecho de los nicaragüenses de manifestarse cívicamente. Todas son falsas.
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Razón 1: Según la Policía Orteguista, Cosep y sus cámaras empresariales, así como Funides y Amcham fueron partícipes del “intento fallido de golpe de Estado# en abril de 2018. Los responsabiliza de la pérdida de vidas, torturas, lesiones, sangre derramada, así como de daños a la propiedad privada, lo que trajo consigo afectaciones económicas y por ende desempleo.
El primer argumento de la Policía Orteguista sin embargo no tiene fundamento. Organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en investigaciones que han realizado en el país han determinado que en Nicaragua no hubo intento de golpe de Estado sino una brutal represión estatal que acabó con la vida de más de 325 nicaragüenses.
En una profunda investigación, que fue avalada por la Organización de Estados Americanos (OEA), se determinó que el régimen de Daniel Ortega cometió delitos de lesa humanidad, que deben ser juzgados en tribunales internacionales.
Razón 2 : Cosep, Funides y Amcham “actuaron delictivamente” contra la Constitución Política de Nicaragua, al pretender cambios institucionales a través de la “violencia y el terror”, asegura la PO en una nota de prensa.
El estallido de la crisis política realmente se originó tras la represión que desató el régimen contra civiles que exigían derogar una reforma a la Seguridad Social. Ante la masacre, se generalizó un clamor nacional de cambios institucionales y democráticos, que implicara la salida inmediata del poder de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que a través de violaciones a la Constitución Política de Nicaragua han retenido el mando.
Ortega contra la Constitución Política se reeligió y luego impuso a su esposa como vicepresidenta, pese a que la misma Carta Magna lo prohibía. Además tomó el control de todos los poderes del Estado.
El sector privado propuso junto con la Iglesia católica superar la crisis a través de elecciones adelantadas y también insistió en reformas institucionales que retornaran a Nicaragua a la democracia, todo esto en el marco de la Constitución Política de Nicaragua. Este clamor es generalizado aún, dado a que según la última encuesta de Cid Gallup, más del 50 por ciento de los nicaragüenses pide elecciones adelantadas.
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Razón 3: La Policía acusa a Cosep, Amcham y Funides de “incitadores” y responsables de los tranques, donde se violentó y torturó a nicaragüenses, con la finalidad siempre de dar un golpe de Estado.
Los tranques realmente fueron una expresión espontánea contra el régimen de Daniel Ortega en los meses de mayor algidez de la crisis. Pese a esa acusación, hasta hoy el régimen de Daniel Ortega no ha presentado prueba de sus señalamientos contra la empresa privada, sino que más bien ha ordenado encarcelar a más de seiscientos nicaragüenses que participaron en marchas y protestas a través de tranques por la brutal masacre.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y aliados del régimen, Rafael Solís en su carta de renuncia a su cargo y militancia del Frente Sandinista, admitió que Ortega y Murillo armaron a civiles para ejecutar la Operación limpieza que le costó la vida a decenas de nicaragüenses en los tranques, pese a que este mismo método de protesta fue implementado por el FSLN cuando “gobernó desde abajo”, a la cabeza de Ortega.
Solís calificó de barbaridad e inconstitucional la decisión del régimen de armar a civiles en la represión que estalló desde mediados de abril 2018.
Razón 4: Todos los delitos anteriores están siendo investigados por las autoridades competentes, afirma la Policía Orteguista.
Hasta hoy no existe un órgano independiente nacional e internacional que investigue todos los crímenes cometidos durante las revueltas. No obstante, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han acusado a la dictadura de criminalizar las protestas cívicas y hasta hoy ningún miembro de la Policía ha sido llevado ante la justicia o un paramilitar, pese a que son señalados directamente de ejecutar la represión.
Estados Unidos impuso incluso sanciones al jefe general de la Policía Orteguista y consuegro de Ortega, primer comisionado Francisco Díaz por señalarlo de responsable de la masacre, incluido la quema de una familia en el barrio Carlos Marx.
De hecho, Solís dijo en su carta y entrevista con medios de comunicación internacional que los juicios son políticos y son manejados desde El Carmen, la residencia oficial de Ortega Murillo.
Razón 5: La Policía invoca la Ley 849, Ley de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales en Nicaragua, y señala que el artículo tres párrafo tres se establece que las cámaras, federaciones y confederaciones empresariales nacionales “se abstendrán de realizar acciones políticas, partidarias o religiosas, sin menoscabo que dichas entidades en el ejercicio de sus actividades, puedan recurrir a instituciones o personas religiosas, políticas y académicas para el desarrollo de conferencias, foros y debates en el marco de su constitución, objeto y fines”.
Al respecto, el martes el presidente de Funides, Juan Sebastián Chamorro explicó que lo anterior se refiere a acciones políticas de tipo electoral o partidarias y que en el caso de la solicitud que están haciendo forma parte de políticas públicas relacionadas con la democracia.
“Las cámaras (empresariales) existen precisamente para incidir en políticas nacionales, políticas públicas y las políticas de democratización, incluyen también políticas públicas”, indicó.
Y aunque ahora el régimen orteguista argumenta que el tema político no forma parte de la naturaleza del sector privado junto con sus cámaras, lo cierto es que durante casi diez años el Ejecutivo se vanaglorió de su modelo de diálogo y consenso con el Consejo Superior de la Empresa Privada, a la que consultaba en todas las decisiones públicas.
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El Cosep en los últimos años mantuvo en su agenda con el Gobierno el llamado a hacer reformas institucionales y democráticas. El régimen siempre calló.
No van a marchar
Ante la decisión de la Policía Orteguista de no autorizar la marcha programada para mañana, que saldría de la rotonda Jean Paul Genie hasta Metrocentro, el sector privado decidió no continuar con la movilización para no exponer más vidas a la violencia estatal, según conoció LA PRENSA.