La iniciativa de Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, que se espera sea aprobada este jueves en la Asamblea Nacional, propone que la Policía Orteguista (PO) ofrezca “espacios para el diálogo”, hecho que según la defensora de derechos humanos Vilma Núñez es una “burla”.
La institución policial, que responde al poder del binomio Ortega-Murillo, ha ejercido la represión contra las manifestaciones pacíficas que estallaron en abril pasado.
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que “la Policía Nacional llevó una política de detención arbitraria e ilegítima, de forma masiva e indiscriminada de hombres, mujeres y adolescentes en contexto de razzias policiales (redadas)”.
Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cuya personalidad jurídica fue cancelada por la Asamblea Nacional, explicó que es contradictorio y “perverso” poner al “principal verdugo” de la violación de derechos humanos para que impulse la reconciliación.
En la iniciativa de ley se contempla usar el método de “trabajo comunitario” y “seguridad ciudadana” realizado por la PO para “planes de seguridad comunitaria y procesos de reencuentro”.
“Después que fue o que ha sido, y sigue siendo el principal agresor, ponerlo de referente de la reconciliación, prácticamente, es continuar de otra forma, con otro ropaje, incluso jurídico, la represión porque ahí no va haber de ninguna manera reconciliación, allí lo que pretenden es confirmar un sometimiento que está muy distante de ser una reconciliación”, dijo.
Otra realidad
Uriel Pineda, experto en derechos humanos, explicó que la iniciativa de ley para la reconciliación que propone el orteguismo está absolutamente desconectada de la naturaleza de la crisis sociopolítica, y de la expectativa de la población en general. También refirió que la intervención de la Policía Orteguista en esta ley tiene un elemento “intimidatorio” y de control social.
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