La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) espera que el régimen de Daniel Ortega responda la solicitud de reanudar el monitoreo de los derechos humanos en Nicaragua y se brinde asistencia técnica; asimismo lo insta a que retome la cooperación con los mecanismos del sistema interamericano de los derechos humanos, ante el empeoramiento de los abusos cometidos por la dictadura contra los nicaragüenses.
Así lo dio a conocer la propia OACNUDH en su boletín mensual número 4 y que corresponde a diciembre 2018, que es dedicado al seguimiento de la situación de derechos humanos en el país, que ya cumplió nueve meses de crisis sociopolítica y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han asesinado a 325 personas en el marco de las protestas ciudadanas.
“Las medidas adoptadas en diciembre de 2018 por el Estado de Nicaragua para restringir aún más los derechos a la libertad de asociación, libertad de expresión y reunión pacífica son de suma preocupación. Demuestra cero tolerancias a la crítica, a la disidencia y el pluralismo. Estos acontecimientos son de los más preocupantes ante la ausencia de organismos internacionales independientes de derechos humanos trabajando en Nicaragua”, reza el documento de la Oficina del Alto Comisionado.
Actualmente en el país no hay ningún organismo internacional que, a través del monitoreo directo, constate el abuso y la represión contra la población, puesto que Ortega expulsó a la CIDH y las misiones de la OACNUDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
Lo que incorpora el boletín
En el mismo documento de la OACNUDH se recuerda que el 6 de diciembre del año pasado la CIDH celebró en Washington una audiencia pública sobre la situación de Nicaragua. En esta no estuvo presente ningún funcionario que representara al régimen.
Con fecha del 19 de diciembre del mismo año envió le comunicó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, la suspensión temporal de las visitas de la CIDH y la presencia del MESENI y el GIEI. Ante la expulsión inmediata, el GIEI tuvo que presentar su informe en Estados Unidos, donde la principal conclusión fue que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad.
El 27 de diciembre la CIDH presentó el informe del GIEI en una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA sobre la situación en Nicaragua. Al siguiente día, el 28 de diciembre, Almagro solicitó otra sesión especial para aplicar la Carta Interamericana.
En este mismo mes, el régimen utilizó a su Asamblea Nacional para cancelar la personería jurídica de ocho organizaciones no gubernamentales: instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Hagamos Democracia, Centro Nicaragüense de los derechos Humanos (Cenidh), Instituto de Liderazgo de las Segovias, Instituto para el Desarrollo de la Democracia, Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río), Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y la Fundación Popol Na.