Pese a la presencia de diputados europeos y funcionarios de alto nivel de Estados Unidos en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega continuó con su asedio a los medios de comunicación, la persecución a líderes empresariales y el desproporcionado despliegue policial en el país.
Este jueves el Canal 12, donde se transmiten los programas del periodista Carlos Fernando Chamorro —ahora exiliado en Costa Rica—, amaneció rodeado de agentes de la Policía Orteguista (PO), quienes registraban e interrogaban a los trabajadores del medio, en la supuesta búsqueda de armas.
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Durante horas, los oficiales revisaban los vehículos que llegaban a la televisora, incluyendo a los medios de comunicación como Radio Corporación y agencias de noticias internacionales.
Por la mañana eran unos treintas oficiales boinas rojas, pero en el transcurso del día el número fue mermando; a eso de las 9:30 a.m., cerca de diez policías y una patrulla se mantenían afuera del medio de comunicación.
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LAPRENSA/J. FLORES
El despliegue policial contra el medio fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La CIDH, Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) condena nuevo ataque contra Canal 12 en Nicaragua y llama al Estado a desistir hostigamiento de trabajadores de prensa. Gobierno continúa violando derechos y libertades básicas de expresión inherentes al Estado de Derecho”, expuso el secretario general de la CIDH, Paulo Abrao, por medio de su cuenta de Twitter.
Al cierre de esta edición, los agentes seguían vigilando la televisora. Dicho comportamiento policial ha alcanzado al periodismo independiente por medio de robos, agresiones verbales y físicas, asedio, intimidación, allanamientos, amenazas contra colegas periodistas que se han tenido que exiliar, la muerte del colega Ángel Gahona y el encarcelamiento de la jefa de prensa del canal 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau y el director de esa televisora, Miguel Mora. Precisamente, la Policía mantuvo por varias semanas un asedio similar al que ahora tiene contra Canal 12 antes de cerrarlo arbitrariamente y encarcelar a sus principales ejecutivos.
Vigilancia, persecución y secuestro
Además el régimen mantuvo una férrea vigilancia en las vías principales de la capital, al desplegar a decenas de policías. A unos les tocó estar en puntos fijos y otros patrullaban la ciudad fuertemente armados.
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Como ocurre desde hace varios meses, todas las rotondas y la Carretera Norte y a Masaya estuvieron vigiladas por la PO.
PO secuestra a joven abogado
Avil Ramírez Mayorga, hijo del exviceministro de Gobernación y exministro de Defensa, Avil Ramírez, fue secuestrado por la Policía Orteguista y fue llevado a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote.
El joven, que es abogado y labora en una firma regional, estaba ondeando una bandera de Nicaragua, según se constata en un video que circula en redes sociales y esa es la única razón por la que fue apresado.
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Por otro lado, hubo asedio a las instalaciones del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ubicadas en Las Colinas, donde estaban reunidos sus miembros. LA PRENSA constató la mañana de ayer que un motorizado permaneció en la parte sur, observando quién ingresaba y salía del lugar.
Una vez que terminó la reunión, fue detenido el vehículo en el que viajaba Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y quien participó en el Diálogo Nacional con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
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Healy y otros dirigentes de Upanic han recibido amenazas y han sido asediados por el régimen, todo por denunciar la represión contra el pueblo que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 325 personas muertas.
Crisis llegó a nueve meses
La protesta cívica que se mantiene en Nicaragua pese a la represión del régimen de Daniel Ortega inició al reformarse la ley de seguridad social en abril de 2018. La ciudadanía mostró su rechazo al salir a las calles y protestar de forma pacífica. Empezó en León y luego en Managua (Camino de Oriente y la Universidad Centroamericana), pero fue atacada de forma brutal por las fuerzas de choque y los antimotines.
En los siguientes días, las calles se convirtieron en campos de batalla porque el régimen hizo una escalada en la represión y empezaron a contarse los muertos.
Se convocó a un diálogo nacional para buscar una salida pacífica, pero este no resultó. El régimen se retiró y aumentó el nivel represivo.