La reforma fiscal que se ha venido postergando difícilmente se podrá discutir e implementar sin que antes se dé un acuerdo político que ponga fin a la crisis sociopolítica en Nicaragua, que inició el 18 de abril del 2018.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), admitió ayer que aunque la reforma fiscal es necesaria “debe ir acompañada de una solución política”.
De lo contrario, “el resultado final de cualquier medida (fiscal económica) va a ser insostenible y no va a tener una sostenibilidad desde el punto de vista de lo que ellos estarían planteándose como objetivo”, dijo Aguerri.
Lea: Empresarios y Gobierno negocian en combo una reforma fiscal y al Seguro Social
Al ser consultado sobre un posible incremento en el porcentaje que las empresas entregan cada mes al Fisco en concepto de anticipo del Impuesto sobre la Renta (IR), Aguerri señaló que dado el impacto de la crisis en la economía, esa medida dejaría a las empresas al borde de la quiebra, lo que produciría más desempleo.
“La salida (recuperación de las finanzas públicas) no está en esa decisión coyuntural (medidas fiscales arbitrarias), la salida está en un acuerdo, en una salida negociada, en un diálogo, la solución es política para recuperar la confianza y la certidumbre (económica)”, indicó Aguerri.
Lea:Daniel Ortega se lanza contra las exoneraciones de los empresarios por represalia
Antes que se diera el estallido social y político en el país, la empresa privada todavía en el modelo de alianza-consenso con el Gobierno tenía en agenda un paquete de reformas relacionadas con la seguridad social y fiscal, especialmente en lo relacionado con la reducción de incentivos fiscales.
En ese momento la economía aún estaba en crecimiento, aunque los primeros signos de desaceleración eran visibles.
Lea:Paros no evitaron que recaudación fiscal creciera en términos nominales
Sin embargo, tras abril, todo ese panorama positivo se transformó en contracción económica y pérdida masiva de empleo formal.
La brutal represión estatal posterior al 18 de abril provocó la caída de los ingresos fiscales y la merma del cooperación externa, en detrimento de las finanzas públicas.
El régimen de Daniel Ortega, que se niega a asumir la responsabilidad de la crisis, apunta a los empresarios como parte de lo que llamó un intento de golpe de Estado, afirmación que los mismos organismos internacionales han descartado.
En represalia, el Ejecutivo ha amenazado con recuperar todas las pérdidas económicas provocadas por la crisis política con la reforma fiscal, mediante recortes masivos de exoneraciones y exenciones.
A la reforma fiscal también se debe sumar que aún está pendiente que se retome un ajuste en la seguridad social, que apunta a ser recaudatoria para salvar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social de la quiebra.